Sumisión y traición

Perduellis en la administración semicolonial, segunda entrega

Leé acá la primera parte

Juan Facundo Besson

La alianza anglo norteamericana: del Lexington y Clio a Regan y Tatcher

Hay quienes todavía creen que la Guerra de Malvinas se cocinó en cuatro meses, con Leopoldo Galtieri alzando un whisky barato en la Rosada y gritando: “Si quieren venir, que vengan”. Pobres ilusos. La verdad es que el conflicto del Atlántico Sur llevaba al menos un siglo y medio de gestación, con Estados Unidos y el Reino Unido bailando un vals perfectamente sincronizado, mientras la Argentina hacía de invitada incómoda… o de peón sacrificado, según la época. Para encontrar el germen de esta larga disputa no basta con mirar mapas ni con recitar fechas escolares: hay que poner la lupa sobre los movimientos de Washington y Londres en el siglo XIX, cuando ambos comenzaron a marcar territorio en el Atlántico Sur con la típica mezcla de hipocresía diplomática y brutalidad naval. En ese tablero de poder, la joven Argentina era poco más que un experimento republicano al que se podía empujar o desmantelar a conveniencia.

Este entramado no tiene su origen en el siglo XX, sino que se hunde mucho más atrás en la historia. Conviene desmontar lo que la historiografía británica y estadounidense han preferido etiquetar como un simple “incidente”, pero que, a la luz de los hechos, fue en realidad el prólogo de una ocupación colonial llevada a cabo con la precisión de un relojero imperial. En diciembre de 1831, el USS Lexington, bajo el mando del capitán Silas M. Duncan, llegó a Puerto Soledad y arrasó el incipiente asentamiento argentino. La excusa oficial fue la captura de buques estadounidenses ordenada por Luis Vernet, comandante argentino en las islas, a quien Washington no dudó en tildar de “pirata”. Como bien apunta Freedman (2005), “El comandante del Lexington se consideraba a sí mismo realizando un acto legítimo de protección del comercio estadounidense, pero también fue una demostración de fuerza en una región disputada” (p. 17). Enarbolando bandera francesa para despistar, Duncan destruyó las instalaciones y dispersó a la población, dejando tras de sí un vacío de poder que, casualmente, facilitaría el desembarco británico poco tiempo después.

Mientras tanto, la diplomacia inglesa afinaba su estrategia. Tras la partida del USS Lexington, Buenos Aires designó al sargento mayor Esteban Mestivier como gobernador militar para restablecer el orden. Su mandato terminó en tragedia: apenas dos meses después, una rebelión en la guarnición acabó con su vida. Este caos fue la ventana que Londres esperaba. El 3 de enero de 1833, la corbeta HMS Clio, comandada por John James Onslow, llegó a Puerto Soledad con la misión de arriar la bandera argentina y reemplazarla por la Union Jack¹. El capitán argentino José María Pinedo elevó su protesta formal, pero la goleta de guerra Sarandí carecía de la fuerza necesaria para oponerse a la abrumadora superioridad de la flota británica. Fue un ejemplo perfecto de la diplomacia de las cañoneras británicas: imponerse no a través de argumentos jurídicos, sino a punta de cañón y bajo la amenaza de fuego naval. “La operación británica no derramó sangre, pero fue una afirmación decisiva de soberanía” (Weinberg, 1950, p. 201). Así, el cambio de bandera se consumó sin un solo disparo, aunque no sin la amarga resignación de quienes, impotentes ante la presión militar, se vieron obligados a abandonar las islas.

La ironía de esta historia es tan brutal como persistente: Gran Bretaña, que había abandonado Port Egmont en 1774 tras un tenso acuerdo con España, regresó casi seis décadas después blandiendo un supuesto “derecho histórico” para justificar su presencia. No es dato menor que en 1771 los británicos hubieran recuperado temporalmente aquel asentamiento tras una disculpa española, para retirarse poco tiempo después dejando una placa que proclamaba soberanía. Sin embargo, y aquí está la trampa, “la retirada británica no fue una renuncia a la soberanía, al menos no desde su propia perspectiva” (Anderson, 1980, p. 188). Esta afirmación resume el cinismo de una potencia que nunca perdió de vista esas islas, pero que sí supo retirarse estratégicamente cuando le convenía, dejando la posta a la diplomacia de la fuerza y el oportunismo imperial. Desde entonces, el interés británico parecía dormido, pero la desorganización de la joven República Argentina y el caos provocado por el episodio del USS Lexington sirvieron de excusa perfecta para retomar las Malvinas. Lo que comenzó como una ocupación silenciosa y sin disparos, se extendería durante casi 150 años, hasta que en 1982 la Argentina decidió un último intento por recuperar lo que legítimamente reclama, desencadenando un conflicto bélico que Londres aprovechó para reafirmar no sólo su control territorial, sino también su narrativa imperial de orgullo y poder.

Pero no nos equivoquemos: las Malvinas nunca fueron un simple puñado de rocas deshabitadas o un paraje inhóspito lleno de lobos marinos y pingüinos. Desde su descubrimiento, estas islas fueron vistas como una llave geopolítica vital para controlar las rutas marítimas globales, y más tarde, la circulación del petróleo estratégico desde Oriente Medio hacia Occidente. Esa obsesión estratégica explica por qué en 1982 Estados Unidos no dudó en brindarle apoyo tácito a Gran Bretaña, habilitando sus bases aéreas en la región, satélites y reafirmando así su política global de dominación a través de alianzas militares y diplomáticas. En este tablero de poder, la soberanía no se sostiene sólo con argumentos jurídicos o históricos; requiere del respaldo ineludible de una fuerza militar disuasiva capaz de hacer respetar los reclamos.

El Reino Unido, impulsado por una lógica imperialista, consolidó su presencia en las Islas Malvinas tras la Segunda Guerra Mundial, aprovechando la explotación de recursos pesqueros y la detección de importantes yacimientos hidrocarburíferos, lo que aumentó la relevancia geopolítica del archipiélago (Barker et al., 1975). La ascensión de Margaret Thatcher al poder en 1982 convirtió la disputa por las Malvinas en una oportunidad política clave para consolidar su liderazgo y estimular el orgullo nacional británico a través de la victoria militar en el conflicto bélico. Aunque la guerra sorprendió tanto a la población como al gobierno británico, la victoria se transformó en un momento político que Thatcher supo aprovechar para reactivar un nacionalismo basado en la fuerza militar y la nostalgia de un poder imperial renovado (Monaghan, 1998).

Un hecho emblemático en esta pugna ocurrió el 4 de febrero de 1976, cuando el destructor ARA Almirante Storni de la Armada Argentina interceptó al buque de investigación oceanográfica británico RRS Shackleton, que operaba a 78 millas al sur de Puerto Stanley, dentro del límite de jurisdicción argentina de 200 millas. La orden impartida fue clara y tajante: “Detenga las máquinas o abriré fuego”. A pesar de los disparos de advertencia realizados por el Storni, con el apoyo aéreo de un avión Neptune, el Shackleton prosiguió su rumbo hacia la capital colonial, Puerto Stanley. Esta acción, autorizada por la Presidencia de María Estela Martínez de Perón, considerada débil por algunos sectores, no escaló a un enfrentamiento armado, pero constituyó un contundente mensaje de Buenos Aires, negando cualquier derecho británico a explotar unilateralmente los recursos de las islas (Lanús, 2011).

Este incidente vulneró el tácito “principio de no innovar” que ambos países habían respetado hasta entonces en materia de explotación económica en la zona, lo que motivó el retiro de embajadores y un endurecimiento de las posturas diplomáticas (Lanús, 2011). Cabe destacar que el interés británico se había exacerbado tras la publicación en marzo de 1975 del informe “Geology of the Region around the Falkland Islands”, elaborado por el Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Birmingham, el cual confirmó las grandes posibilidades de encontrar petróleo en la región (Barker et al., 1975). En respuesta, la Cancillería argentina emitió un comunicado el 19 de marzo de 1975 en el que manifestaba categóricamente que no reconocería “ningún derecho relativo a la exploración y explotación de minerales o hidrocarburos por parte de un gobierno extranjero” en las Malvinas y áreas adyacentes, calificando cualquier acción británica en ese sentido como “insanablemente nula” (Lanús, 1987).

La mencionada misión constituyó un punto de inflexión decisivo en la escalada de la disputa por las Islas Malvinas. La operación, interpretada por Argentina como una violación directa a su soberanía, desencadenó una reacción política y diplomática sin precedentes. El 17 de marzo de 1975, el Congreso argentino, con un consenso unánime entre oficialismo y oposición, emitió un dictamen categórico que calificaba la “misión Shackleton” como un “atentado” contra la soberanía nacional. En dicho documento se proponía desconocer el arbitraje británico en la disputa limítrofe con Chile –promovido por el gobierno de facto de Agustín P. Lanusse– y se exigía convocar al Canciller inglés a una reunión “a puertas cerradas” para abordar la cuestión Malvinas, bajo amenaza de ruptura total de relaciones si no se atendían estas demandas.

Esta contundente postura parlamentaria no sólo reflejaba la sensibilidad nacional frente a la intromisión británica, sino que evidenciaba un endurecimiento del reclamo soberano que profundizó la fractura diplomática y marcó el fin de cualquier tolerancia hacia las acciones unilaterales británicas. La Organización de los Estados Americanos (OEA), por su parte, respaldó a Argentina, calificando la misión Shackleton como una “innovación unilateral” que amenazaba la paz hemisférica, y reafirmó el “inobjetable derecho de soberanía” argentino sobre las Malvinas (OEA, 1976). Aunque esta posición internacional conjunta no logró detener las ambiciones británicas, sí confirmó la gravedad y alcance del conflicto, mucho antes de que estallara la guerra.

El carácter provocador y simbólico de la misión Shackleton, junto con la confirmación del potencial petrolero en la región, intensificó las tensiones y aceleró un proceso de radicalización dentro del gobierno militar argentino. La Junta, enfrentando una severa crisis económica y desgaste político, vio en la recuperación de las Malvinas una oportunidad para fortalecer su legitimidad y recuperar apoyo popular. Así, la defensa inicial frente a la intromisión británica –que comenzó con la enérgica reacción ante el Shackleton– evolucionó hacia una escalada que desembocaría en la confrontación militar (Lanús, 1984).

El general Leopoldo Galtieri, al asumir el mando, estaba convencido erróneamente de que el Reino Unido no respondería con fuerza y que Estados Unidos mantendría una postura neutral. Bajo estas premisas, autorizó una acción bélica que subestimaba profundamente la complejidad geopolítica, desconocía la historia de Inglaterra y no conocía la superioridad militar de Gran Bretaña y sus aliados de la OTAN (Romero, 2007). Las decisiones fueron adoptadas sin consulta ni consenso, en un contexto marcado por la improvisación y el oportunismo, condenando a Argentina a un conflicto anunciado.

En el marco global de la Guerra Fría, Argentina actuó como un peón manipulado por intereses mayores, donde Estados Unidos, la OTAN y la Unión Soviética movían sus fichas con astucia. La Unión Soviética, sin involucrarse directamente, brindó apoyo indirecto a través de intermediarios como Libia, buscando debilitar a sus rivales occidentales. Sin embargo, el detonante local fue la suma de hechos y decisiones que comenzaron con la misión Shackleton y la fuerte reacción política que provocó. Un momento clave en esta dinámica ocurrió en octubre de 1981, cuando Galtieri viajó a Estados Unidos y se reunió con funcionarios del Pentágono. Allí recibió señales ambiguas que interpretó como un aval tácito para lanzar la operación militar. Se le hizo creer que el verdadero interés estadounidense residía en el petróleo de la cuenca atlántica y que podría negociarse un canje de soberanía por derechos de explotación (Infobae, 2023).

Esta percepción errónea, alimentada por una compleja trama diplomática y la secuela de la misión Shackleton, empujó a Argentina hacia un conflicto para el que no estaba preparada, con un desenlace fatal. Además, la Junta Militar fue engañada por señales británicas, como la reducción y retirada de buques, interpretadas como una falta de interés en las islas. Esta interpretación, junto con la relación privilegiada entre Argentina y Estados Unidos a través de la “Operación Charly” en Centroamérica, reforzó la idea de que Washington actuaría como mediador para evitar la guerra. Nada de esto ocurrió. Cuando la Task Force británica zarpó, Galtieri se encontró solo y Argentina pagó un alto precio (Infobae, 2023).

La guerra fue fabricada, como advierte Héctor Tessey, de tal modo que incluso el sentimiento popular fue manipulado, reducido a banderas y carteles mientras las grandes potencias jugaban al ajedrez con nuestras vidas (Tessey, 2022). La reflexión de Tessey sostiene que la guerra no fue solo una expresión del fervor nacionalista, sino un instrumento geopolítico. Basándose en los estudios de Mariano Bartolomé –quien en “El conflicto del Atlántico Sur: la hipótesis de una guerra fabricada” (Bartolomé, 1997) distingue causas endógenas y exógenas– Tessey considera que las causas internas no explican por sí solas el conflicto. Más bien, responde a intereses globales donde la disputa por las Malvinas se inserta en un escenario de tensiones internacionales.

Desde la perspectiva exógena, ambas investigaciones coinciden en que el conflicto fue impulsado principalmente por intereses externos. Gran Bretaña y sus aliados buscaban mantener el control del Atlántico Sur y frenar la expansión soviética durante la Guerra Fría. La importancia estratégica de las Malvinas para el Reino Unido, Estados Unidos y la OTAN fue decisiva en la escalada (Bartolomé, 1997; Tessey, 2022). Así, Argentina enfrentó no sólo la ocupación británica, sino un entramado geopolítico donde potencias occidentales defendían sus intereses frente a la URSS.

Tessey señala que las gestiones británicas sobre la soberanía, hacia 1981, tendían a neutralizar cualquier posibilidad de negociación. Ante esta inacción diplomática, la Junta optó por una estrategia de ocupación para forzar un acuerdo, una táctica que Tessey describe como “perfectamente pensada, planificada y ejecutada” (Tessey, 2022). Esta idea de “ocupar para negociar” evidencia que el uso de la fuerza buscaba fines diplomáticos, más que una acción bélica descontrolada.

El llamado “incidente Davidoff”², que involucró el desembarco de operarios argentinos en las Islas Georgias del Sur bajo el pretexto de tareas de desguace, significó en los hechos un adelantamiento del cronograma previsto para la recuperación de Malvinas. Lejos de ser un hecho fortuito, este episodio funcionó como catalizador del conflicto, y –según sostiene Tessey (2022)– constituyó una “trampa” cuidadosamente inducida para forzar una respuesta británica que legitimara la escalada militar. Las autoridades del Reino Unido, conscientes del movimiento argentino, habrían capitalizado el suceso para intensificar la tensión en el Atlántico Sur. En este marco, el informe de la Comisión Franks³, alineado con la narrativa exculpatoria del gobierno de Margaret Thatcher, buscó encubrir estas maniobras estratégicas que abonaron deliberadamente el terreno para la guerra.

Mientras Jorge Isaac Anaya urdía en las sombras su propia tragicomedia naval desde Londres, en Washington Leopoldo Fortunato Galtieri era agasajado con pompa y circunstancia en la residencia del embajador Esteban Takács. Era el 2 de noviembre de 1981 y, entre canapés y bourbon, desfilaban figuras de peso de la política estadounidense como Caspar Weinberger, Richard Allen, Thomas Enders y Vernon Walters (Sáenz, 2003). Galtieri, convertido en el “niño mimado” de Washington, no era admirado por su genio estratégico –del que carecía– sino por su utilidad en el tablero geopolítico: para algunos, un Patton de opereta, célebre no por victorias sino por frases grandilocuentes y fracasos estratégicos (Sáenz, 2003, p. 45).

Anaya y Galtieri, cada uno en su rol, compartían la misma megalomanía disfrazada de patriotismo y una sorprendente capacidad para precipitarse en los brazos de sus supuestos enemigos. El primero, obsesionado con planes militares que archivaba en secreto y con una épica naval que sólo existía en su imaginación, se mostró incapaz de leer las señales británicas. Sus años en Londres como agregado naval, prolongados más allá del tiempo habitual por solicitud de los propios británicos, habían sido un desfile de cortesías inútiles y saludos de ascensor que, en su relato posterior, adquirían un aire de alto espionaje cuando no pasaron de teatro de sombras (Escudero Zadrayec, 2023). Su torpe manejo del inglés no facilitaba romper el hielo con los altivos oficiales británicos, pero eso no impidió que años después se creyera el gran estratega capaz de “darle una lección” a la mismísima Corona.

La historia personal de Anaya ayuda a comprender su papel en la tragedia de 1982. Nacido en Bahía Blanca en 1926, se formó en la Escuela Naval Militar y se graduó como guardiamarina en 1947. Su carrera estuvo marcada desde temprano por una ambición notable y una formación técnica sólida en artillería naval. Durante la década de 1950, ya con el grado de teniente de navío, Anaya participó activamente en las conspiraciones militares contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. En 1955 se sumó al levantamiento conocido como Revolución Libertadora, siendo parte de las operaciones navales que bombardearon la ciudad de Buenos Aires y que contribuyeron decisivamente al derrocamiento del presidente.

Décadas más tarde, Anaya sería el principal impulsor de la decisión de recuperar militarmente las Islas Malvinas, prometiendo a fines de 1981 el apoyo de la Armada para catapultar a Galtieri a la Presidencia tras desplazar a Roberto Viola. Fue la tercera Junta Militar del Proceso, concebida en un contexto de creciente debilidad política y social. La historiografía tradicional explica esta decisión como un intento desesperado de la dictadura por perpetuarse en el poder, apoyando así la teoría de las causas endógenas del conflicto.

Diversos testimonios acreditan el rol central de Anaya en la gestación de la crisis. El almirante Lombardo, jefe del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur durante la guerra, relató en 2002 que en diciembre de 1981 fue citado por Anaya, quien le informó que Argentina buscaría recuperar las islas. Hasta ese momento, sólo Anaya y Lombardo conocían el plan: “Estoy convencido de que Galtieri no tenía ni idea de Malvinas. No habrá pasado una semana y con Anaya vamos a ver a Galtieri. Hasta ese momento el único enterado era yo”, afirmó Lombardo. Además, destacó que no fue una decisión colectiva de la Junta, ya que “Lami Dozo no sabía nada”.

Galtieri, por su parte, se embriagaba con los halagos norteamericanos sin advertir que la alfombra roja en Washington era, en realidad, un sendero hacia el precipicio. Mientras Anaya impulsaba la aventura militar con una convicción casi suicida –y ya en 1977 había bosquejado un plan de ocupación de Malvinas (Kasanzew, 2013)–, Galtieri jugaba al soldado heroico, convencido de que una guerra devolvería la gloria perdida al régimen autocrático y lo colocaría en el bronce junto a San Martín. Juntos formaron un dúo temerario, más preocupado por lavar la imagen de la Junta que por medir las consecuencias geopolíticas de sus actos.

En ese juego de egos inflados y de realpolitik mal entendida, el destino de miles de jóvenes argentinos quedó sellado. Anaya, que años después admitiría en privado haber caído en una “trampa inglesa” (Escudero Zadrayec, 2023), fue uno de los principales motores de una maquinaria bélica que confundió patriotismo con temeridad. Galtieri, entre brindis en Washington y discursos grandilocuentes, se imaginaba un libertador de manual, pero terminó arrastrando al país a una guerra precipitada y desigual. Sin embargo, en medio de aquella locura, fueron los conscriptos y muchos militares de carrera –hombres humildes y valientes– quienes, con gallardía y heroísmo, enfrentaron al enemigo en condiciones extremas, escribiendo páginas de honor en la historia nacional. A todos ellos, caídos y sobrevivientes, corresponde el más sentido y profundo respeto.

Entre Londres y Washington, Anaya y Galtieri jugaron a estadistas sin comprender que eran meros peones en un ajedrez imperial, donde la soberanía argentina fue utilizada como ficha de cambio. Pero en las islas, en las trincheras heladas y bajo el fuego enemigo, los verdaderos héroes supieron encarnar la dignidad de una Nación que jamás se rindió.

La Diplomacia Opaca: El Rol Ambiguo de la cancillería argentina en la guerra de Malvinas

En abril de 1982, mientras en Buenos Aires la dictadura se congratulaba con la “reconquista” de las islas Malvinas, en Nueva York se cocinaba un desastre diplomático a fuego lento que marcaría el preludio de la derrota argentina. Allí, en las alfombradas salas del Consejo de Seguridad, el canciller Nicanor Costa Méndez y su embajador Eduardo Roca se encargaron de ejecutar, con sorprendente eficacia, una rendición anticipada. ¿Fue una traición consciente, una mezcla letal de arrogancia e ineptitud, o ambas cosas?

Todo empezó con la destitución de Juan Carlos Beltramino como representante argentino ante la ONU. Su pecado capital había sido demasiado obvio para pasarlo por alto: una cercanía incómoda con el bloque de Países No Alineados, esos mismos que Londres y Washington deseaban neutralizar en la inminente pulseada diplomática. En su lugar, la Cancillería envió a Eduardo Roca, un diplomático de carrera pero carente de la cintura política y el conocimiento del terreno necesarios para sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Apenas arribado a Nueva York, Roca fue recibido con cálidos apretones de manos y promesas vacías que confundió con apoyo real.

Fue el embajador jordano, Hazem Nuseibeh, quien le inoculó el primer brote de optimismo infundado: “Gran Bretaña no logrará los votos necesarios”, le aseguró con la tranquilidad de quien observa el juego desde la tribuna. Le siguió Jeane Kirkpatrick, embajadora de EEUU, con una afirmación cargada de ironía: “Es imposible que el Reino Unido lleve el caso Malvinas al Consejo de Seguridad”. Roca, que recién empezaba a desempacar sus maletas, se aferró a estas palabras como si fueran dogmas (Cardoso, et al, 1983, pp. 89, 119‑127).

La realidad era otra: sir Anthony Parsons, representante británico, ya había activado toda la maquinaria diplomática. Parsons no necesitaba grandilocuencia, sino método. Con precisión quirúrgica, aceleró la convocatoria a una sesión urgente del Consejo para el 1º de abril, convenció al presidente rotativo Kamanda wa Kamanda de emitir un llamado a la “moderación” y tejió una red de compromisos con los miembros permanentes y no permanentes del Consejo. Mientras en la embajada británica se descorchaba champagne, en la misión argentina Roca aún soñaba con discursos solidarios y votos de último minuto (Parsons, 1983, pp. 169‑178).

La entrada en escena de Costa Méndez solo empeoró las cosas. El canciller argentino cargaba sobre sus hombros una reputación deplorable entre los países del Tercer Mundo. No es que le faltaran credenciales para la arrogancia: años antes se había despachado con la frase “Argentina no pertenece al Tercer Mundo”, un insulto que seguía retumbando en la memoria de quienes consideraban las Malvinas como una causa anticolonial legítima. Su intervención en el Consejo fue un catálogo de errores: en lugar de desplegar argumentos jurídicos robustos sobre la soberanía argentina, se dedicó a dictar instrucciones sobre “cómo votar” a los No Alineados. Según Roca, solo el delegado de Panamá lo escuchó sin apartar la vista en señal de fastidio (Cardoso et al., 1983).

Parsons, mientras tanto, ejecutó una danza diplomática impecable. El 3 de abril, Gran Bretaña consiguió 10 votos a favor de la Resolución 502, 1 en contra (Panamá) y 4 abstenciones (China, URSS, España y Polonia). Esta resolución no sólo exigía la retirada inmediata de las tropas argentinas, sino que también le otorgaba al Reino Unido la legitimidad jurídica para invocar el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas: el derecho de legítima defensa. Thatcher no perdió un segundo: convocó al Parlamento británico a una sesión extraordinaria en sábado –la primera desde la crisis de Suez– y ordenó el zarpe inmediato de la fuerza de tareas encabezada por los portaaviones Invincible y Hermes (Margaret Thatcher Foundation, 1982).

En Buenos Aires, la Junta Militar seguía atrapada en su propio relato triunfalista. Mientras en Nueva York se desmoronaba cualquier posibilidad de frenar la respuesta británica, los generales se aferraban a la ilusión de una mediación estadounidense, como si Alexander Haig pudiera hacer magia frente a la maquinaria bélica que ya avanzaba a toda velocidad. La Base Ascensión, en medio del Atlántico, comenzaba a llenarse de aviones británicos que aguardaban órdenes para entrar en combate.

El Informe Rattenbach, redactado meses después del conflicto, fue categórico: la Cancillería había subestimado por completo la capacidad británica para acudir al Consejo de Seguridad y no elaboró ninguna estrategia para evitar que Londres se hiciera con la iniciativa. La frase lapidaria del Washington Post terminó de sintetizar la debacle: “Gran Bretaña es una potencia de décima, pero con una diplomacia de primera”.

¿Fue negligencia o traición? Costa Méndez parecía más ocupado en congraciarse con Washington que en construir alianzas con el Tercer Mundo al que despreciaba. Roca, por su parte, se comportó como un turista diplomático, incapaz de anticipar que los mismos embajadores que le ofrecían sonrisas en los pasillos votarían en contra suya en la sala. Y la eliminación de Beltramino, el único con capacidad de tender puentes con los No Alineados, terminó de cavar la fosa.

La guerra, en definitiva, no comenzó el 2 de abril con el desembarco en Puerto Stanley, sino en las salas de la ONU, donde Argentina se desangró entre discursos mal redactados y alianzas mal calculadas. Mientras Londres desplegaba una operación diplomática brillante, Buenos Aires ensayaba una política exterior digna de un sainete. El resultado estaba cantado: la rendición militar sólo fue el epílogo de una rendición diplomática que había tenido lugar en Nueva York.

En el análisis de la diplomacia argentina durante la Guerra de Malvinas, la figura de Nicanor Costa Méndez se revela no como un simple funcionario superado por las circunstancias, sino como un actor clave cuyo desempeño, cuando menos, merece ser puesto bajo la lupa más crítica. Lejos de ser un gestor eficiente de la política exterior, su actuación se caracterizó por graves negligencias, errores estratégicos y una desconcertante falta de claridad respecto de las consecuencias de sus decisiones, que en muchos aspectos parecieron favorecer más a la agenda británica que a la defensa de la soberanía nacional.

El Informe Rattenbach establece con contundencia las responsabilidades que pesan sobre el ex canciller. Desde el inicio, Costa Méndez no adoptó las previsiones mínimas para que cargos clave en su área estuviesen cubiertos por funcionarios con experiencia e idoneidad comprobadas, lo que denota una falta de profesionalismo y previsión inadmisible en un contexto tan delicado. Más grave aún, subestimó la reacción internacional que una acción de ocupación militar podía generar, ignorando o minimizando las posibles respuestas tanto del Reino Unido como de Estados Unidos, a pesar de haber recibido alertas anticipadas.

Fue Costa Méndez quien, en febrero de 1982, a través de un comunicado ampliatorio que resultó inoportuno e imprudente, dejó entrever la intención argentina de cambiar la estrategia diplomática hacia la ocupación militar. Este comunicado no sólo fue un error táctico que encendió las alarmas en Londres, sino que, por su contenido, terminó siendo interpretado como una amenaza velada, dando pistas al adversario sobre la inminencia de una acción que todavía se suponía reservada a la sorpresa estratégica.

Pese a su condición de ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Costa Méndez no asesoró adecuadamente ni alertó al gobierno sobre la real magnitud del aislamiento diplomático en el que se encontraba Argentina ni sobre la capacidad de maniobra limitada en foros internacionales, especialmente en la ONU. La llegada del embajador Eduardo Roca, en condiciones precarias de salud y sin tiempo para prepararse adecuadamente, fue otro síntoma del descuido diplomático bajo su mando. En un escenario dominado por la frialdad política hacia Argentina, con una fuerte oposición debido a denuncias por violaciones a los derechos humanos y el alineamiento de muchos países hacia el Reino Unido, la ausencia de una estrategia sólida y coordinada fue letal.

Peor aún, Costa Méndez ignoró o no le dio la importancia debida a las señales inequívocas del gobierno de Estados Unidos, que desde el 1º de abril dejó claro que su apoyo sería para Londres en caso de conflicto, rompiendo cualquier esperanza de neutralidad o amparo político. La información fue transmitida al canciller, pero no se tradujo en una corrección de rumbo ni en advertencias claras a Galtieri o a la Junta Militar. Esta ceguera política resultó en un fatal error de cálculo que condujo a la Argentina a una guerra que estaba condenada desde antes de que comenzara.

El ex canciller también cometió el desatino de propiciar el adelantamiento de la Operación Azul, precipitando decisiones improvisadas que carecían de respaldo político y estratégico. Además, no supo manejar las negociaciones diplomáticas de manera adecuada ni aprovechar las oportunidades que se presentaron para resolver el conflicto sin recurrir a la fuerza. Su actitud efectista y sus planteos poco razonables cerraron, en buena medida, las puertas a soluciones negociadas y pragmáticas.

Lo más alarmante, sin embargo, son los indicios que apuntan a que Costa Méndez no solo fue negligente, sino que podría haber actuado como un arquitecto silencioso de una rendición anticipada. Mientras el pueblo argentino aún vivía la ilusión de la recuperación definitiva de las Malvinas, el canciller mantenía conversaciones discretas con interlocutores británicos y estadounidenses, negociando las condiciones para una retirada diplomática anticipada. En este escenario, la guerra ya estaba perdida antes de disparar el primer cañonazo, porque la batalla fundamental se libró y perdió en las salas diplomáticas más importantes del mundo, en particular en la ONU, donde Costa Méndez –sin disparar ni un solo tiro– firmó la rendición de la diplomacia argentina.

La diplomacia británica, ejecutada con profesionalismo y una estrategia de poder global, contrastó duramente con la frágil y errática gestión de Costa Méndez. Su accionar, marcado por la falta de previsión, la improvisación y la evidente desconexión con la realidad política internacional, terminó poniendo en evidencia no sólo la debilidad institucional del régimen militar sino también una suerte de traición fría, donde los intereses de un círculo reducido parecieron primar por encima de la defensa genuina de los derechos nacionales.

En definitiva, la actuación del canciller no puede leerse únicamente como una cadena de errores o falta de tino, sino como una conducta política y diplomática que contribuyó decisivamente a la derrota, mediante un manejo irresponsable y opaco de las negociaciones y decisiones clave, que dejó a la Argentina en una posición de indefensión estratégica y moral frente al adversario y la comunidad internacional.

La eterna comedia de errores y un “académico” con brújula descalibrada

Seamos rigurosos, pero también honestos. Marcelo Kohen no es un improvisado ni un opinador de ocasión: es una figura de peso en el ámbito del Derecho Internacional, respetado en círculos académicos y diplomáticos, y frecuentemente consultado por gobiernos y organismos multilaterales. Es, sin dudas, un jurista con credenciales. Pero ni el prestigio ni la erudición eximen del error político, estratégico ni, mucho menos, de actuar –quizás sin plena conciencia– en línea con intereses que contradicen el sentir profundo de una nación y el mandato constitucional sobre el que se apoya su integridad territorial.

Su propuesta para las Malvinas –ese compendio de 20 puntos presentado directamente a los isleños– ha encendido una chispa de indignación que va mucho más allá del debate técnico. Porque si algo ha demostrado la historia es que, en cuestiones de soberanía, el formalismo jurídico no puede abstraerse del contexto político, ni el academicismo de escritorio puede reemplazar la voluntad popular. Menos aún cuando las implicancias de tal propuesta se traducen, en la práctica, en una cesión programada de soberanía.

Kohen, en 2018, decidió plantarse en Malvinas con la determinación de quien cree haber descubierto una nueva vía para resolver un conflicto centenario. Su idea central –“soberanía argentina, autonomía isleña”– suena bien en los foros de Ginebra, pero en el suelo fueguino, donde el viento arrastra historia y memoria, es percibida como una fórmula decorativa que encubre un acto de entrega. Y no sin razón. Porque entre los puntos más destacados de su propuesta figuran concesiones que, lejos de robustecer el reclamo argentino, parecen más bien validar los postulados británicos: creación de una “provincia especial” con régimen propio, limitaciones a la inmigración argentina, representación kelper en organismos internacionales y, la joya de la corona, un referéndum a los 30 años para que los isleños decidan su destino.

No hace falta demasiada suspicacia para advertir que, en ese esquema, la soberanía argentina queda congelada en el tiempo, subordinada a una autodeterminación construida sobre un andamiaje colonial. Es, como bien lo ha señalado Luciano Moreno Calderón, fundador de la Unión Malvinizadora Argentina (UMA), un atentado directo contra la integridad territorial de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La propuesta de dividir la provincia y entregarle a los isleños herramientas para consumar una secesión con ropaje constitucional no solo es jurídicamente discutible: es, a todas luces, políticamente insostenible.

La historia es clara. En 1833, el Reino Unido expulsó por la fuerza a la población argentina y estableció una colonia. Desde entonces, ha operado una política de exclusión migratoria que garantiza que los únicos habitantes sean súbditos leales a la corona. Y ahora, Kohen sugiere que se respete esa “identidad” y que se les reconozca el derecho a decidir el futuro del territorio. ¿Cómo se puede hablar de un referéndum justo en un territorio donde el pueblo original fue removido? ¿Qué clase de autodeterminación es esa, si está viciada de origen?

Kohen, en su propio escrito, reconoce que su propuesta está dirigida más a los isleños que al Reino Unido. Es decir, busca seducir a los ocupantes con beneficios y garantías que, paradójicamente, terminan consolidando la ocupación. Se plantea un régimen migratorio excluyente, un sistema aduanero propio, representación internacional y autonomía administrativa y fiscal. La Argentina, mientras tanto, se comprometería a no molestar. Y dentro de 30 años, una consulta popular resolvería la cuestión. A esta altura, lo único que falta es un moño.

La indignación que ha generado esta iniciativa no es solo jurídica o patriótica: es estratégica. Porque mientras el Reino Unido explota los recursos del Atlántico Sur, militariza el archipiélago, y desafía abiertamente el derecho internacional, ciertos sectores de la élite argentina prefieren hablar de “soluciones creativas”, “zonas de cooperación” o “diálogos pragmáticos”. Es una versión local de la “colonialidad” que tanto se denuncia en otros contextos: un pensamiento subordinado que, en nombre del realismo, entrega lo que el derecho nos reconoce.

En este marco, la figura de Kohen se vuelve central. Porque no estamos hablando de un asesor técnico, sino de un miembro del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas. Alguien cuya voz, para bien o para mal, tiene peso institucional. Y que, en lugar de fortalecer la posición argentina, propone caminos que desdibujan el reclamo y lo reconfiguran en términos que favorecen, explícitamente, al ocupante. No es menor que su propuesta desconozca o relativice la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que obliga al Estado argentino a recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre las islas, respetando el modo de vida de sus habitantes, sí, pero no renunciando a lo que es inalienable.

Más aún, la interpretación que hace Kohen del artículo 2 de la ley de provincialización –según la cual se podría modificar el estatus de las islas sin el consentimiento de la provincia– ha sido duramente cuestionada. No sólo por su inconsistencia jurídica, sino porque en la práctica representa una forma de desmembramiento territorial que sólo puede ser calificada como inconstitucional.

Pero no se trata sólo de Kohen. Su postura representa una corriente dentro de la diplomacia argentina que, desde hace años, apuesta a estrategias de cooperación asimétrica, de concesión sin reciprocidad, y de “gestos de buena voluntad” que nunca son devueltos. El Comunicado Conjunto Foradori-Duncan de 2016 es un ejemplo elocuente: presentado como un avance, terminó siendo un retroceso diplomático de proporciones. Y ahora, bajo otras formas, se repite la lógica: abrir el juego a los ocupantes, eliminar obstáculos, facilitar inversiones, a cambio de… nada. Kohen, con su propuesta, no escapa a esa lógica: la encarna con brillantez académica y una ingenuidad política que asombra.

No deja de ser paradójico que, mientras el Reino Unido mantiene una reserva expresa para evitar que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre Malvinas, Kohen haya sido promovido como candidato argentino a ese mismo tribunal. Una postulación que, como bien señaló el diplomático Guillermo Rossi, era un desatino estratégico, pues hubiese implicado legitimar la posición británica o, peor aún, abrir la puerta a una opinión consultiva que reconozca la existencia de un “conflicto de soberanía”, igualando víctima y victimario.

Y ahí reside, tal vez, el mayor problema de fondo: la falta de visión política. Porque no se puede hablar de soberanía sin hablar de geopolítica. Y la geopolítica hoy indica que la Argentina ha perdido músculo en los foros internacionales, ha debilitado sus alianzas estratégicas, y carece de un proyecto de inserción global coherente. En ese contexto, presentar una propuesta como la de Kohen es entregar una hoja de ruta a los británicos sobre cómo consolidar la ocupación con el aval –implícito o explícito– del país que debería reclamar.

La realidad es que la recuperación de Malvinas no será nunca el resultado de un proceso técnico-jurídico. Será un acto político, con consenso nacional, apoyo regional e inteligencia estratégica. Y para eso, no se necesita redactar tratados que nadie firmará, sino fortalecer la conciencia nacional, consolidar el respaldo internacional, generar Fuerzas Armadas fuertes y ejercer una diplomacia activa, que no confunda pragmatismo con claudicación.

Marcelo Kohen ha sido, sin dudas, un actor valioso en múltiples escenarios del derecho internacional. Pero en este caso, su propuesta no solo es errada: es peligrosa. Porque encubre, bajo la retórica del “realismo”, una renuncia progresiva a lo irrenunciable. Y eso, más allá de las intenciones, es algo que la Argentina no puede permitir. Porque cuando se trata de la soberanía, no se negocia ni con contratos a 30 años ni con manuales de urbanidad para colonias anacrónicas. Se defiende. Sin eufemismos. Sin ambigüedades. Y sin pedir permiso.

Formado administradores semicoloniales

En una jugada que combina la sutilidad de un veneno de acción lenta con la desfachatez de quien se sabe impune, el Reino Unido ha perfeccionado un mecanismo de penetración cultural que bien podría ser la envidia de cualquier potencia imperialista. Mientras en el Atlántico Sur siguen ondeando la Union Jack sobre las Islas Malvinas y repiten con obstinación de disco rayado de que “no hay nada que discutir” sobre la soberanía, hay un frente mucho más silencioso pero igual de efectivo que las fragatas y los cazas Harrier: las becas Chevening.

Desde 1983, apenas un año después de la guerra, el gobierno británico lanzó el mencionado programa de becas, una operación de diplomacia pública y soft power diseñada para seducir a las futuras élites de países considerados “periféricos”. La narrativa oficial es tan atractiva como engañosa, un auténtico canto de sirena en un mar de ambiciones: “Chevening es el programa de becas internacionales del Gobierno del Reino Unido, financiado por el Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) y organizaciones asociadas. Ofrecemos becas para estudiar durante un año un máster totalmente financiado en universidades británicas a personas con liderazgo demostrado, visión y compromiso con sus comunidades” (Chevening.org). Esta fachada de filantropía educativa, ilustrada con imágenes de jóvenes sonrientes en Oxford y Cambridge, no es más que la maquinaria aceitada de construcción de influencia que Londres ha sabido perfeccionar con el tiempo.

En Argentina, este programa comenzó a operar en plena reconstrucción “democrática”. La Embajada Británica en Buenos Aires ha organizado desde entonces sesiones informativas en universidades como la Nacional de Rosario (UNR), donde estudiantes, cual corderos hipnotizados, escuchan atentamente a exbecarios que les cuentan la experiencia de formarse en el Reino Unido. Los requisitos, aunque exigentes –profesional con dos años de experiencia, inglés avanzado y un plan de carrera–, se presentan como un camino de superación personal y no como la antesala de una adhesión sutil a los intereses de la Corona. El paquete que cubre la beca es un señuelo irresistible: pasajes, matrícula universitaria, alojamiento, manutención, visa y hasta los libros de estudio. Un paquete tan completo que, para muchos, justifica el pacto tácito con un gobierno que mantiene un enclave colonial en territorio argentino.

El quid de la cuestión reside en la pregunta incómoda que pocos se atreven a formular en voz alta: ¿por qué Londres invierte millones de libras cada año en formar a los futuros líderes de Argentina, Brasil, Chile o Perú? La respuesta se encuentra en los propios documentos del Foreign Office: “Chevening busca desarrollar relaciones de largo plazo con quienes serán tomadores de decisión en sus países de origen, para promover los valores británicos y fortalecer la posición global del Reino Unido” (BBC News, 2010). Este enfoque, ni novedoso ni altruista, se basa en la misma lógica que inspiró a Estados Unidos a lanzar el programa Fulbright en 1946: si los futuros ministros, jueces, periodistas o empresarios de un país pasan un año inmersos en la cultura, la política y los valores de una potencia, es probable que luego sean más comprensivos –o, al menos, menos hostiles– a sus intereses. El Informe Wilton Park de 1997, un think tank británico especializado en política exterior, lo planteaba sin ambages: la influencia sobre las élites formadas en universidades británicas es “un activo estratégico de primer orden” (Informe Wilton Park, 1997).

En el caso argentino, este poder blando británico tiene un sabor agridulce. Se despliega en paralelo a un conflicto irresuelto sobre la soberanía de las Malvinas, ignorando resoluciones de Naciones Unidas como la 2065 (XX) de 1965 que instan a un diálogo bilateral. Mientras tanto, destina fondos para formar a quienes mañana podrían ocupar cargos clave en el Congreso, la Cancillería o los medios de comunicación de Buenos Aires. ¿Casualidad? Resulta difícil de creer. Se estima que al menos 500 profesionales argentinos han pasado por el programa Chevening desde su creación, muchos de ellos ocupando hoy cargos de responsabilidad en sectores públicos y privados. Sin ser conscientes, o peor aún, siéndolo, se convierten en idiotas útiles, promotores involuntarios de una agenda que busca legitimar la ocupación británica. Mientras Londres les ofrece este “abrazo académico” a las juventudes latinoamericanas, mantiene su puño cerrado sobre las Malvinas, aplicando un férreo control migratorio, pesquero y petrolero, y militarizando el territorio. Los exbecarios son celebrados como “amigos del Reino Unido”, mientras los legítimos titulares de la soberanía son expulsados o ninguneados. Es imposible no recordar la frase atribuida a Lord Palmerston: “Inglaterra no tiene aliados eternos ni enemigos perpetuos; Inglaterra solo tiene intereses eternos.”

La estrategia no se detiene en las becas. Una iniciativa aún más provocadora y cínica es el concurso “Conociendo a mis vecinos de las Islas Falkland”. Bajo este falso lema de intercambio cultural, la Embajada Británica busca moldear percepciones, desactivar resistencias simbólicas y legitimar la ocupación británica. El mecanismo es simple y efectivo: se invita a estudiantes de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay a enviar un video en inglés explicando por qué les gustaría conocer a sus “vecinos de las Islas Falkland”. La consigna, cargada de un sentido político descarado, ya introduce la nomenclatura británica del territorio en detrimento de la denominación oficial argentina. Se buscan jóvenes con proyección en redes sociales, “influencers” en potencia con pasaporte válido y capacidad de amplificar un mensaje de cercanía y normalidad que contrarreste la narrativa argentina sobre la ocupación.

Este concurso, que ya lleva varias ediciones, no es un simple viaje de estudios. Es una operación de poder blando que busca generar lazos humanos con el objetivo implícito de consolidar una narrativa en la que las Malvinas son un territorio autónomo, pacífico y democrático. El propósito es claro: desdibujar la historia de despojo y expulsión y presentar a los isleños como una población con derechos soberanos consolidados. Para el gobierno argentino, esta iniciativa es un acto de provocación que ha merecido un rechazo categórico por parte de la Cancillería, en su momento, y de organizaciones de VGM. Sin embargo, a pesar de las críticas, el concurso ha tenido participantes argentinos.

El concurso “Conociendo a mis vecinos de las Islas Falkland” es un ejemplo paradigmático de cómo el Reino Unido combina diplomacia cultural, marketing territorial y seducción mediática para sostener su presencia en un territorio en disputa. Mientras el gobierno británico se niega a dialogar sobre la soberanía, utiliza la atracción y la persuasión para ganar la batalla cultural entre los jóvenes de la región. La participación de universidades como la Católica de Córdoba o la Abierta Interamericana de Rosario en el proceso de selección de estudiantes, aunque sea a través de simples certificados, genera un manto de legitimidad académica que contribuye a la normalización de la ocupación.

En definitiva, las becas Chevening y el concurso “Conociendo a mis vecinos de las Islas Falkland” son las dos caras de la misma moneda. Ambas son herramientas de poder blando diseñadas para moldear percepciones, influir en futuras élites y normalizar una situación colonial que, por derecho, es inaceptable. Es un recordatorio de que las batallas del siglo XXI no siempre se libran con fusiles: a veces se combaten con pasajes aéreos, matrículas universitarias y la seducción de un viaje exótico a un territorio usurpado. La pregunta que queda flotando es: ¿cuánto de estos intereses eternos de la Corona se juegan en la entrega anual de becas y concursos? Y, lo que es más importante, ¿hasta qué punto Argentina puede permitirse que este poder blando británico siga moldeando a quienes mañana podrían ser los negociadores en una hipotética mesa de diálogo?

Bibliografía citada y de consulta

Alonso, M. (1992). La Guerra Fría en América Latina: influencias y conflictos. Editorial Siglo XXI.

Anderson, M. S. (1980). The Ascendancy of Europe: 1815–1914. London: Longman.

Bartolomé, M. C. (1996). El conflicto del Atlántico Sur: una nueva lectura (Una perspectiva diferente). Buenos Aires: Círculo Militar.

Barker, P. F., Burrel, J., Simpson, P., & Griffiths, D. H. (1975). Geology of the region around Falkland Islands. University of Birmingham.

BBC News. (2010). FCO budget cuts hit Chevening scholarships.

Chevening.org. (s/f). Official website.

Commonwealth Scholarship Commission (UK). Annual Reports.

Escudero Zadrayec, A. (2023, 2 de abril). “Estaba convencido de que perdíamos”: entrevista inédita a Anaya, el almirante que decidió la guerra de Malvinas. Infobae. Recuperado de https://www.infobae.com/sociedad/2023/04/02/estaba-convencido-de-que-perdiamos-entrevista-inedita-a-anaya-el-almirante-que-decidio-la-guerra-de-malvinas/

Freedman, L. (2005). The Official History of the Falklands Campaign. Routledge.

Freedman, L., & Gamba-Stonehouse, V. (1982). Signals of war: The Falklands conflict of 1982. Cambridge University Press.

Freedman, L., & Gamba-Stonehouse, V. (2005). Signals of War: The Falklands Conflict of 1982. Princeton: Princeton University Press.

Furlán, L. (1998). Geopolítica y seguridad en América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI.

Infobae. (2023, 26 de noviembre). El viaje de Galtieri a Estados Unidos que bendijo al “general majestuoso”, aceleró la caída de Viola y derivó en la Guerra de Malvinas. Infobae. https://www.infobae.com/sociedad/2023/11/26/el-viaje-de-galtieri-a-estados-unidos-que-bendijo-al-general-majestuoso-acelero-la-caida-de-viola-y-derivo-en-la-guerra-de-malvinas/

Informe Wilton Park. (1997). Soft Power and Public Diplomacy.

Kasanzew, N. (2013). Malvinas a sangre y fuego. Buenos Aires: Cúspide.

Kornbluh, P. (1993). The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability. The New Press.

Lanús, J. A. (1984). De Chapultepec al Beagle: política exterior argentina, 1945-1980 (Vol. 1). Emecé Editores.

Lanús, J. A. (2011). Cuando los ingleses dudaron de sus derechos. En Comisión de Relaciones Exteriores, Cámara de Diputados de la Nación (Ed.), La cuestión Malvinas en el marco del Bicentenario (pp. 1-38). Observatorio Malvinas. https://www.programamalvinas.com.ar/wp-content/uploads/2016/06/05-juan_archibaldo_lanus.pdf

Lewis, P. H. (2001). Guerrillas and Generals: The “Dirty War” in Argentina. Praeger.

Margaret Thatcher Foundation. (1982). Statements and speeches related to the Falklands War.

Monaghan, D. (1998). Margaret Thatcher and the Making of the Falklands Myth. En The Falklands War (pp. 1–38). Palgrave Macmillan.

Organización de los Estados Americanos. (1976). Declaración del Comité Jurídico Interamericano sobre la cuestión de las Islas Malvinas. Recuperado de https://www.oas.org/es/sla/cji/docs/memoria_catalogo_informes_resoluciones_1977-74.pdf

Parsons, A. (1983). The Pride and the Passion: The Diplomacy of the Falklands Crisis. London: HarperCollins.

Rattenbach, C. (1983). Informe sobre la guerra de Malvinas. Junta Militar Argentina.

Romero, L. A. (2007). Las guerras de la Argentina: De la independencia a Malvinas. Editorial Sudamericana.

Sáenz, J. (2015). Malvinas, el secreto de Galtieri. Salta, Argentina: Mundo Gráfico Salta Editorial.

Tessey, H. D. (Ed.). (2022). Malvinas, 40 años: testimonio sobre la guerra del Atlántico Sur. Editorial TAEDA.

Weinberg, A. K. (1950). Manifest Destiny: A Study of Nationalist Expansionism in American History. Chicago: Quadrangle Books.

Weissmann, O. (2011). Fortaleza Malvinas: bases, petróleo y geopolítica. London School of Economics.

Notas al pie

1 La Union Jack es la bandera del Reino Unido y sintetiza la subordinación de varias naciones bajo el dominio británico, al combinar la cruz de San Jorge (Inglaterra), la de San Andrés (Escocia) y la de San Patricio (Irlanda). Cada una de esas cruces representa no solo una tradición nacional, sino su incorporación funcional al entramado imperial que desde Londres ha proyectado dominio global. En ese marco, sostener que todas y cada una de esas naciones constituyen partes orgánicas del enemigo de la patria es afirmar que no existe imperialismo británico sin el consentimiento, la estructura y la acción conjunta de esas entidades estatales. No se trata de un rechazo étnico ni cultural, sino de una denuncia política: en la bandera de su unidad flamea también la continuidad de la ocupación en Malvinas, la militarización del Atlántico Sur y la negación del derecho argentino.

2 El denominado “incidente Davidoff” fue el detonante inmediato de la Guerra de Malvinas y tuvo lugar en las islas Georgias del Sur, cuando el empresario argentino Constantino Davidoff, contratado para desmantelar instalaciones balleneras por una firma británica, izó una bandera argentina al arribar con su equipo, generando la inmediata respuesta del Reino Unido que envió al buque HMS Endurance con marines para desalojarlos. La Junta Militar argentina, interpretando esta acción como una provocación directa, decidió ejecutar la recuperación de las islas por la fuerza mediante la “Operación Rosario” en Malvinas y la “Operación Georgias” en Georgias del Sur. Si bien el episodio en sí pudo parecer menor, en el contexto de la escalada diplomática y militar entre ambos países, se convirtió en el catalizador del conflicto armado, evidenciando las tensiones irresueltas en torno a la soberanía, la falta de diálogo y el deterioro de los canales diplomáticos.

3 El Informe Franks, oficialmente titulado Revisión de las Islas Malvinas, fue elaborado en 1983 por un comité de seis Consejeros Privados del Reino Unido presidido por Lord Franks, con el objetivo de evaluar las responsabilidades del gobierno británico en el período previo a la invasión argentina de las Islas Malvinas en abril de 1982. Encargado por la primera ministra Margaret Thatcher tras consultas multipartidarias, el informe examinó testimonios de altos funcionarios, incluidos miembros del gabinete, y evaluó el uso de inteligencia disponible en ese momento. Aunque criticó aspectos de la diplomacia británica, especialmente la gestión del canciller Lord Carrington, concluyó que el gobierno no podía ser culpado por la “agresión no provocada” de Argentina, exonerándolo formalmente. Esta conclusión generó controversia en el Parlamento, con acusaciones de encubrimiento y defensas que apelaban a la complejidad de la situación previa al conflicto. A pesar de su tono oficial, muchos analistas han leído el informe como un documento doble: una exoneración formal que, entre líneas, deja entrever críticas a la política británica hacia las islas entre 1977 y 1982, así como a la ambigüedad del compromiso con su defensa.