Por Juan Facundo Besson
“La verdad es la luz y en la luz los malandras aparecen en toda su repugnante podredumbre. Así los ha vencido Torres; denunciándolos ante el pueblo, desnudándolos para que este los conociera en su miseranda realidad”
Amancio González Paz, prólogo a La década infame de José Luis Torres
“El imperialismo británico es una forma de egoísmo nacional que se disfraza de altruismo”
G. K. Chesterton, en La herejía (1905).
I. Diplomacia gourmet para vasallos con pedigrí
En Argentina los perduellis nunca se jubilan. Cambian de partido, de despacho, de discurso y hasta de peinado, pero su vocación es la misma: administrar, desde las bambalinas del poder semicolonial, la entrega planificada y meticulosa de la soberanía nacional. Como bien evocaba José Luis Torres en su querella de 1943, inspirándose en el derecho romano, estos “enemigos internos de la patria” no son simples adversarios políticos: son la expresión más acabada del colaboracionismo local, funcional a intereses foráneos que, en nuestro caso, llevan sello británico y acento oxfordiano (Torres, 1943).
Pasan las décadas, pero ellos siguen allí: acomodados, designados a dedo, nepotismo o legitimados por una democracia puramente procedimental, sostenida por una ingeniería electoral cortoplacista y oligarquías partidocráticas. El sistema es tan perverso que acceder a los espacios de decisión requiere ser millonario o contar con el respaldo de la trama de negocios ilegales –desde el narcotráfico hasta las redes de corrupción más opacas– que lubrican la maquinaria del poder. Son los mismos rostros de siempre en los cócteles diplomáticos, presencias infaltables en las recepciones de la embajada británica, sonrientes mientras brindan por una “paz” que solo beneficia al ocupante. Entre bocados de salmón ahumado y copas de gin tonic, celebran la postración con el mismo entusiasmo con que –frente a la prensa local– despotrican contra el país que gobiernan pero en el fondo desprecian. La tan mentada alternancia electoral, lejos de ser síntoma de una democracia saludable, se ha degradado en una rotación coreográfica de gerentes de un mismo modelo dependiente: un juego de espejos entre oficialismos y oposiciones donde, al final, todos responden al mismo amo.
No se trata aquí de un alegato contra la política, porque –y conviene subrayarlo– también hay quienes denuncian, con riesgo personal y sin dobleces, las claves estructurales de nuestro sojuzgamiento. Hay quienes enfrentan, propios y ajenos, la ocupación ilegal de Malvinas, el saqueo de nuestros recursos y la diplomacia de la resignación. Pero esa minoría combativa no puede ocultar el paisaje general: el clima partidocrático ha degenerado en un ciclo donde la traición se premia, la memoria se patologiza como anacronismo y la dignidad nacional es tratada como un estorbo para la agenda de “diálogo civilizado”.
La supuesta élite ilustrada, esa que se pavonea en las cumbres internacionales y dicta lecciones de cosmopolitismo, celebra la renuncia al reclamo como signo de madurez democrática. En su discurso, el pueblo que persiste en la causa Malvinas es un vestigio populista, un rezago de nacionalismo premoderno y trasnochado. Mientras tanto, la República, si es que queda algo de ella, languidece entre foros de opinión, seminarios de gobernanza global y streamings donde influencers de la resignación explican las virtudes de la sumisión elegante. Una clase dirigente que administra la derrota y la convierte en oportunidad de negocios. Como apuntaba el VCOM (vicecomodoro) y VGM (veterano de la Guerra de Malvinas) Horacio Ricciardelli, “la derrota argentina no fue militar, fue económica. Y después cultural”.
La historia de nuestra relación con el Reino Unido, desde las primeras expediciones navales del siglo XVII hasta el Tratado Mondino-Lammy de 20241, es un extenso y meticuloso manual de subordinación planificada. La expedición de John Narborough2 entre 1669 y 1671, mucho antes de que la bandera británica flameara sobre Puerto Egmont3 o las calles de Buenos Aires fueran escenario de las invasiones de 1806 y 1807, ya anticipaba el patrón: reconocimiento, evaluación y posterior ocupación. Narborough no vino a conocer la fauna local, sino a trazar los primeros mapas de la proyección imperial británica sobre el Atlántico Sur y el Pacífico sudamericano. Desde entonces, la secuencia ha sido casi de manual: ataque a Colonia en 1763, Malvinas en 1833, incursiones fluviales en 1845, tratados asimétricos en el siglo XX y, más recientemente, la instalación de una base de la OTAN en Monte Agradable con ejercicios militares de todo tipo. Todo ello sazonado con un despliegue diplomático que combina sonrisas, fondos de cooperación y el encanto irresistible de las becas Chevening4.
Pero la verdadera clave de esta continuidad histórica no está solo en Londres, sino en Buenos Aires: la persistente, casi genética, vocación colaboracionista de nuestros propios perduellis. Cambian las banderas, los discursos, los hashtags oficiales y las etiquetas de campaña, pero la estructura de dependencia sigue intacta. Allí donde antes hubo cónsules británicos exigiendo tratados comerciales o fragatas disparando sobre nuestras costas, hoy hay embajadoras sonrientes organizando cócteles en el Teatro Colón, mientras ministros y jefes militares argentinos aplauden de pie. La subordinación ya no se firma en tratados secretos, sino en acuerdos de cooperación ambiental, programas de gobernanza global y fotos de protocolo. La línea estratégica trazada por Narborough hace más de tres siglos sigue vigente: mantener la subordinación argentina por cualquier medio, ahora con lenguaje inclusivo y catering internacional.
Hoy, como ayer, la figura jurídica del perduellio permanece ausente de nuestros códigos, pero sigue vigente en la praxis. Ya no se los castiga con la privación de sepultura ni con la execración pública, como en la Roma republicana, sino que se los condecora, se los invita a foros internacionales, se los nombra asesores de política exterior y se los premia por “construir puentes” con las potencias ocupantes. La traición a la Patria, que alguna vez fue considerada un delito imprescriptible, hoy goza de financiamiento internacional, respaldo académico y cobertura mediática.
No es casual que los grandes centros de formación de esta dirigencia se encuentren colonizados por la filantropía anglosajona. Becas, seminarios, think tanks y universidades extranjeras han moldeado generaciones enteras de funcionarios cuya principal virtud es la obediencia a la agenda global 2030. La doctrina del “realismo diplomático”, esa forma elegante de llamar a la rendición planificada, tiene como voceros a ex cancilleres, embajadores y analistas de geopolítica que repiten, con convicción de manual, los mantras del soft power británico.
El conflicto de Malvinas no es solo una disputa territorial: es también una frontera moral y política que separa a quienes conciben la soberanía como un mandato histórico de aquellos que la consideran un estorbo a remover en nombre del pragmatismo global. Como advirtió Jorge Abelardo Ramos, “la cuestión de las Malvinas es una cuestión nacional” (Ramos, 1968). Y en esa cuestión los perduellis, disfrazados de expertos en relaciones exteriores, tecnócratas modernizadores, investigadores del CONICET o funcionarios universitarios, continúan desempeñando su papel previsible: el de colaboracionistas internos de un proyecto de dominación que nunca cesa, sino que se adapta y se renueva.
La cultura de la resignación –esa mezcla de cinismo, realismo mal entendido y fascinación por la administración de la derrota– ha sido cuidadosamente cultivada por fundaciones, think tanks y centros de “pensamiento estratégico”. Sus frutos son evidentes: la ocupación británica en Malvinas dejó de ser objeto de debate y se acepta como un hecho irreversible, como el clima o la cotización del dólar. La ONU, en su ritual anual de impotencia, repite cada junio su llamado al diálogo con la monotonía de un rezo sin fe, mientras nuestras cancillerías organizan con entusiasmo “semanas de Malvinas” en las que diplomáticos y especialistas compiten en el arte de hablar mucho y decir nada. El debate nunca aborda lo esencial; se limita a disquisiciones de salón sobre si conviene o no enviar un delegado a Nueva York o sobre el tono que debería tener la próxima nota diplomática: “firme pero constructiva” o quizás “enérgica pero amistosa”. Todo, menos incomodar a Londres, no vaya a ser que se irrite el socio comercial.
Mientras tanto, el enclave colonial británico en el Atlántico Sur avanza sin reservas ni disimulo: un etnoestado de corte malthusiano con un régimen migratorio propio, diseñado para preservar una oligarquía blanca y británica que mantiene su condición de súbdita de la Corona, protegido militarmente y sostenido por una economía orientada al saqueo de recursos ajenos. Para nuestros perduellis –aquellos que alguna vez declamaron soberanía y hoy la administran en cómodas cuotas descendentes– la ocupación ya no constituye un problema: es apenas una variable de política exterior que puede gestionarse, tercerizarse o, mejor aún, postergarse para algún siglo futuro.
II. De la carta en representación de los hacendados al conflicto del 1982
En el corazón de la historia oficial, Mariano Moreno aparece casi como un prócer sin mácula, el Jacobino del Plata que quiso emancipar a estas tierras del yugo español. Sin embargo, basta asomarse a su famosa “Representación de los Hacendados” (1809) para advertir el germen de una subordinación económica que, con ropaje ilustrado, anticipaba el modelo agroexportador y la dependencia de Gran Bretaña que marcarían a fuego nuestra historia. El texto, elevado al virrey Cisneros con tono suplicante, no era otra cosa que la carta magna de la proto-oligarquía ganadera, ansiosa por abrir los puertos del Río de la Plata para vender cueros y sebo a Londres y, de paso, inundar estas costas con manufacturas británicas baratas. Libertad de comercio, sí; pero solo para exportar materias primas e importar productos terminados, consolidando un esquema que convertía la incipiente Nación en una factoría periférica de la potencia dominante.
Moreno, ese mismo que años después advertía en La Gaceta de Buenos Aires sobre el peligro de “envolverse en cadenas” seducidos por “chiches y abalorios” ingleses, había firmado unos meses antes un documento que sentaba las bases para que las futuras generaciones quedarán atrapadas en esas mismas cadenas. Contradicción o pragmatismo, lo cierto es que su pluma sirvió a los intereses de los hacendados del Plata, ansiosos por sustituir el contrabando por un comercio legal que siguiera llenando de libras sus arcas, sin importar si la Patria naciente hipotecaba su soberanía.
Como diría José María Rosa (1970), Moreno no era precisamente un hombre preocupado por el “pueblo”, sino por los intereses de una élite con fluidos contactos con comerciantes ingleses. Incluso autores liberales como Mitre reconocen que Moreno, junto con Vieytes y Rodríguez Peña, tenía un círculo cercano profundamente vinculado a los negocios británicos. No sorprende entonces que la Representación haya sido interpretada, por críticos revisionistas, como el acta de nacimiento del “modelo agroexportador dependiente” que haría de la Argentina una colonia económica, aunque con bandera propia.
Moreno moriría en alta mar en 1811, después de haber ingerido un purgante letal. ¿Mártir de la Revolución o víctima de sus propias ambigüedades? El debate sigue abierto. Lo que no admite dudas es que su famoso escrito para los hacendados dejó un legado difícil de digerir: la proclama de una “libertad de comercio” que en realidad fue la libertad de unos pocos para enriquecerse, mientras la Nación se lanzaba a un ciclo histórico de dependencia que, dos siglos después, aún no logra romperse.
Ese mismo espíritu de sumisión reapareció pocos años después, cuando en 1815 Carlos María de Alvear, director supremo de las Provincias Unidas, propuso a lord Strangford transformar al Estado en construcción en un protectorado británico. Según sus propias palabras, las provincias deseaban “pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes y vivir bajo su influjo poderoso”. Mientras San Martín se desangraba en los campos de batalla por la independencia, Alvear intentaba negociar nuestra entrega con sonrisa cortesana. La Corona británica, sin embargo, declinó la oferta: prefería ejercer su hegemonía económica sin comprometerse con una administración directa que pudiera traerle conflictos europeos. El resultado fue el levantamiento de Fontezuelas y la caída estrepitosa de Alvear, recordado como el paradigma de la traición de salón.
No se trató de un episodio aislado, sino de la primera manifestación de una tendencia que marcaría la temprana construcción estatal en el Río de la Plata. En los albores de la república, cuando aún olía a pólvora y revolución, un grupo de hombres con ínfulas de ilustrados se dedicó a moldear el futuro a imagen y semejanza de sus propios intereses… O mejor dicho, a imagen y semejanza de los intereses de Londres. Entre ellos, Bernardino Rivadavia sobresale como el mascarón de proa de un proyecto que disfrazó de “civilización” lo que no fue más que una entrega ordenada de las Provincias Unidas al altar del comercio británico
La firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Gran Bretaña en 1825, celebrada por la historiografía liberal como un triunfo diplomático, fue en realidad un acto de sumisión elegante: selló la condición periférica de la joven Nación, que pasó de rebelde colonial a proveedor barato de materias primas para las chimeneas inglesas. Bajo el barniz de igualdad jurídica y reciprocidad comercial, se consolidó una relación de amo y vasallo. Sin embargo, esta misma transacción, aunque desigual, implicó el reconocimiento británico de las Provincias Unidas como un Estado independiente y soberano, sin que Londres planteara objeciones a la autoridad ejercida desde Buenos Aires sobre las Islas Malvinas, donde desde 1820 gobernadores habían sido designados regularmente. Así que una buena, para la Patria.
Rivadavia, ya en la cúspide del poder (1826-1827), se encargó de profundizar esta dependencia con una devoción que rozaba la obsecuencia. Su paso por el Ministerio de Martín Rodríguez había dejado al Banco de Buenos Aires en manos de capitales británicos, convertido en una cañería por donde se drenaban recursos hacia unos pocos comerciantes porteños asociados a la City londinense. Pero la frutilla del postre llegó con el famoso empréstito Baring Brothers (1824): un acuerdo leonino que hipotecó las tierras públicas y comprometió generaciones enteras para engordar a banqueros extranjeros. La deuda, arrastrada como una cadena de hierro, fue el primer acto en la tragicomedia de la deuda externa que perseguiría a la Argentina durante dos siglos.
Como si esto no bastara, Rivadavia también se ocupó de abrir las venas de Famatina: autorizó a la Río de la Plata Mining Association –una sociedad británica– a explotar sus minas de oro y plata, mientras él mismo, con un descaro monumental, ocupaba un puesto directivo remunerado en la empresa. El propio George Canning, ministro británico y beneficiario indirecto del saqueo, no pudo evitar torcer el gesto y calificar la conducta de Rivadavia como “escandalosa”. Si hasta los ingleses se sonrojaban, es porque la entrega era total.
A la par de hipotecar la economía, Rivadavia sentó las bases del centralismo porteño, elevando a Buenos Aires como capital de la República y apropiándose de las rentas aduaneras a costa de las provincias interiores. Su política exterior culminó con la infame paz tras la Guerra del Brasil: ordenó a su enviado Manuel García negociar una rendición diplomática que entregó la Banda Oriental y dio origen al “Estado tapón” uruguayo, diseñado por la diplomacia británica para impedir que un solo poder controlara ambas orillas del Río de la Plata. Así garantizó para siempre la libertad de navegación de los buques ingleses, hasta el día de la fecha, que lleva el nombre de hidrovía.
Esa matriz de entrega no se agotó con Rivadavia: fue el germen de una tradición política que sobrevivió a caudillos y revoluciones. Tras su caída, las disputas entre Buenos Aires y las provincias no hicieron más que profundizar la fractura interna, mientras el comercio exterior continuaba orientado a satisfacer las necesidades de la metrópoli británica. El pacto económico con Londres, disfrazado de “progreso” y “modernización”, se consolidó como la brújula de las elites porteñas, siempre más preocupadas por garantizar la libre circulación de productos e inversiones extranjeras que por construir una economía verdaderamente soberana. Esta lógica alcanzaría su apogeo con la derrota de Rosas y el nuevo orden constitucional que institucionalizó esa dependencia con rango jurídico.
Tras la caída del bando federal en Caseros en 1852 y la sanción de la Constitución de 1853, Argentina abrazó un modelo liberal que institucionalizó la dependencia económica de Gran Bretaña. La nueva oligarquía, integrada por terratenientes y comerciantes, con vínculos tanto políticos como internacionales, cimentó tratados y políticas destinados a asegurar beneficios directos para el capital británico. La Constitución de 1853 estableció pilares fundamentales: se garantizó la libertad de comercio, la inviolabilidad de las inversiones extranjeras y la adhesión a tratados internacionales sin restricciones. Estas garantías jurídicas favorecieron a Londres, que veía en Buenos Aires un mercado cautivo y un terreno fértil para sus inversiones.
Tras la caída de Rosas en 1852, la Argentina quedó partida en dos, con Buenos Aires jugando a su propio juego. Dueña del puerto y de las aduanas, la provincia se negó a compartir sus riquezas con el resto del país y se separó de la Confederación, dejando a Paraná a cargo del resto. Pero ni el ego ni la ambición duraron para siempre. La derrota parcial en Cepeda (1859) y el Pacto de San José de Flores permitieron una reincorporación condicionada: Buenos Aires volvió, pero solo bajo su propio reglamento, con la Constitución revisada para blindar su autonomía y privilegios.
La verdadera traición a la idea de unidad nacional se selló en la batalla de Pavón (1861), conocida en los bajos fondos políticos como el “arreglo masónico”. Allí, Bartolomé Mitre, masón y líder unitario, comandó a las tropas porteñas contra las fuerzas federales de Urquiza. El combate fue confuso y sangriento, pero la retirada estratégica de Urquiza otorgó la victoria a Mitre y la hegemonía definitiva a Buenos Aires. Desde entonces, el país dejó de ser una confederación para convertirse en un Estado dominado por la oligarquía porteña, cuyos vínculos con la masonería y el capital extranjero estaban más que claros.
Bajo el mandato de Mitre (1862-1868), la entrega al Imperio Británico fue acelerada y sin tapujos. Las vías férreas se convirtieron en las arterias por donde el capital británico drenó las riquezas argentinas. Empresas como la Buenos Aires Western Railway Limited no sólo gozaron de privilegios fiscales y tarifarios, sino que se adueñaron de vastas extensiones de tierras cedidas por el propio Estado. Esta red ferroviaria no buscaba integrar el país, sino facilitar la exportación de materias primas hacia Londres y consolidar la dependencia económica (Scalabrini Ortiz, 1968).
Para coronar esta sumisión, en 1865 Mitre firmó en secreto la Triple Alianza con Uruguay y Brasil, una guerra financiada con fondos británicos diseñada para aplastar a Paraguay, único intento real de autonomía regional. El objetivo imperial estaba claro: mantener la región bajo control y frenar cualquier proyecto que amenazara los intereses de la corona inglesa (Ramos, 1968). La historia oficial quiso pintar a Mitre y sus aliados como “civilizadores” y “padres de la patria”, pero la realidad es que fueron vendepatrias disfrazados de estadistas, que con la complicidad de la masonería entregaron el país a las garras del imperialismo británico y sentaron las bases de una dependencia que todavía hoy lastra a Argentina.
Por su parte, Domingo Faustino Sarmiento, revestido del aura de “civilizador”, continuó el legado de entrega de los recursos nacionales. Durante su gestión en San Juan (1862-1864) y luego como presidente (1868-1874), impulsó la concesión de minas argentinas al capital británico mediante sociedades anónimas como la San Juan Mining Co., destinadas a enriquecer a inversores londinenses. El ingeniero Francisco Rickard, traído por Sarmiento, introdujo maquinarias y técnicos ingleses, desplazando a los mineros locales a quienes consideraban “menos confiables”.
La resistencia popular no se hizo esperar. Las montoneras federales, bajo caudillos como Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza y Felipe Varela, representaron el último bastión contra el avance del modelo dependiente y la penetración extranjera. Sarmiento, sin embargo, estigmatizó a estas fuerzas como “salvajes bárbaros”, legitimando su aniquilación y despejando el camino para la consolidación del enclave neocolonial en las regiones mineras.
Los presupuestos provinciales de San Juan reflejaron esta obsesión represiva: los fondos destinados a la vigilancia policial y la persecución de montoneros duplicaban los invertidos en educación. Tras la derrota federal, los capitales británicos retomaron sin obstáculos la explotación de minas como Gualilán y San Hilario, consolidando así la condición de Argentina como exportador de materias primas e importador de manufacturas, ajustado a las necesidades del mercado inglés.
Con Nicolás Avellaneda (1874-1880) la dependencia se institucionalizó: la financiación de obras públicas mediante deuda londinense y el diseño de la red ferroviaria como una “tela metálica” para mantener al país en un estado de subordinación estructural quedaron en evidencia (Scalabrini Ortiz, 1974). Pensadores como Scalabrini Ortiz denunciaron la transformación del país en una semicolonia exportadora, entregando soberanía e infraestructura a cambio de una modernización condicionada (Scalabrini Ortiz, 1968).
A comienzos del siglo XX, la sumisión argentina era un espectáculo para el que nadie pidió entrada, pero todos se acomodaron en primera fila. Los Pactos de Mayo de 19025 no fueron otra cosa que una rendición a mano alzada: limitar el desarrollo naval y militar argentino para que la Royal Navy siguiera dominando el Atlántico Sur sin despeinarse. En ese circo, la oligarquía local no solo fue el público complaciente, sino también el payaso y el equilibrista: le entregaron el país a cambio de unos cuantos créditos y vías férreas que los ataron con cadenas de acero a Londres. El esquema agroexportador quedó sellado, y la Argentina se resignó a ser la despensa barata del imperio, exportando materias primas y recibiendo a cambio manufacturas y migajas financieras.
La entrega no se detuvo allí; simplemente se sofisticó. Cada década trajo consigo un nuevo contrato de dependencia, un nuevo acta notarial que rubricaba nuestra condición semicolonial. A los pactos de limitación militar le siguieron acuerdos comerciales que disfrazaban la cesión de soberanía como pragmatismo económico. El Estado argentino se fue convirtiendo en un mero gestor de intereses ajenos, mientras las decisiones estratégicas se tomaban en embajadas extranjeras o en las oficinas de la City londinense. Era la época de los diplomáticos con levita, los banqueros con espíritu misionero y los presidentes que firmaban “con la pluma de oro de su amo”.
El Pacto Roca-Runciman de 1933 fue, sin exagerar, el capítulo más importante del estatuto legal del coloniaje argentino. Con la excusa de mantener las exportaciones de carne hacia un Reino Unido en crisis, la oligarquía vernácula aceptó sin sonrojarse que Londres fijara cuotas, tarifas y hasta los frigoríficos que podían operar en el país. No contentos con eso, los acuerdos posteriores –como el Pacto Malbrán-Eden de 1936– ajustaron aún más la soga: la economía argentina quedó subordinada al arbitrio londinense, con ferrocarriles, bancos y servicios públicos en manos extranjeras. Todo este tinglado operaba bajo la tutela de una oligarquía que traficaba “progreso” en nombre de la dependencia y que, cuando no podía imponerlo por las buenas, lo hacía con fraude patriótico, urnas trucadas y un Estado al servicio de un puñado de familias. Bienvenidos a la Década Infame, un periodo en que la soberanía era apenas un concepto romántico para gauchos y estudiantes pobres.
El clima político argentino comenzó a agitarse en 1943, cuando la Revolución Nacionalista encabezada por el GOU irrumpió para barrer con el viejo orden oligárquico, ese que había convertido al país en un apéndice dócil del Foreign Office y en proveedor complaciente de materias primas para Londres. De aquel hervidero surgió un coronel que pronto se transformaría en una pesadilla para la diplomacia británica: Juan Domingo Perón. Mientras el mundo se desangraba en la Segunda Guerra Mundial y el Reino Unido seguía administrando la Argentina como si fuera una estancia propia, en la posguerra los vientos empezaron a soplar distinto. Perón no se contentó con declamar “soberanía política e independencia económica”; las llevó a la práctica: estatizó los ferrocarriles británicos, creó industrias estratégicas, impulsó la justicia social y dio forma a la doctrina de la Nación en Armas6, un concepto que escandalizaba por igual a Londres y a Washington, siempre atentos a cualquier intento de autonomía en su patio trasero.
Y no se detuvo ahí. En 1946, la Argentina se convirtió en uno de los primeros países en proclamar soberanía sobre la plataforma submarina, siguiendo la estela de la “Proclama Truman” y ajustando su legislación a los nuevos paradigmas del derecho internacional. Perón, en su primer mandato, desplegó un ambicioso plan antártico para delimitar y ocupar el sector polar sobre el que el país reclamaba soberanía, a la vez que lanzó una intensa campaña de concientización austral. Mediante el Decreto 14.708/46, nacionalizó el litoral marítimo argentino, profundizando medidas anteriores como el Decreto 1.386/44 de Pedro Ramírez, que había declarado al mar epicontinental como zona de reserva minera transitoria. Para Perón, el Atlántico Sur y la Antártida no eran un confín lejano y helado: eran el escenario estratégico donde debía afirmarse la soberanía nacional, una proyección geopolítica que desvelaba a los británicos.
El inevitable choque llegó, como lo narró el propio Perón con su característica ironía: “Inglaterra envió una fragata y destruyó uno de nuestros refugios. La guarnición nuestra era más bien pequeña, pero amenazando con las ametralladoras dieron a los ingleses cinco minutos para que abandonaran aquella tierra. Los ingleses se marcharon, aunque dejaron su bandera izada en el refugio que habían destruido y un cabo nuestro la arrancó y se la arrojó al bote que empleaban para huir.”
La respuesta británica no se hizo esperar: el embajador llegó a la Casa Rosada para exigir explicaciones, pero se topó con un Perón mordaz, imposible de intimidar:
–¿Cómo van a arreglar ustedes ese asunto de la Antártida? –preguntó el diplomático con tono solemne.
–¿Qué derecho tienen ustedes a la Antártida? –replicó Perón, con media sonrisa.
–La Antártida es una prolongación de las islas Malvinas –intentó argumentar el embajador.
–Sí, eso me recuerda a un tipo que me robó un perro y al día siguiente vino a buscar el collar –sentenció Perón, dejando al británico atónito y con la bandera imperial bien guardada en el bolsillo.
Este episodio sintetiza la visión estratégica del líder argentino: el Atlántico Sur, las Malvinas y la Antártida no eran piezas sueltas, sino parte de un mismo tablero donde la Argentina debía afirmarse o resignarse a ser colonia. Perón eligió lo primero, para horror de la vieja guardia imperial, que ya preparaba su venganza.
La autoproclamada “Revolución Libertadora” (Fusiladora) de 1955 –orquestada por el almirante Isaac Rojas, masón fervoroso e inglés honorario aunque nacido en estas pampas– no solo bombardeó Plaza de Mayo: también se encargó de devolver a la Argentina a su “orden natural” en el Atlántico Sur. Ese orden en el que Londres manda y Buenos Aires obedece, mientras la oligarquía local aplaude desde el palco con un ejemplar de The Times bajo el brazo. Con Perón derrocado y la Nación en Armas desmantelada, la brújula nacional perdió el norte y quedó a la deriva, justo cuando el mundo se dividía en zonas de influencia al calor de la Guerra Fría.
Pero la década del 60 trajo un inesperado giro diplomático. En 1960 la ONU aprobó la Resolución 1514 (XV)7 sobre la descolonización, y aunque el Reino Unido hizo como si la cosa no fuera con ellos, Argentina aprovechó la grieta. En 1965, gracias a la intervención quirúrgica del embajador José María Ruda ante el Comité de Descolonización, la Resolución 2065 (XX)8 reconoció por primera vez la existencia de una disputa de soberanía sobre las Malvinas y llamó a Londres y Buenos Aires a sentarse a negociar. Ruda, con precisión de cirujano, desmanteló el relato británico sobre los “derechos históricos” y expuso que los kelpers no eran más que una población implantada para custodiar un enclave colonial.
Los años siguientes vieron una frenética danza diplomática: el Memorándum de Entendimiento de 1968, la Declaración Conjunta de 1971 y los acuerdos de comunicaciones que establecían vuelos, correo, telégrafo y hasta beneficios fiscales para argentinos que trabajaran en las islas. Todo bajo el “paraguas de soberanía”, una fórmula elegante para mantener las apariencias mientras Buenos Aires financiaba la ocupación británica con tal de no cerrar el diálogo.
En 1973 volvió Perón con su Tercer Gobierno, decidido a reactivar las negociaciones y recuperar la iniciativa en el Atlántico Sur. Para él, las Malvinas y la Antártida no eran piezas aisladas, sino parte de un mismo tablero estratégico donde Argentina debía afirmarse o resignarse a ser una colonia decorosa. Pero su muerte en 1974 dejó el tablero en manos de Isabel Perón, quien, pese a las limitaciones de su gobierno y los embates tanto de izquierda como por derecha, denunció con firmeza la “Misión Shackleton” como una maniobra británica para consolidar su dominio sobre el archipiélago y explotar sus recursos. El informe Shackleton y luego el Griffith sobre la existencia de hidrocarburos en la zona confirmaron las peores sospechas: Londres no pensaba soltar ni un metro cuadrado sin antes asegurarse el petróleo y las riquezas submarinas.
El golpe de 1976 acabó con cualquier diplomacia seria. La dictadura militar de Videla, Viola y luego Galtieri manejó la cuestión Malvinas con la misma maledicencia, crueldad y torpeza con la que gobernaba el país. En ese contexto, la Armada –con el almirante Anaya como gran muñidor– soñaba con una “operación relámpago” que obligara al Reino Unido a negociar. El cálculo era tan ingenuo como suicida: ignoraban que la OTAN tenía las cartas marcadas y que Washington, lejos de ser un “aliado natural”, respaldaría a Londres sin pestañear.
El epílogo llegó en 1982, cuando la dictadura, asfixiada por la crisis interna, intentó recuperar legitimidad a los tiros. La Operación Rosario fue inicialmente un éxito militar, era un toco y me voy, pero la guerra terminó como era previsible: con un país arrodillado y los kelpers transformados en la excusa perfecta para que Londres consolidara un enclave militar en el Atlántico Sur.
III. Urnas para la capitulación
Cuando la dictadura cayó y llegó la democracia con Raúl Alfonsín, las promesas de recuperar Malvinas se evaporaron rápido en el humo de la diplomacia impotente. La guerra terminó, pero la verdadera batalla se trasladó a salas de conferencias, organismos internacionales y debates diplomáticos donde Londres ni siquiera se dignaba a escuchar. La OEA, el Movimiento de Países No Alineados y la ONU levantaron resoluciones que, aunque formales, fueron ignoradas olímpicamente por un Reino Unido que desde 1982 se arrogó la propiedad absoluta de las islas, reinstaurando un statu quo pre-1965 donde la palabra soberanía era y sigue siendo un tabú intocable para la diplomacia británica.
Así, mientras el mundo celebra la “paz” y la “normalización”, la Argentina sigue inmersa en una partida de go9, ese juego oriental donde no se trata de dar jaque mate, sino de cercar lentamente al adversario hasta asfixiarlo en su propio territorio. En este tablero, las piedras más poderosas llevan grabada la corona británica, avanzan sin prisa pero sin pausa, cerrando espacios y asegurando cada rincón del Atlántico Sur. Y lo peor: aquí seguimos, atrapados en ese cerco, sin visos de romperlo.
El embargo impuesto por el Reino Unido y la Comunidad Económica Europea tras el inicio de la guerra de Malvinas en 1982 fue demoledor. Congelamiento de fondos, bloqueo comercial, prohibición total de exportación de armas y suspensión de importaciones argentinas –las sanciones más severas aplicadas por la CEE hasta entonces (Martin, 1982)– impactaron en la economía y la capacidad militar argentina (CIA, 1982). El congelamiento de activos y el corte del crédito internacional paralizaron cualquier intento de modernización de las Fuerzas Armadas y agravaron la crisis económica nacional.
La resolución 50210 del Consejo de Seguridad de la ONU legitimó jurídicamente estas medidas, consolidando un marco internacional que justificó la política sancionatoria británica y comunitaria, evidenciando una alianza entre Londres, la CEE y aliados como Estados Unidos para aislar a Argentina y perpetuar el dominio colonial en el Atlántico Sur.
Paralelamente, el Reino Unido consolidaba su dominio colonial con descaro, estableciendo en 1986 una Zona de Conservación y Administración Pesquera de 150 millas alrededor del estrecho de San Carlos, entregando a los isleños el control sobre los recursos marítimos. La protesta argentina fue un susurro perdido entre la indiferencia internacional, mientras la diplomacia local se limitaba a declaraciones públicas sin consecuencias (Cardoso, Kirschbaum & Van der Kooy, 2012). Thatcher condicionó todo diálogo a la exclusión formal de la soberanía, definiendo la parálisis diplomática como la “cuadratura del círculo” (Bologna, 1991).
Los encuentros bilaterales, como el fallido de Berna en 1984, fueron boicoteados con maniobras sutiles y trampas lingüísticas británicas que bloquearon cualquier avance sobre soberanía (Cisneros et al., 2000). La apuesta por la vía multilateral terminó siendo un callejón sin salida, mientras la esperanza de un apoyo internacional efectivo se desvanecía ante la indiferencia de las potencias.
El conflicto pesquero abrió otro frente: Londres otorgó autonomía a los isleños para negociar licencias, convirtiendo Malvinas en un enclave rentable para la industria ictícola. A pesar de alertas de la FAO sobre la sobreexplotación, las diferencias eran irreconciliables: Argentina pedía acuerdos bilaterales, mientras el Reino Unido presionaba por comisiones internacionales que legitimaran su pretensión de “país ribereño” (Llerena, 2020).
La diplomacia basada en non papers y “paraguas de soberanía” simuló una defensa nacional, pero en realidad facilitó una rendición silenciosa. Estados Unidos, temeroso de una escalada, impulsó el intercambio de documentos sin membrete para tratar la pesca “sin perjuicio de la soberanía” (Cisneros et al., 2000), un eufemismo que encubría la intención de preservar posiciones soberanas (García del Solar, 1997). Este artificio jurídico, inspirado en el Tratado Antártico, ocultó la gradual pérdida de una causa que se desvanecía.
En 1987, desde La Prensa se advertía el desenlace: negociaciones cuidadosamente diseñadas para evitar tocar la soberanía, respaldadas por una partidocracia semicolonial “desmalvinizadora” que promovía la normalización absoluta con Londres. Los sectores “belicistas” quedaron reducidos a gestos simbólicos, mientras la progresía idealista confiaba en resoluciones de la ONU sin efectos concretos, y la integración argentina al esquema imperial avanzaba, sostenida por planes del FMI y la creciente deuda externa.
Este proceso no estalló en las calles ni en el campo de batalla, sino que se gestó en los despachos, entre documentos sin firma y acuerdos ambiguos. Los veteranos, lejos de ser valorados como héroes, fueron relegados a la marginalidad social y simbólica, víctimas de un Estado que prefirió invisibilizarlos, estigmatizarlos como “pobres chicos” o sospechar de su colaboración con la dictadura, negándoles el reconocimiento justo y condenándolos al olvido.
Este abandono político formó parte de un contexto más amplio, donde el espejismo de la “revolución productiva” y el “salariazo” terminó, como era de esperar, convertido en una pesadilla de privatizaciones, flexibilización laboral y subordinación jurídica. El relato épico de una redención nacional se transformó en un brindis con champagne en Londres. La bandera de la Patria Justa, Libre y Soberana fue cuidadosamente plegada y guardada, mientras la dirigencia del autodenominado “nuevo peronismo” –quizás el más triste de los oxímoros históricos– se entregaba sin resistencia al guión marcado por el Consenso de Washington.
La continuidad con la obra de Martínez de Hoz no fue accidente ni malentendido. Fue decisión fría y calculada de técnicos y políticos que sabían perfectamente qué juego jugaban. La Fundación Mediterránea y su estrella, Domingo Felipe Cavallo, fueron los arquitectos de esta demolición nacional. Del terrorismo económico dictatorial al neoliberalismo de los ’90, el objetivo fue siempre el mismo: desmantelar la industria, extranjerizar la economía y entregar una Argentina dócil, endeudada y jurídicamente encadenada a potencias extranjeras, especialmente al Reino Unido.
Las Malvinas, por supuesto, no fueron la excepción. Fueron el símbolo de una entrega total. Mientras en la Plaza de Mayo colgaban carteles con el lema “Las Malvinas son argentinas”, en los despachos oficiales se sellaba la rendición diplomática con los Acuerdos de Madrid (1989 y 1990), bajo el eufemismo de “normalización de relaciones”. Se reanudaron vínculos diplomáticos y consulares, firmaron convenios sobre pesca, hidrocarburos y comunicaciones, pero la soberanía quedó fuera de toda discusión. La consigna era “recomponer el diálogo”… Un monólogo de Londres imponiendo condiciones y Buenos Aires aceptándolas con sonrisa servil.
España, la mediadora de los mencionados acuerdos, jugó un papel tan elegante como cínico. La elección de Madrid no fue inocente: la Moncloa se presentó como “tercera parte neutral”, pero actuó como engranaje de la estrategia atlántica para consolidar el control sobre el Atlántico Sur. Mientras facilitaba la reconciliación entre Argentina y Reino Unido, también preparaba el terreno para que sus empresas transnacionales –Repsol, Telefónica, Endesa– accedieran, sin resistencia, a activos estratégicos en América Latina. El “Plan Iberoamericano de Inversiones” fue la máscara económica de esta maniobra: con avales de la banca pública española y la bendición del FMI y el Banco Mundial, se financió la expansión de un capitalismo peninsular que llegaba como un nuevo conquistador, aunque ahora con traje y corbata.
El ingreso de Repsol en YPF no fue un accidente de la historia ni el resultado de un mercado “libre” que premió la eficiencia española. Fue la consecuencia directa de un proceso deliberado de vaciamiento y entrega, iniciado con las leyes de Reforma del Estado (N° 23.696) y de Emergencia Económica (N° 23.697), auténticos manifiestos de la claudicación nacional. Estas normas, votadas con fervor casi religioso por el Congreso argentino, eliminaron de un plumazo las últimas barreras regulatorias que habían protegido los sectores estratégicos desde la era Mosconi. La desarticulación de YPF comenzó con su transformación en sociedad anónima y terminó con la venta progresiva de acciones a precio de remate. Entre 1992 y 1999, Repsol escaló posiciones hasta controlar la mayoría accionaria, con la anuencia entusiasta de la dirigencia política local y la mirada complaciente de la comunidad financiera internacional.
El círculo de la entrega se selló en 1992 con la sanción de la Ley 24.184, mediante la cual la Argentina aprobó el Convenio para la Promoción y Protección de Inversiones suscripto en Londres el 11 de diciembre de 1990 con el Reino Unido. Este tratado, presentado como un incentivo para atraer capitales extranjeros, en realidad configuró un régimen de privilegios exorbitantes para los inversores británicos, al otorgarles un trato igual o incluso superior al de los propios argentinos y garantizarles la libre repatriación de utilidades, la inmunidad frente a cualquier restricción futura y la protección absoluta contra expropiaciones o medidas regulatorias que afectaran sus intereses. Lo más grave fue que desplazó la jurisdicción argentina en favor de tribunales arbitrales internacionales –como el CIADI–, fuera del alcance del derecho nacional, consolidando así una estructura jurídica que dejó al Estado virtualmente inhabilitado para defender su soberanía económica.
Como advirtió César Lerena (2020), este convenio, cuya vigencia inicial de diez años venció en diciembre de 2000 y continúa prorrogándose automáticamente por la inacción de los sucesivos gobiernos, no solo contradice la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional reformada en 199411 sino que facilitó la consolidación de la ocupación británica sobre Malvinas y el saqueo de los recursos pesqueros y energéticos del Atlántico Sur. Bajo el ropaje de la “seguridad jurídica”, la Ley 24.184 institucionalizó la entrega de soberanía, convirtiendo a la Argentina en un laboratorio de la globalización neoliberal y asegurando a las corporaciones británicas un blindaje jurídico a costa de los intereses nacionales.
El desembarco de empresas británicas en los años 90 fue masivo y estratégico. En hidrocarburos, British Petroleum (BP) se quedó con el 60% de Pan American Energy, adjudicándose el yacimiento de Cerro Dragón en Chubut por 40 años, con una ridícula regalía del 12%, en lo que de hecho fue una concesión a perpetuidad. Shell, la angloholandesa, expandió su red en todo el país. En gas, MetroGas, con participación mayoritaria de British Gas Group, pasó a controlar el suministro en la región metropolitana. En banca, el HSBC, el Lloyds Bank y el Standard Bank profundizaron su presencia, manejando activos estratégicos y asesorando incluso a petroleras como Rockhopper Exploration, que opera en Malvinas (Llerena, 2020).
En bienes de consumo, la invasión británica se volvió cotidiana y casi invisible: Unilever se apropió de marcas históricas como Hellmann’s, Knorr, Savora, Rexona y Skip; Cadbury, con su adquisición de Stani en 1993, se convirtió en el gigante local de las golosinas; British American Tobacco pasó a controlar el mercado de cigarrillos con Lucky Strike, Parisiennes y Jockey Club. Hasta en minería y energía, empresas como Anglo American, BHP Billiton y Vedanta Resources pusieron pie en yacimientos de Catamarca y Salta, en alianza con bancos como Barclays, actor clave en la operatoria financiera de la década (Llerena, 2020).
Todo esto fue posible porque el Estado argentino no solo resignó su poder de decisión económica sino también su capacidad de defensa jurídica. Los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) firmados con el Reino Unido y España blindaron a las multinacionales frente a cualquier intento de regulación, expropiación o control, convirtiendo a la soberanía en un concepto decorativo.
Como señala el VGM Ricciardelli en su demoledor Los Vampiros de la Patria, la década del 90 fue un carnaval de saqueo legalizado, donde una élite nativa –los gerentes de la semicolonialidad– actuó como intermediaria entre el capital extranjero y los recursos nacionales. Lejos de ser meros “errores” de política económica, las privatizaciones y las leyes de inversión extranjera fueron pasos premeditados en un proyecto de subordinación estructural, que convirtió al país en una plaza financiera y un mercado cautivo para los intereses británicos.
Hoy, más de treinta años después, los efectos de aquel entramado jurídico aún persisten. Las empresas británicas siguen operando impunemente en suelo argentino, mientras el Reino Unido mantiene su ocupación colonial sobre las Malvinas y sus aguas circundantes. ¿Qué pasaría si el gobierno nacional decidiera imponer un impuesto especial a todas las compañías británicas hasta que Londres reconociera la soberanía argentina? ¿O si, de manera más audaz, condicionara su operación en el país a una declaración explícita sobre las Malvinas?.
Mientras los argentinos consumen diariamente productos de Unilever, Cadbury o Diageo (J&B, Johnnie Walker, Guinness), pocos advierten que cada compra alimenta el mismo entramado económico que sustenta la usurpación en el Atlántico Sur. Tal vez ha llegado el momento de plantearse un boicot estratégico: dejar de financiar con nuestra pasividad a los mismos que se apropian de un tercio de nuestro territorio.
Más allá del discurso declamativo y las voces disidentes que denuncian las acciones británicas en Malvinas, sin un poder real de disuasión resulta imposible plantear impactos diplomáticos efectivos. La arquitectura jurídica impuesta por los tratados que condicionan nuestra remilitarización, como la eliminación del servicio militar obligatorio, actúa como una trampa que limita severamente las opciones argentinas. Sin discutir cómo repensar estas políticas ni reflexionar sobre la formación y la estructura de nuestras Fuerzas Armadas, la Argentina queda incapacitada para generar una estrategia diplomática robusta y sostenible. En este escenario, tampoco resulta factible proyectar la causa Malvinas como un asunto verdaderamente latinoamericano.
Hoy, los efectos de esta arquitectura legal y diplomática siguen pesando como un corsé que bloquea el reclamo soberano argentino en el Atlántico Sur. Los Acuerdos de Madrid permanecen vigentes, limitando cualquier intento serio de recuperación territorial. Mientras tanto, la dirigencia local oscila entre la resignación y la complicidad, repitiendo cada 10 de junio discursos formales sobre soberanía, mientras cultiva relaciones con potencias extranjeras en ambientes diplomáticos desprovistos de contundencia real.
Los intentos de maquillaje político que siguieron fueron insuficientes. Algunos creyeron –o fingieron creer– que se podría avanzar hacia una Patria Justa, Libre y Soberana desde dentro de ese corsé jurídico impuesto. Se habló de reindustrialización, justicia social y soberanía energética, siempre bajo los límites del posibilismo impuesto. Los gestos de “modernización política” se tradujeron en viajes a Londres para abrazar la “Tercera Vía” de Tony Blair, un invento británico que se presentó como progresismo pero que en esencia era funcional a la hegemonía británica. En cada retroceso, las excusas estuvieron siempre a mano: falta de correlación de fuerzas, necesidad de escoger lo que hay para evitar males mayores, realismo geopolítico, resignación táctica, diplomacia inteligente, negociación madura… Todas formas sofisticadas de nombrar lo que en realidad fue una capitulación sistemática.
Este escenario tiene profundas raíces en la relación político-militar argentina desde la década de los noventa. Las Fuerzas Armadas pasaron a desempeñar un rol preponderante en misiones de paz internacionales, lo cual favoreció su inserción en un esquema de control civil democrático basado en valores globales, pero limitó su capacidad para defender efectivamente los intereses nacionales en escenarios de conflicto directo.
Desde 2003, con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se impulsó un fortalecimiento del control civil sobre las Fuerzas Armadas y se inició una tímida reconstrucción de la industria de defensa. Sin embargo, los desafíos estructurales heredados del período neoliberal permanecen vigentes, y sin un replanteo integral del rol de las fuerzas, su formación, financiamiento y estrategia, resulta utópico esperar un cambio real en la capacidad de Argentina para enfrentar las imposiciones internacionales que condicionan la soberanía en Malvinas.
En pleno siglo XXI, con guerras híbridas, lawfare y el despliegue casi teatral del poder blando de las embajadas como protagonistas, las agudas lecturas de Arturo Jauretche y Jorge Abelardo Ramos siguen siendo un faro incómodo pero imprescindible. Jauretche, en Ejército y política, ya denunciaba la subordinación de nuestras Fuerzas Armadas a intereses foráneos y a una política doméstica anestesiada, incapaz de articular un proyecto nacional soberano. Su llamado a un ejército al servicio de la autonomía nacional parece una proclama antigua, pero es más urgente que nunca: sin una fuerza propia y comprometida con la defensa real, cualquier discurso sobre soberanía se vuelve papel mojado. Ramos, con su noción de “ejército y semicolonia”, desnudó la verdad de una institución que, en lugar de proteger la nación, termina siendo el garante del statu quo impuesto por élites cómplices de poderes externos. Esto explica, sin vueltas, por qué la Argentina nunca logró recuperar ni siquiera una mínima capacidad de disuasión estratégica en torno a Malvinas: la defensa real fue sacrificada en el altar de la dependencia y la domesticación.
Mientras tanto, el enclave colonial británico no solo crece, sino que se fortalece y blinda, amparado bajo tratados internacionales que nuestros propios gobiernos han suscripto con un entusiasmo servil que roza la abdicación. Ningún partido político se anima a denunciarlos o a revertir ese entreguismo jurídico-político, prefiriendo en cambio reciclar generaciones enteras de perdedores disfrazados de funcionarios, diplomáticos y opinólogos que encuentran una excusa para justificar la inacción y la renuncia. Así, la verdadera pregunta no es ya por qué el Reino Unido no devuelve las islas, sino por qué Argentina sigue generando dirigentes que, sin una pizca de vergüenza, se especializan en explicar con palabras pulcras por qué no hay que reclamar lo que nos pertenece. Jauretche y Ramos siguen teniendo razón: sin recuperar el control de las Fuerzas Armadas y el coraje político para enfrentar las servidumbres externas, la soberanía nacional seguirá siendo una palabra hueca en los discursos y una derrota silenciosa en la realidad.
Fuentes
Bologna, A. (1991). La cuestión Malvinas en la política exterior argentina: 1983-1991. FLACSO.
Cardoso, O. R., Kirschbaum, R., & Van der Kooy, E. (1983). Malvinas-La trama secreta. Sudamericana.
CIA. (1982). Falkland Islands Dispute: Economic Impact. CIA Reading Room.
Cisneros, A., Escudero, C., & Tella, G. (2000). Historia general de las relaciones exteriores de la República Argentina (Tomo XIII). CEMA.
García del Solar, L. (1997). Malvinas: La guerra y la posguerra. Planeta.
Jauretche, A. (1984). Ejército y política: La patria grande y la patria chica. Buenos Aires: Peña Lillo.
Lerena, C. (2020, 9 de noviembre). La denuncia del Convenio de Promoción y Protección de las Inversiones del Reino Unido de Gran Bretaña en Argentina. Escenario Mundial.
Martin, L. L. (1992). Sanctions during the Falkland Islands Conflict. Stanford University.
Ramos, J. A. (1968). Ejército y semicolonia. Buenos Aires: Peña Lillo.
Ramos, J. A. (1968). Historia de la Nación Latinoamericana. Buenos Aires: Peña Lillo.
Rosa, J. M. (1970). Historia argentina: La revolución (1806–1812) (Vol. 2). Buenos Aires: Editorial Oriente.
Scalabrini Ortiz, R. (1968). Política británica en el Río de la Plata. Buenos Aires: Editorial Plus Ultra.
Scalabrini Ortiz, R. (1974). Historia de los ferrocarriles argentinos. Buenos Aires: Plus Ultra.
Torres, J. L. (1943). Los Perduellis. Buenos Aires: Padilla & Contreras.
Notas al pie
1 El llamado “Acuerdo Mondino-Lammy” no es otra cosa que la reedición, con moño verde y sonrisa diplomática, del viejo Foradori-Duncan: vuelos para abastecer el enclave colonial, cooperación en pesca para que ellos sigan saqueando, exploración petrolera disfrazada de sostenibilidad y un conveniente uso humanitario de los Caídos para darle barniz sentimental a la entrega. Todo, claro está, sin pasar por el Congreso, como corresponde a las mejores tradiciones de la diplomacia sumisa. Mondino, en lugar de defender la soberanía, optó por garantizarle a Londres logística, legitimidad y continuidad colonial, mientras en Córdoba y en la Patagonia preparan la alfombra roja para el próximo embajador imperial.
2 Entre 1669 y 1671, el corsario y navegante británico John Narborough lideró una expedición que incluyó una escala clave en Puerto Deseado, en la actual provincia de Santa Cruz. Allí, tras fingir un naufragio para obtener provisiones, Narborough intentó obtener información sobre las defensas españolas y la geografía del litoral patagónico.
3 Puerto Egmont, fundado en 1765 por la expedición del comodoro británico John Byron, fue el primer intento formal del Reino Unido por plantar bandera en las Islas Malvinas, bajo la clásica fórmula imperial: llegar sin invitación, clavar el mástil, nombrar la zona como si fuera un pub londinense y esperar que la geografía y el derecho internacional se adapten al mapa británico. La ocupación fue tan sutil como un desembarco armado, y aunque España logró desalojarlos en 1770, la diplomacia de la época –esa mezcla de hipocresía cortesana y cañonazos de advertencia– terminó permitiendo su regreso temporal al año siguiente. Finalmente, en 1774, Londres se retiró por motivos económicos, dejando una placa como testimonio de su “derecho eterno” sobre las islas, porque si algo sabe hacer el Imperio es retirarse a tiempo… para volver cuando convenga.
4 Las becas Chevening, ese generoso regalo del Reino Unido para “formar líderes” argentinos, no son más que una versión sofisticada del viejo truco imperial: te invito a estudiar en Londres, te doy alojamiento y comida, y de paso te contrato para que, cuando vuelvas, seas el vocero entusiasta de los intereses británicos en tu propio país. Todo envuelto en un lazo de “desarrollo profesional” e “intercambio cultural”, pero con la misma intención de siempre: asegurarse que la próxima generación de funcionarios locales piense, actúe y defienda con entusiasmo la agenda de la Corona, mientras agradecen haber probado las empanadas del Reino Unido.
5 Los Pactos de Mayo de 1902, esa brillante muestra de cómo dos países sudamericanos decidieron con gran pompa limitar su propio poder naval para evitar que la “paz” no fuera otra cosa que la aceptación servil de la hegemonía británica en la región. Mientras Argentina y Chile se miraban con recelo, acordaron amablemente no armarse demasiado, porque, claro, ¿para qué molestarse en defender su soberanía cuando podían seguir siendo meros espectadores en el gran tablero imperial? Así, con un tratado de arbitraje y un protocolo para frenar su propio crecimiento militar, ambos países sellaron un pacto de sumisión diplomática que no sólo evitó la guerra, sino que garantizó que las potencias reales siguieran manejando los hilos desde Londres. Una paz de salón, diseñada para mantener la colonia intacta, mientras las élites locales aplaudían el equilibrio del poder que, en realidad, nunca les perteneció.
6 El concepto de “nación en armas” fue formulado por el general prusiano Colmar von der Goltz en su obra Das Volk in Waffen (1883), donde planteaba que en la guerra moderna la defensa nacional debía involucrar a toda la sociedad, integrando a civiles y militares en un modelo de “guerra total” con un liderazgo autoritario militarizado. Juan Domingo Perón retomó esta noción en su conferencia de 1944, adaptándola al contexto argentino para promover la participación activa del pueblo en la defensa nacional como un mecanismo para fortalecer la unidad y la justicia social. En el pensamiento peronista, la “nación en armas” implica que la soberanía e independencia se alcanzan mediante la movilización organizada del pueblo, con el Estado como eje articulador de ese proceso.
7 La Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU (14 de diciembre de 1960), también conocida como Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, proclamó la necesidad de poner fin de manera rápida e incondicional al colonialismo en todas sus formas. Afirma que la sujeción de pueblos a dominación y explotación extranjeras es contraria a la Carta de la ONU y compromete la paz mundial, reconociendo el derecho inalienable de todos los pueblos a la libre determinación y a disponer de sus riquezas y recursos. Además, exige cesar toda acción armada o represiva contra los territorios dependientes y transferirles el poder sin condiciones, respetando su unidad nacional e integridad territorial, para garantizar su libertad absoluta e independencia plena.
8 La Resolución 2065 (XX) puso en blanco y negro lo que Londres quería seguir escribiendo en tinta invisible: reconoció que las Islas Malvinas (Falkland Islands, según la toponimia imperial) son un caso de colonialismo y llamó a Argentina y al Reino Unido a sentarse a negociar la soberanía “sin demora”, teniendo en cuenta los intereses de los isleños pero también el mandato de descolonización de la Resolución 1514. En otras palabras, la Asamblea General tiró de las orejas al Reino Unido y le recordó que el siglo XIX había terminado… aunque en Londres parecieran no haberse enterado.
9 El go es un antiguo juego de estrategia para dos jugadores originario de China hace más de 2.500 años, que se juega sobre una cuadrícula (generalmente de 19×19 líneas) con piedras negras y blancas colocadas en intersecciones vacías. El objetivo no es dar jaque mate, como en el ajedrez, sino rodear y retener territorio, capturando piedras rivales al cercarlas completamente . Cada pieza permanece allí hasta que pierde su última “libertad” –una intersección adyacente vacía– tras lo cual es removida; el jugador que termina con el mayor territorio controlado vence. Este juego exige un pensamiento fluido y estratégico, donde cada colocación influye en la expansión del propio espacio y en la limitación del adversario, creando una dinámica de cierre territorial progresivo donde la victoria se logra asfixiando tácticamente al oponente
10 La Resolución 502 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el 3 de abril de 1982, llegó justo cuando Argentina intentaba recuperar lo que históricamente le pertenece: las Malvinas. Pero lejos de buscar justicia, el Consejo, con la usual complicidad de potencias como Reino Unido y Estados Unidos, exigió el “cese inmediato de hostilidades” y la retirada argentina, como si quienes invadían fueran los legítimos dueños y no quienes defendían su soberanía. Mientras Londres agitaba el fantasma de la “amenaza” argentina, disfrazando la ocupación colonial con discursos de paz y legalidad, Argentina denunciaba ante el mundo la usurpación y su derecho a la defensa. Entre abstenciones, negligencias propias y votos cómplices, la resolución legitimó la tiranía colonial y frustró, una vez más, las aspiraciones argentinas, dejando claro quién manda realmente en ese tablero del Atlántico Sur.
11 La Disposición Transitoria Primera de la Constitución Argentina, incorporada en la reforma de 1994, reafirma la soberanía del país sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, incluyendo sus espacios marítimos e insulares, y declara que forman parte integral del territorio nacional. Además, establece que la recuperación y el pleno ejercicio de dicha soberanía son un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, consolidando así el reclamo nacional como una cuestión central para la nación.