La telaraña del Imperio (parte II)

Entramado de poder británico en Malvinas, Atlántico Sur y Antártida

Por Juan Facundo Besson

Asumid la carga del hombre blanco: enviad a los mejores de vuestra estirpe; id, atad a vuestros hijos al destierro para servir las necesidades de otros; para esperar, bajo el peso del yugo, sobre pueblos inquietos y salvajes, vuestros pueblos recién capturados, hoscos, mitad demonios, mitad niños.

Asumid la carga del hombre blanco: las guerras feroces de la paz; saciad la boca del hambre y ordenad que la enfermedad cese; y cuando el fin esté más cerca, el objetivo buscado para otros, ved cómo la indolencia y la necedad pagana arruinan toda vuestra esperanza.

The White Man’s Burden, Rudyard Kipling

Introducción

El colonialismo británico contemporáneo no se agota en textos constitucionales prolijamente redactados, ni en consejos legislativos cuidadosamente diseñados para simular autogobierno, sino que se despliega como un sistema complejo, articulado y persistente, donde cada dimensión –jurídica, económica, científica, militar, ambiental, social y discursiva– refuerza a las demás. Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida no constituyen espacios separados ni problemáticas aisladas, sino nodos interdependientes de una misma estrategia de dominación que ha aprendido a operar sin estridencias, sin gestos imperiales explícitos y, sobre todo, sin asumir nunca su verdadera naturaleza colonial.

El Reino Unido ha desarrollado, a lo largo del tiempo, una modalidad de dominio que ya no se expresa sólo mediante símbolos explícitos de autoridad imperial, sino a través de mecanismos de gestión que convierten el ejercicio del poder en una práctica rutinaria, casi administrativa. En lugar de imponer su presencia mediante gestos grandilocuentes, ha optado por una lógica más eficaz: disolver la dominación en procedimientos, reglamentos, autorizaciones y circuitos técnicos que organizan el territorio sin necesidad de exhibir mando. La coerción no desaparece, pero se reconfigura como posibilidad siempre disponible, mientras la escena principal es ocupada por una estructura administrativa altamente profesionalizada que ordena espacios distantes con la frialdad de una ingeniería institucional. Desde esta perspectiva, Malvinas no debe ser entendida como una excepción histórica ni como un diferendo detenido en el tiempo, sino como una manifestación madura de un tipo de colonialismo que ya no se legitima por la conquista, sino por la capacidad de regular, clasificar y administrar lo que considera propio.

Al ampliar el foco más allá del archipiélago, lo que se vuelve visible es un dispositivo territorial integrado, en el que Malvinas cumple un rol central pero articulado con otros espacios bajo control británico. Las llamadas Georgias del Sur y Sandwich del Sur y el sector antártico reclamado por el Reino Unido no operan como unidades aisladas, sino como componentes funcionales de una misma proyección estratégica sobre el Atlántico Sur y el espacio polar. En este esquema, la escasa o nula presencia de población civil no constituye un déficit, sino una condición ventajosa: reduce al mínimo cualquier tensión representativa, concentra las decisiones en autoridades designadas desde la metrópoli y permite que la administración técnica sustituya a la política. Allí donde no existe un cuerpo social que interpele, la norma se impone sin mediaciones y la soberanía adopta su forma más desnuda: la capacidad unilateral de decidir.

El corpus normativo y administrativo que sirve de base a esta segunda parte deja en evidencia que el dominio británico en el Atlántico Sur y la Antártida no responde a decisiones improvisadas ni a reacciones circunstanciales. Por el contrario, se trata de una construcción paciente, acumulativa, sostenida en el tiempo mediante ajustes legales, redefiniciones institucionales y consolidaciones regulatorias que persiguen un objetivo constante: preservar el control de espacios estratégicos sin recurrir a las formas clásicas de colonización. En ese marco, ámbitos como la investigación científica, la gestión ambiental y la administración técnica del territorio dejan de ser actividades neutrales para convertirse en herramientas centrales de una forma de poder que produce legitimidad, establece exclusiones y define reglas de acceso conforme a intereses definidos fuera del territorio administrado.

La Antártida representa, en este sentido, la expresión más acabada de esta lógica. Allí, el ejercicio de autoridad prescinde por completo de los elementos clásicos de la soberanía moderna: no hay ciudadanía que represente, ni cuerpo político que legitime, ni instituciones locales que equilibren el poder. La presencia se sostiene a través de infraestructura, logística y producción sistemática de conocimiento, que operan como evidencia material de una ocupación efectiva cuidadosamente encuadrada en los márgenes del derecho internacional. Bajo la retórica de la cooperación científica y la protección del ambiente, se consolida un esquema de posicionamiento estratégico que garantiza al Reino Unido capacidad de influencia decisiva en cualquier escenario futuro vinculado a la gobernanza polar, los recursos estratégicos o las rutas oceánicas emergentes.

Dentro de esta arquitectura ampliada, Malvinas se redefine como un punto de apoyo multifuncional. No es solo un territorio administrado, sino una plataforma desde la cual se articula una presencia militar de alto nivel, se gestionan extensas áreas marítimas, se ordenan circuitos económicos y se proyecta influencia hacia el sistema antártico. La infraestructura militar, los despliegues periódicos y los sistemas de defensa no contradicen el discurso político que Londres sostiene sobre el archipiélago; lo hacen posible. Constituyen el límite material que encuadra cualquier expresión política local y cualquier intento de reabrir una discusión de fondo sobre la soberanía. En ese marco, la autodeterminación no es una decisión libre, sino una opción preconfigurada dentro de un entorno donde la fuerza actúa como garantía silenciosa del orden existente.

En definitiva, la presencia británica en el Atlántico Sur no responde a inercias históricas ni a nostalgias imperiales, sino a una lógica contemporánea de control territorial adaptada a los lenguajes de la técnica, la legalidad y la cooperación internacional. No se impone mediante gestos espectaculares, sino a través de procedimientos, autorizaciones y narrativas que aseguran continuidad y previsibilidad. La finalidad, sin embargo, no ha cambiado: mantener el control de espacios estratégicos, resguardar recursos clave y clausurar cualquier escenario que permita una recomposición soberana efectiva. La trama existe, opera y se sostiene. Solo se vuelve visible cuando se la observa como conjunto.

I. “Quien nomina, domina”: Islas Georgias y Sandwich del Sur vs Islas San Pedro y Esquivel

La guerra del Atlántico Sur no comenzó el 2 de abril de 1982 en Malvinas, como repite con pereza la cronología escolar y con mala fe la diplomacia británica. Comenzó antes, y comenzó en Georgias del Sur. Comenzó cuando el Reino Unido decidió transformar un incidente laboral y administrativo en un acto de fuerza, desplegando una lógica colonial que jamás abandonó el archipiélago austral desde el siglo XVIII. El desembarco argentino en Grytviken y Leith en marzo de 1982 no fue una improvisación aislada ni una anomalía jurídica: fue el punto de colisión entre dos concepciones opuestas del derecho, la soberanía y la ciencia. Desde entonces, Georgias del Sur y Sandwich del Sur dejaron de ser “dependencias remotas” para convertirse en el verdadero laboratorio del colonialismo británico tardío, ese que ya no necesita colonos ni parlamentos locales, sino reglamentos ambientales, licencias de pesca y científicos con pasaporte funcional.

La arquitectura jurídica que sostiene la administración británica sobre South Georgia and the South Sandwich Islands (SGSSI) como lo denominan los británicos, revela una continuidad colonial tan obstinada como sofisticada. No hay aquí improvisación ni vacío legal: hay una construcción deliberada, incremental y coherente, orientada a garantizar control absoluto sobre un espacio estratégico clave del Atlántico Sur. Desde la toma de posesión simbólica por James Cook en 1775 –acto unilateral sin efectos jurídicos válidos frente a los títulos españoles– hasta la actual figura del Commissioner¹ designado por la Corona, el territorio fue gobernado como un enclave sin pueblo, sin ciudadanía y, por lo tanto, sin derechos políticos. La inexistencia de una población estable en Georgias no es un capricho del clima ni una fatalidad geográfica: es una condición cuidadosamente funcional al dispositivo colonial. Donde no hay habitantes, no hay ciudadanos; donde no hay ciudadanos, no hay representación; y donde no hay representación, no hay democracia, ni siquiera esa versión demoliberal de exportación, tan predicada en discursos y tan ausente en la práctica, esa democracia mínima, ceremonial, reducida a urnas, formularios y retórica de derechos. En Georgias no hay ni siquiera esa escenificación: no hay parlamento, no hay elecciones, no hay voto, no hay ficción participativa que simule consentimiento. Y en ese vacío deliberadamente producido, el derecho deja de ser un límite al poder para convertirse en su instrumento más eficiente: una técnica fría de administración, regulación y dominio, ejercida desde la distancia, sin control, sin pueblo y sin la menor incomodidad democrática.

Durante el período comprendido entre 1843 y 1908, las Georgias y Sandwich del Sur quedaron formalmente integradas a la colonia de las Islas Malvinas mediante Cartas Patentes² que otorgaban al gobernador malvinense facultades legislativas extensivas sobre las “dependencias”. Estas facultades, como documenta exhaustivamente Ortega (2012), no implicaban autonomía normativa alguna, sino una delegación administrativa revocable y subordinada a la Corona. Las ordenanzas dictadas –muchas de ellas manuscritas– revelan con claridad que la preocupación central no era el bienestar humano, inexistente, sino la regulación de recursos: focas, ballenas, puertos naturales, rutas marítimas. La Ordenanza Nº 4 de 1881, que establece períodos de veda para la caza de focas, suele presentarse como un antecedente de conciencia ambiental; en realidad, fue una temprana forma de administración extractiva racionalizada, orientada a preservar la rentabilidad futura del negocio (Ortega, 2012).

La reforma introducida por las Cartas Patentes de 1908, lejos de clarificar el régimen jurídico, consolidó la ambigüedad como herramienta de poder. Al establecer que la aplicación de las ordenanzas de Malvinas a las dependencias se haría mediante avisos específicos en la Gaceta colonial³, Londres se reservó una discrecionalidad total sobre qué normas regían y cuándo. Como advierte Fitte (1968), este mecanismo permitió ejercer soberanía efectiva sin asumir responsabilidad internacional plena, un patrón recurrente del imperialismo británico en territorios disputados. La posterior consolidación legislativa de 1951, que incorporó más de 170 ordenanzas aplicables a SGSSI, demuestra que no hubo abandono ni negligencia, sino una voluntad explícita de permanencia.

El punto de quiebre político y simbólico llega en 1985, cuando el Reino Unido crea formalmente el Territorio Británico de Ultramar de South Georgia and the South Sandwich Islands mediante Order in Council⁴. Allí se perfecciona el modelo: un Commissioner con facultades ejecutivas y legislativas concentradas, sin asamblea, sin controles locales, sin pueblo. El derecho opera como un monólogo. El sitio oficial del gobierno de SGSSI lo expresa sin eufemismos: el Commissioner “makes laws by Ordinance” y administra licencias de pesca, turismo e investigación científica. No gobierna personas; gobierna actividades. Y en esa distinción se esconde la clave del colonialismo posmoderno.

El vínculo jurídico y político entre Georgias, Sandwich del Sur y Malvinas no es histórico ni contingente: es estructural. Las islas funcionan como un sistema integrado de control marítimo, económico y científico sobre el Atlántico Sur y su proyección antártica. La delimitación de las zonas económicas exclusivas alrededor de SGSSI –que supera el millón de kilómetros cuadrados– no puede entenderse sin su articulación con el enclave malvinense. Ambas jurisdicciones conforman un corredor estratégico que conecta el Pasaje de Drake, el Mar de Scotia y la Península Antártica, incluyendo archipiélagos como las Shetland del Sur y el sector Graham, cuya administración científica y logística depende en gran medida de esta red de control.

La ciencia en SGSSI ocupa un lugar central, aunque lejos de ser neutral. Los científicos que operan en el territorio lo hacen bajo licencias otorgadas por el Commissioner, siguiendo protocolos definidos por Londres, y generan conocimiento que termina reforzando la gobernanza británica. Según el South Atlantic Environmental Research Institute (s. f.), la investigación científica funciona como un “instrumento clave para la gestión sostenible”, una fórmula técnica que disfraza la subordinación del saber al poder. La ciencia, así, legitima decisiones políticas presentándolas como inevitables, objetivas y técnicas. De este modo, la creación de áreas marinas protegidas, la regulación del turismo antártico o la asignación de cuotas pesqueras se presentan como actos de conservación, cuando en realidad consolidan exclusión geopolítica y control territorial.

En este marco, la ciencia no acompaña al poder: lo organiza. Cada campaña, cada estudio de biomasa, cada informe sobre aves marinas o krill se produce dentro de un régimen estricto de permisos, licencias y autorizaciones administradas por el Commissioner en nombre de la Corona. No existe investigación “libre”: existe investigación políticamente habilitada. El conocimiento se convierte así en un recurso estratégico, comparable a la pesca o al control de rutas marítimas, y cumple una función decisiva en la consolidación del dominio.

La documentación oficial del propio gobierno de SGSSI es explícita. En sus lineamientos de administración ambiental se sostiene que la investigación científica es “fundamental para la toma de decisiones de manejo” y que el acceso al territorio debe ser “cuidadosamente regulado para minimizar impactos” (Government of South Georgia & the South Sandwich Islands, 2022). Traducido del lenguaje tecnocrático: la ciencia legítima la regulación, y la regulación legítima la exclusión. Los científicos no solo producen datos; producen gobernabilidad. Sus informes sostienen las cuotas de pesca, justifican la delimitación de áreas marinas protegidas y refuerzan la narrativa británica de administrador responsable frente a una comunidad internacional predispuesta a confundir conservación con soberanía.

Las campañas científicas británicas y asociadas –muchas de ellas coordinadas desde las Islas Malvinas– cumplen, además, una función de presencia continua. En territorios carentes de población estable, la ocupación no se mide por censos, sino por calendarios de expediciones: cada temporada científica renueva, de hecho, la soberanía de facto. Esta lógica se extiende a lo largo del arco subantártico y antártico bajo administración británica. Desde 1908, mediante las mencionadas Letters Patent, el Reino Unido organizó administrativamente desde las Falkland Islands Dependencies, además de las South Georgia y las South Sandwich Islands, las South Orkney Islands, las South Shetland Islands y la región continental conocida como Graham Land, todos dependientes del gobernador de las Islas Malvinas desde su capital colonial, llamada Stanley.

Actualmente, la existencia de estos territorios y su continuidad institucional permite al Reino Unido mantener nodos operativos logísticos y científicos –puertos, estaciones, rutas de acceso y marcos normativos compatibles– que proyectan presencia hacia la Antártida. En particular, en las Islas Shetland del Sur y el sector Graham, la investigación científica internacional se desarrolla bajo el Antarctic Treaty System, pero depende directamente de la infraestructura y los recursos logísticos controlados desde el Atlántico Sur por el Reino Unido, consolidando así un sistema integrado de control político y estratégico en toda la región.

Por su parte, el turismo cumple una función complementaria, pero no menos política. El llamado “turismo de expedición”, cuidadosamente limitado y regulado, opera como una forma de ocupación simbólica permanente. Cada visitante autorizado, cada desembarco controlado, cada itinerario aprobado refuerza la ficción de normalidad administrativa. No se trata de turismo masivo, sino de turismo selectivo, caro, ambientalmente curado y narrativamente controlado. No hay colonos, pero hay visitantes; no hay ciudadanos, pero hay consumidores. El territorio se convierte en una vitrina ambiental del imperio, donde la naturaleza protegida sustituye a la legitimidad democrática.

La experiencia turística en South Georgia & the South Sandwich Islands está cuidadosamente regulada por el gobierno local, presentándose como una actividad que “inspira a los visitantes a respetar y proteger la isla y su fauna durante su visita” (Government of SGSSI, s. f.). Bajo esta narrativa, el territorio no se ofrece como un espacio disputado, sino como un enclave natural excepcional, gestionado con criterios de conservación y educación ambiental. En este contexto, la educación se convierte en una forma sutil de pedagogía colonial: la ocupación no se impone mediante símbolos de soberanía, sino a través de relatos cuidadosamente administrados que moldean la percepción del visitante y naturalizan la presencia británica en un territorio en disputa.

De la combinación entre ciencia y turismo emerge un régimen económico tan rentable como opaco. La venta de licencias de pesca industrial constituye la principal fuente de ingresos del territorio, generando millones de libras anuales sin redistribución local ni control democrático. El sistema se presenta como “autosustentable”, un término que encubre una extracción regulada sin responsabilidad política. No hay presupuesto debatido, no hay prioridades sociales, no hay ciudadanos que exijan rendición de cuentas. El excedente fluye hacia la metrópoli o hacia circuitos asociados, mientras el discurso ambiental amortigua cualquier cuestionamiento. El colonialismo, en su versión posmoderna, ya no necesita justificar la explotación: la presenta como gestión.

La guerra de 1982 debe leerse a la luz de esta estructura. El conflicto no fue una irrupción súbita en un espacio pacífico, sino la reacción violenta de un poder colonial ante la amenaza de pérdida de control sobre un nodo estratégico. No es casual que la recuperación militar británica haya comenzado en Georgias del Sur. Era allí donde el andamiaje colonial resultaba más frágil y, al mismo tiempo, más revelador. La presencia argentina en Grytviken y en Sandwich del Sur, con actividad científica y logística, ponía en evidencia la artificialidad del relato británico.

En ese marco debe leerse la destrucción deliberada de la base científica argentina Corbeta Uruguay en las Islas Sandwich del Sur. La utilización de explosivos por parte del Reino Unido no respondió a una necesidad militar inmediata, sino a una decisión política orientada a borrar toda huella de ocupación efectiva y de actividad científica sostenida. La Base Científica Argentina Corbeta Uruguay, establecida en 1976-1977 en la isla Thule como parte de la política de presencia avanzada argentina en el Atlántico Sur, fue ocupada y clausurada por fuerzas británicas el 20 de junio de 1982, al término de la Guerra del Atlántico Sur, y posteriormente demolida en diciembre de ese mismo año por la Marina Real británica para impedir cualquier reocupación, en un acto destinado a eliminar infraestructura y, con ella, hechos jurídicamente relevantes. La ciencia, cuando no responde al orden imperial, se transforma en una amenaza: no bastaba con expulsar personas, había que suprimir evidencias materiales de presencia y continuidad

La consolidación del Territorio Británico de Ultramar en 1985 fue la respuesta institucional a esa experiencia traumática. Londres aprendió la lección: blindar jurídicamente el enclave, reducir ambigüedades y reforzar la administración técnica como barrera política. Desde entonces, SGSSI funciona como un laboratorio de gobierno colonial sin pueblo, donde derecho, ciencia y conservación ambiental se articulan para producir una soberanía efectiva sin reconocimiento internacional pleno, pero suficiente para excluir a terceros y explotar recursos estratégicos.

En este escenario, la cuestión toponímica adquiere una densidad política central. Nombrar Georgias del Sur y Sandwich del Sur no es un gesto semántico, sino un acto de poder. La persistencia de los nombres ingleses en la cartografía internacional no es un residuo inocente, sino un dispositivo activo de dominación simbólica. Como sostuvo Bourdieu (1985), la imposición de categorías de percepción constituye una forma de violencia que se ejerce con la complicidad de quienes la aceptan como natural. Llamar “Georgia” a la isla San Pedro y “Sandwich” al archipiélago Esquivel es aceptar, sin decirlo, la narrativa del ocupante.

Por eso, la iniciativa de Tierra del Fuego de restituir los nombres históricos no es una anécdota, sino una fisura en el edificio colonial. Nombrar es disputar. Recuperar es reinsertar historia allí donde el imperio impuso vacío. No altera de inmediato la disparidad de fuerzas, pero rompe la naturalización del despojo. Obliga a recordar que esos territorios tuvieron historia antes de Cook, presencia antes de las cartas patentes y ciencia antes del Commissioner. Obliga, en definitiva, a politizar lo que el colonialismo insiste en presentar como técnico.

El Atlántico Sur no es un vacío. Es un espacio densamente administrado, jurídicamente blindado y simbólicamente trabajado. Cada licencia de pesca, cada campaña científica, cada crucero turístico y cada ordenanza promulgada forman parte de una misma lógica: administrar sin pueblo, gobernar sin democracia, dominar sin asumir el nombre del dominio. El colonialismo británico no desapareció; se volvió eficiente, discreto y ambientalmente presentable.

La tarea crítica consiste en desmontar esa apariencia, exhibir la continuidad histórica y jurídica del enclave y recordar que, incluso en los confines más inhóspitos del planeta, el poder sigue teniendo geografía, nombres propios y decisiones políticas concretas. Porque allí donde el imperio dice conservación, conviene leer control; donde dice ciencia, conviene buscar soberanía; y donde dice neutralidad, conviene encender todas las alarmas.

II. La Antártida en compás de espera

La estrategia británica en la Antártida no es una excentricidad polar heredada de la era victoriana: es una política de Estado de larga duración, jurídicamente sofisticada, logísticamente robusta y geopolíticamente coherente. Lejos de la imagen romántica de exploradores enfrentando ventiscas y silencios blancos, la presencia británica en el continente antártico constituye una prolongación calculada de su arquitectura de poder en el Atlántico Sur. El British Antarctic Territory (BAT) no es un apéndice aislado del Imperio tardío, sino una bisagra estratégica que conecta el arco colonial Malvinas-Georgias del Sur-Sándwich del Sur con el corazón mismo del Sistema del Tratado Antártico (ATS), funcionando como una plataforma de proyección normativa, científica, logística y simbólica. En ese sentido, la Antártida no es para Londres un fin en sí mismo, sino un espacio funcional dentro de un diseño mayor de control de rutas, recursos potenciales y capacidad de influencia global.

El BAT, tal como lo reconoce la propia institucionalidad británica, comprende el sector situado al sur del paralelo 60°S entre los meridianos 20°W y 80°W, proyectándose en forma de cuña hasta el Polo Sur, superpuesto con las reclamaciones de Argentina y Chile. Esta delimitación, fijada originalmente mediante letters patent en 1908 y reformulada en 1917 para incluir explícitamente el Polo Sur, expresa una lógica clásica de apropiación imperial: transformar espacios de exploración, navegación y aprovechamiento económico en sectores jurídicos formalizados. La administración del territorio desde Londres por parte del Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), sin representación gubernamental local permanente, lejos de constituir una debilidad, revela la forma más depurada de colonialismo contemporáneo: un territorio sin población estable, sin ciudadanía política, sin demandas sociales internas y, por ende, sin costos democráticos. En la Antártida, la ausencia de habitantes no debilita la soberanía; la abarata.

La genealogía británica en el extremo austral suele narrarse como una épica científica. Y, en efecto, nombres como Robert Fitz Roy⁵, James Weddell⁶ o Ernest Shackleton⁷ ocupan un lugar central en la memoria nacional británica. Fitz Roy, desde su rol hidrográfico y meteorológico vinculado al Beagle, contribuyó a sistematizar el conocimiento del Atlántico Sur y sus accesos; Weddell inscribió su nombre en uno de los mares más estratégicos del continente; Shackleton fue convertido en mito fundacional de la resistencia humana. Sin embargo, desde una perspectiva geopolítica, lo relevante no es la épica sino el archivo: cada expedición produjo cartografía, toponimia, rutas de navegación, datos meteorológicos y conocimiento utilizable. En los imperios, el mapa no es un dibujo: es un acto jurídico anticipado.

Ese tránsito de la exploración al dispositivo estatal se consolidó con la incorporación formal de los territorios antárticos a las Falkland Islands Dependencies y con el uso del instrumento jurídico imperial por excelencia: las LETTERS PATENT. La Segunda Guerra Mundial aceleró este proceso. La Operation Tabarin, iniciada en 1943 como operación secreta de reconocimiento, vigilancia y meteorología en el Atlántico Sur, marcó el pasaje definitivo de la ciencia a la soberanía operativa. De ella emergió el Falkland Islands Dependencies Survey, luego transformado en el British Antarctic Survey (BAS), hoy el principal brazo científico y logístico británico en la región. La Antártida, incluso cuando se proclama desmilitarizada, jamás dejó de ser estratégica: simplemente sustituyó el uniforme por el abrigo polar y el arma por el sensor.

Comprender el BAT como proyección del Atlántico Sur exige leerlo como parte de un sistema de profundidad geopolítica. El Reino Unido no concibe la Antártida como un espacio aislado, sino como un nodo dentro de una red territorial que articula territorios de ultramar, rutas marítimas, presencia naval y diplomacia científica. Dodds y Hemmings han señalado con precisión que la posición británica como Estado reclamante se encuentra intrínsecamente vinculada a la situación de Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, y condicionada por las reclamaciones contrapuestas de Argentina y Chile (Dodds & Hemmings, 2013). El BAT, en este sentido, es tanto una extensión hacia el sur como un anclaje hacia el norte.

La institucionalidad británica en el territorio alcanza un grado de pureza casi experimental. El BAT cuenta con un Commissioner, legislación propia, régimen fiscal limitado y administración centralizada en Londres. El propio gobierno británico reconoce sin ambages que no existe representación gubernamental local formal en el territorio. Al mismo tiempo, el sitio oficial del BAT afirma la existencia de un “Government of the Territory” con pleno reconocimiento del artículo IV del Tratado Antártico. La paradoja es evidente: se reconoce la suspensión de las disputas de soberanía, pero se mantiene intacta la arquitectura administrativa. La soberanía no se ejerce plenamente; se conserva en estado latente.

La presencia humana se materializa exclusivamente a través de organismos británicos. El British Antarctic Survey opera estaciones permanentes como Rothera y Halley, además de instalaciones estacionales, y gestiona una compleja red logística que incluye aeronaves, buques de investigación y apoyo marítimo (British Antarctic Survey, s. f.). A ello se suma la UK Antarctic Heritage Trust, responsable de la gestión de Port Lockroy, museo, oficina postal y enclave turístico estacional. Port Lockroy no es una curiosidad histórica: es un dispositivo cultural, postal y simbólico que refuerza jurisdicción y narrativa. Allí, el patrimonio funciona como una forma sutil de presencia estatal (UK Antarctic Heritage Trust, s. f.).

El ejercicio del poder se despliega también mediante un régimen tecnocrático de licencias, evaluaciones de impacto ambiental y control de actividades. El Antarctic Act 1994 y su actualización en 2013 implementan en el derecho interno británico las obligaciones del Protocolo de Madrid, estableciendo un sistema de permisos para cualquier actividad de nacionales británicos en la Antártida (United Kingdom, 1994/2013; UK Overseas Territories Conservation Forum, s. f.). Quien licencia, gobierna. La protección ambiental, indiscutiblemente necesaria, se convierte simultáneamente en una herramienta de control territorial. Cada formulario aprobado es un acto de soberanía en suspenso.

En el plano logístico‑militar, la presencia británica mantiene una ambigüedad cuidadosamente administrada. La Royal Navy despliega regularmente al HMS Protector, su buque patrulla de hielo, durante la temporada austral para realizar relevamientos hidrográficos, mejorar la seguridad de la navegación y apoyar a estaciones científicas como las del BAS (Royal Navy, s. f.; Royal Navy, 2024). Paralelamente, el RRS Sir David Attenborough, operado por el BAS, constituye una de las plataformas científico‑logísticas más avanzadas del mundo, equipada con laboratorios especializados y capacidad para apoyar la investigación multidisciplinaria y la logística de bases antárticas (British Antarctic Survey, s. f.). Aunque el Tratado Antártico declara la región desmilitarizada, nadie prometió que sería desestratégica: estas capacidades duales –científicas y operativas– no solo facilitan la investigación, sino que también proyectan presencia británica y control sobre vastos espacios marítimos y logísticos en torno al Continente Blanco (Royal Navy, s. f.; British Antarctic Survey, s. f.; Royal Navy, 2024).

Desde el punto de vista económico, el BAT combina ingresos propios con fondos directos desde Londres. Los ingresos propios provienen de la venta de sellos y monedas, de impuestos sobre la renta de científicos y personal temporal que invernan en el territorio, y de intereses financieros, los cuales se reinvierten en la administración, conservación ambiental y proyectos estratégicos del territorio (British Antarctic Territory, s. f.). Sin embargo, el BAT también recibe aportes significativos del gobierno británico: la Royal Navy opera el HMS Protector en la temporada austral con un costo anual promedio de £17,871,000, financiado por el Ministerio de Defensa para apoyo logístico y científico; el Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) asigna £150,000 anuales para el UK Antarctic Heritage Trust y actividades de gestión territorial; y el territorio ha recibido £935,916.75 entre 2019 y 2024 del programa Darwin Plus, orientado a proyectos ambientales y de conservación (Royal Navy, 2024; UK Overseas Territories Conservation Forum, s. f.; questions-statements.parliament.uk, 2024). Esta combinación de microeconomía autónoma y subvenciones estratégicas desde Londres convierte al BAT en un laboratorio de soberanía sin ciudadanos, donde la fiscalidad se ejerce selectivamente y los símbolos postales y fondos estatales sostienen tanto la administración como la presencia británica en la región.

La disputa territorial con el Reino Unido y Chile en la Antártida permanece jurídicamente suspendida por el artículo IV del Tratado Antártico, pero continúa siendo políticamente relevante en los discursos y estrategias de los Estados involucrados. No obstante, la Argentina se distingue de estos reclamos por poseer la presencia humana continua más antigua en el continente antártico, que se remonta al establecimiento del Observatorio Meteorológico en la Isla Laurie –hoy Base Orcadas– el 22 de febrero de 1904, fecha que inaugura más de 120 años de presencia permanente e ininterrumpida de su gobierno, instituciones científicas y personal especializado en la región. Esta continuidad histórica es reconocida incluso por su propio Ministerio de Relaciones Exteriores como elemento central de su legitimación territorial y científica en el sistema antártico. A partir de mediados del siglo XX, la Argentina consolidó esta presencia mediante una verdadera política de Estado antártica que articuló cartografía, institucionalidad científica, educación, presencia efectiva y logística –incluyendo la creación del Instituto Antártico Argentino en 1951, la fundación de múltiples bases entre 1947 y 1955 y, en el siglo XXI, la planificación interagencial de campañas anuales bajo el Comando Conjunto Antártico–, resultando en un aparato estatal integrado y continuado para sostener sus objetivos antárticos. Esta política perdura como eje estratégico de la diplomacia y la ciencia argentinas dentro del Sistema del Tratado Antártico.

El punto de máxima fricción en el plano operativo se produjo el 1° de febrero de 1952 en Bahía Esperanza, cuando una partida argentina disparó contra un grupo británico que intentaba restablecer una base de los que ellos denominan: Falkland Islands Dependencies Survey, marcando lo que diversas fuentes internacionales denominan el primer enfrentamiento armado en la historia antártica. Este incidente, seguido pocos meses después por el conflicto de Deception Island en 1953 en el que marinos británicos capturaron a personal argentino y destruyeron instalaciones menores, ilustra que las tensiones por soberanía no quedaron reducidas a discursos científicos o cooperativos, sino que se tradujeron en episodios de coerción mínima pero significativos en la práctica política de la época. En ese contexto, la Argentina no solo sostenía su presencia factual y científica, sino que, mediante su política antártica de Estado, proyectaba un relato propio de soberanía y acción estatal efectiva que competía con las reivindicaciones británicas y chilenas, incluso cuando la resolución de disputas se mantenía formalmente abrigada por el Tratado Antártico.

El Sistema del Tratado Antártico ha sido, hasta ahora, funcional a los intereses británicos. Congela las disputas sin resolverlas, preserva la reclamación y evita una carrera abierta por la apropiación territorial. Sin embargo, su legitimidad enfrenta desafíos crecientes vinculados a la gestión de recursos, la pesca, el krill y los minerales críticos. Dodds y Hemmings advierten que la gobernanza antártica se encuentra bajo presión y que el sistema podría reconfigurarse en el futuro (Dodds & Hemmings, 2013). En ese escenario, el Reino Unido no necesita denunciar el tratado: le basta con estar preparado para un mundo en el que deje de ser eficaz. Infraestructura, ciencia, logística y presencia acumulada funcionan como una póliza de seguro geopolítica.

En definitiva, el BAT es la expresión más acabada de una soberanía posmoderna: sin colonos, sin elecciones, sin banderas flameando, pero con normas, permisos, bases, buques y mapas. Es colonialismo administrado, tecnocrático, ambientalmente virtuoso y estratégicamente implacable. Mientras la disputa permanezca congelada, Londres seguirá gobernando sin gobernados. Y si alguna vez el hielo jurídico se resquebraja, el Reino Unido aspira –como siempre– a estar del lado de quienes redactan las reglas, no de quienes deben aceptarlas.

III. Las fuerzas militares en el Atlántico Sur

El despliegue militar británico en el Atlántico Sur no admite lecturas ingenuas ni eufemismos diplomáticos: se trata de una arquitectura de poder diseñada para perdurar, perfeccionarse y disuadir, con una vocación de permanencia que excede largamente la lógica defensiva que Londres proclama en foros internacionales. Las Islas Malvinas funcionan hoy como un enclave militar avanzado, densamente tecnificado, articulado con la OTAN y sostenido por un complejo industrial-militar transnacional que convierte un territorio de escasa población civil en una fortaleza aeronaval de primer orden. La British Forces South Atlantic Islands (BFSAI)⁸ no es un destacamento simbólico ni una guarnición mínima: es una estructura conjunta, integrada, capaz de operar de manera autónoma y de recibir refuerzos estratégicos en cuestión de horas, bajo una lógica de disuasión explícita y permanente.

Tras la guerra de 1982, la todopoderosa Gran Bretaña –esa misma que presume de “orden internacional basado en reglas” mientras hace caso omiso de cada resolución que no le conviene– levantó en 1985 la base de Mount Pleasant (oficialmente RAF Mount Pleasant) como respuesta directamente proporcional a las carencias logísticas y defensivas que dejó en evidencia su propia aventura colonial en 1982. El propósito formal –según el propio Royal Air Force– fue dotar a las British Forces South Atlantic Islands de una plataforma aérea y terrestre capaz de sostener indefinidamente una presencia militar permanente en el Atlántico Sur. Esa presencia incluye unidades como el N° 1435 Flight con Eurofighter Typhoon FGR4 para defensa aérea y el N° 1312 Flight para reabastecimiento y transporte estratégico, además de apoyar operaciones de transporte que constituyen un puente aéreo con el Reino Unido en vez de cualquier “estado de paz” real en la región (Royal Air Force, s.f.).

Cualquier análisis serio –y no el relato anglófilo de cartón que suele reproducirse acríticamente en algunos discursos públicos– exige recordar que el Atlántico Sur no figura en ningún instrumento oficial como teatro de operaciones contra Rusia o China, ni forma parte de un pacto de defensa colectiva que incluya al Reino Unido más allá de sus propias doctrinas de alianza global. El propio Parlamento británico reconoce que las fuerzas del Reino Unido están estacionadas en las Islas Malvinas para disuadir cualquier “agresión militar contra los South Atlantic Overseas Territories” y para defender “el derecho de los isleños a la autodeterminación” (The Defence of the Falkland Islands, House of Commons Library, 2025).

La supuesta “zona de paz” que a veces evoca retóricamente la diplomacia argentina se refiere a la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS), instituida por la Resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1986, cuyo objetivo explícito es promover la paz, la cooperación regional, el desarrollo socio‑económico, la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y el uso pacífico del Atlántico Sur, “en particular mediante la reducción y eventual eliminación de la presencia militar en dicha región” y la no introducción de armas nucleares o de otras armas de destrucción masiva (Resolución 41/11, Asamblea General de la ONU, 1986).

La Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS) no constituye un tratado de defensa colectiva al estilo de la OTAN; se trata de un foro multilateral que exhorta a los Estados a mantener la región como un espacio no militarizado y pacífico conforme al derecho internacional general. Su establecimiento mediante la Resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1986) tiene como objetivo principal promover la cooperación, la seguridad compartida, el desarrollo sostenible y la no proliferación de armas nucleares en la región, enfatizando la reducción o eliminación de la presencia militar externa en el Atlántico Sur.

Los países miembros de la ZPCAS, que agrupan 24 Estados ribereños de Sudamérica y África, han expresado en diversas reuniones ministeriales su preocupación por la militarización británica de la región. En la VIII Reunión Ministerial de la ZPCAS en Mindelo (abril 2025), los Estados reafirmaron su aspiración de que el Atlántico Sur sea reconocido como un espacio de diálogo, cooperación pacífica y resolución negociada de controversias territoriales, y señalaron la continuidad de la presencia militar británica como un factor que contradice los principios de la ZPCAS.

En este contexto, la base de Mount Pleasant, junto con la militarización británica ampliada en Georgias del Sur y Sandwich del Sur, no puede ser presentada seriamente como parte de un “tratado de paz del Atlántico”. La propia ZPCAS y las resoluciones de la ONU distinguen claramente entre la aspiración de una región libre de militarización y la realidad de una ocupación militar permanente a miles de kilómetros de cualquier frontera británica legítima. Esta discrepancia ha sido destacada también por otros organismos regionales, como el Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR), que en 2025 repudió explícitamente las operaciones militares británicas en el Atlántico Sur por contradecir la Resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Parlamento del MERCOSUR, 2025).

Lejos de cualquier justificación de defensa colectiva, las Malvinas forma parte de un amplio arco de territorios de ultramar y bases militares del Reino Unido, que se extiende desde Gibraltar, en el extremo occidental del Mediterráneo, hasta Ascensión y Santa Elena, y continúa hacia las mencionadas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Este sistema, que algunos analistas denominan “collar de perlas” británico, permite a Londres proyectar poder, mantener presencia permanente, proteger rutas marítimas estratégicas y sostener capacidades logísticas y de vigilancia en vastas áreas oceánicas, en coordinación con aliados de la OTAN cuando resulta necesario (Foreign & Commonwealth Office, 2012).

Instalaciones como RAF Ascension Island funcionan como enlaces logísticos y de repostaje aéreo, mientras que Gibraltar proporciona capacidades portuarias y de vigilancia críticas para la proyección estratégica británica (CIA World Factbook, 2023). Estas bases no están previstas ni autorizadas por ningún tratado multilateral específico que las justifique como mecanismo de defensa regional; más bien forman parte de la doctrina global de defensa de los Territorios Británicos de Ultramar, que incluye inversión permanente en infraestructura militar y logística (Foreign & Commonwealth Office, 2012).

Entre las obras recientes oficialmente documentadas, la Defence Infrastructure Organisation (DIO)⁹ completó en 2023 un proyecto de casi £7 millones para extender la vida útil de las pistas y caminos de rodaje del aeródromo del Mount Pleasant Complex, que incluyó el repintado de marcas en la pista y taxiways, la sustitución de señalización y la aplicación de una capa protectora de asfalto para prolongar la superficie hasta una relaminación futura, permitiendo que las operaciones aéreas continuaran sin interrupción durante la ejecución de las obras (Falkland Islands runway refurbishment completed, 2023). Posteriormente, en octubre de 2024 la DIO adjudicó un contrato de £20 millones para reparar secciones clave del aeródromo –incluyendo 20.000 m² de superficie operativa en el taxiway Foxtrot y la umbral de la pista– con miras a su finalización en marzo de 2025, nuevamente garantizando que las operaciones de vuelo se mantuvieran mientras se efectuaban las mejoras (Contract awarded for runway repairs at Mount Pleasant Complex, 2024). Estas iniciativas confirman que, aunque la DIO no realiza funciones de combate, su gestión de infraestructura es un componente operacional decisivo para la capacidad de despliegue y disuasión del dispositivo británico en el Atlántico Sur, asegurando que el Mount Pleasant Complex siga siendo un nodo estratégico y plenamente funcional para la defensa aérea, el soporte logístico y la proyección de fuerzas desde y hacia las Malvinas (Runway repairs completed ahead of schedule in Falkland Islands, 2025).

Como ya se indicó, el componente aéreo es central en la ecuación de disuasión. La Royal Air Force mantiene desplegados de manera permanente cazas Eurofighter Typhoon¹⁰, en rotación, configurados para misiones de defensa aérea y alerta temprana. Estas aeronaves, producidas por el consorcio Eurofighter GmbH¹¹ –integrado por BAE Systems, Airbus Defence and Space y Leonardo–, superan ampliamente cualquier capacidad aérea regional en términos de sensores, armamento y velocidad de respuesta. Su presencia no responde a una amenaza concreta e inminente, sino a la necesidad de exhibir superioridad tecnológica continua, una pedagogía de la disuasión dirigida tanto a Buenos Aires como a cualquier actor extra-regional que observe el Atlántico Sur como un espacio potencial de proyección. La lógica es simple y brutal: aquí manda Londres, y lo hace desde el aire.

A esta superioridad se suma el sistema de defensa antiaérea Sky Sabre¹², operativo en las islas desde 2021, que reemplazó al obsoleto sistema Rapier. Sky Sabre integra misiles CAMM (Common Anti-Air Modular Missile) desarrollados por MBDA, radares Saab Giraffe AMB de vigilancia tridimensional y un sistema de comando y control avanzado, con participación de Rafael Advanced Defense Systems¹³ en la arquitectura C4I¹⁴. El contrato original, adjudicado en 2017 por el Ministry of Defence por un monto de 153 millones de libras esterlinas, incluyó además la integración y mantenimiento a cargo de Babcock International¹⁵, una de las principales contratistas de defensa del Reino Unido. La elección de este sistema no fue neutra: Sky Sabre está diseñado para enfrentar amenazas aéreas complejas, incluyendo aeronaves rápidas, misiles de crucero y drones, un abanico de riesgos que excede cualquier hipótesis realista de conflicto con la Argentina contemporánea. Su despliegue en Malvinas es menos una respuesta a una amenaza concreta que una declaración de intenciones estratégicas.

El componente terrestre completa el cuadro. En las islas se aloja de manera permanente un contingente estimado entre 1.000 y 2.000 efectivos, con rotaciones regulares de unidades de infantería ligera del Ejército británico, como los Rifles o los Gurkhas, además de artillería, ingenieros, defensa aérea, logística e inteligencia. Estas fuerzas no están allí para desfilar ni para custodiar ovejas: entrenan de manera sistemática en operaciones anfibias, combate urbano, patrullaje nocturno y despliegues rápidos, en un entorno que reproduce deliberadamente escenarios de alta intensidad. Ejercicios como Cape Sword¹⁶, realizado en octubre de 2025, mostraron con claridad esta lógica, combinando patrullas armadas en la capital a la que llaman Port Stanley, inserciones marítimas, fuego de salva, simulaciones de combate diurno y nocturno y coordinación con activos navales y aéreos, incluyendo el patrullero HMS Forth y los Typhoon de la RAF. El mensaje fue tan explícito como innecesario: la ocupación está armada, entrenada y lista.

La dimensión naval refuerza esta percepción. La Royal Navy mantiene una presencia casi permanente en el Atlántico Sur, con patrulleros oceánicos como el HMS Forth y buques de capacidades polares como el HMS Protector, diseñado para operar en aguas subantárticas y antárticas. Estas plataformas no solo cumplen funciones de vigilancia y patrullaje, sino que actúan como nodos de control de rutas marítimas estratégicas y como vectores de proyección hacia la Antártida. En el marco de la estrategia de “Global Britain”¹⁷ posterior al Brexit, los territorios de ultramar adquieren un valor renovado como puntos de apoyo para una potencia que busca reafirmar su identidad oceánica. Las Malvinas, en este esquema, son mucho más que un vestigio colonial: son una bisagra geoestratégica.

El andamiaje tecnológico que sostiene este despliegue revela hasta qué punto la ocupación está imbricada con el complejo industrial-militar. Empresas como MBDA, Saab, Babcock International, Leonardo y Rafael no son proveedores circunstanciales, sino socios estratégicos de una arquitectura defensiva integrada. Saab aporta sensores capaces de operar en condiciones climáticas extremas; MBDA suministra misiles modulares adaptables a distintos teatros; Babcock gestiona infraestructura, mantenimiento y soporte logístico; Rafael provee sistemas de mando y control que permiten integrar datos en tiempo real. Este ecosistema industrial garantiza que la base de Mount Pleasant no sea un museo de hardware, sino un laboratorio operativo de tecnologías de defensa de última generación.

La disuasión británica en el Atlántico Sur no se limita, sin embargo, al plano estrictamente militar. El componente informativo e inteligencia es igualmente central. Unidades vinculadas a la Government Communications Headquarters (GCHQ)¹⁸ y capacidades asociadas a operaciones de influencia han sido señaladas en diversas investigaciones como parte de un esfuerzo sistemático por moldear percepciones, neutralizar apoyos regionales a la posición argentina y consolidar la narrativa de la autodeterminación isleña. La coordinación entre la BFSAI y el gobierno local de las Islas no es meramente administrativa: incluye la gestión de la comunicación pública, la organización de eventos simbólicos¹⁹ y la construcción de una identidad política alineada con la metrópoli. Las ceremonias, los rituales y las conmemoraciones militares cumplen aquí una función política precisa: naturalizar la presencia armada como un acto de protección benevolente.

En este contexto, la ironía se impone sola: la autodeterminación, principio invocado con fervor por Londres, se ejerce en un territorio donde la presencia permanente de fuerzas armadas británicas –incluyendo personal, unidades de combate, misiles, cazas, radares y equipamiento de vigilancia– asegura que no existan alternativas reales al statu quo. Esta presencia se concentra en el Mount Pleasant Complex, cuya operación y despliegue anual se mantienen como prioridad estratégica para el Reino Unido; según datos oficiales del Ministerio de Defensa británico, al 1° de abril de 2025, el personal militar desplegado en las Islas formaba parte de las fuerzas regulares ubicadas en ultramar, confirmando la continuidad y la importancia de esta guarnición en la política de defensa global británica (United Kingdom Ministry of Defence, 2025). La inversión sostenida en infraestructura y capacidad operativa subraya que la autodeterminación proclamada se encuentra respaldada por un despliegue militar que condiciona efectivamente las opciones locales, evidenciando que no se trata de un ejercicio libre sino de una autodeterminación vigilada y sostenida por medios militares.

¿Cómo considera el Reino Unido a la Argentina en este esquema? Oficialmente, como una amenaza potencial, residual y políticamente inconveniente, pero militarmente contenida. Informes parlamentarios y análisis de defensa británicos han señalado de manera reiterada que la capacidad militar argentina se ha deteriorado significativamente desde 1982, al punto de que una acción militar convencional sería altamente improbable (Brooke-Holland, 2012). Esta evaluación, lejos de justificar una reducción del despliegue, ha servido para consolidarlo: la ausencia de una amenaza inmediata permite mantener una guarnición relativamente acotada en número, compensada por una superioridad tecnológica aplastante y por la posibilidad de refuerzo rápido desde el Reino Unido vía Ascensión. La Argentina no es vista como un enemigo inminente, sino como un recordatorio incómodo de que el control debe ser permanente.

Esta lógica se inserta en una concepción más amplia del Atlántico Sur como espacio estratégico. El control de rutas marítimas, el acceso a recursos pesqueros e hidrocarburíferos, la proyección hacia la Antártida y la vigilancia de movimientos de potencias extra-regionales convierten a las Malvinas en una pieza clave de un tablero geopolítico en expansión. La militarización del archipiélago no es, entonces, una anomalía, sino la condición de posibilidad de esta estrategia. La base de Mount Pleasant opera como un sensor avanzado, un puerto seguro y un trampolín logístico, todo en uno.

El contraste con la situación argentina es elocuente. Mientras Londres consolidó una doctrina de disuasión permanente, Buenos Aires transitó, desde la posguerra, un proceso de desinversión, restricciones externas y decisiones internas que erosionaron sus capacidades defensivas. El embargo de armas impulsado por el Reino Unido y sostenido de facto durante décadas limitó el acceso argentino a tecnología clave, profundizando una brecha que hoy se traduce en asimetría estructural. Esta asimetría es, paradójicamente, uno de los argumentos que Londres utiliza para justificar su despliegue: no porque la Argentina pueda atacar, sino porque no debe siquiera considerarlo.

La ocupación británica de las Malvinas se presenta así como un sistema cerrado, coherente y multidimensional. La fuerza militar garantiza el control territorial; la tecnología asegura la superioridad; la inteligencia y la comunicación moldean percepciones; la logística sostiene la permanencia; el presupuesto consolida prioridades. Todo ello bajo una narrativa democrática que funciona como barniz legitimador de una realidad de poder duro. El resultado es un enclave colonial del siglo XXI, altamente tecnificado, profundamente militarizado y estratégicamente indispensable para una potencia que se resiste a abandonar su vocación global.

En definitiva, las fuerzas británicas en el Atlántico Sur no están ordenadas para responder a una amenaza concreta, sino para impedir que el orden existente sea cuestionado. La disuasión no es aquí una doctrina abstracta, sino una práctica cotidiana, visible y ensayada. Mount Pleasant no es una base defensiva; es un mensaje. Y como todo mensaje estratégico, está escrito en el lenguaje que las potencias entienden mejor: el de la fuerza respaldada por industria, tecnología y voluntad política.

IV. Proyectos en hielo: la estrategia británica en movimiento en el Atlántico Sur

En el Atlántico Sur, la presencia británica tiene la elegancia de un ballet estratégico: no solo ocupa el espacio, sino que lo hace bajo el ropaje de la ciencia, la cooperación y la preocupación climática, mientras mantiene firmes sus despliegues militares y económicos. La narrativa oficial habla de investigación, conservación y cooperación internacional; la realidad, para quienes observan con lupa, muestra una proyección territorial altamente organizada, donde la ciencia sirve de fachada para consolidar dominio y control sobre un espacio cuya soberanía Argentina reclama desde hace más de un siglo. Así, los proyectos desplegados en Malvinas, Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y el Atlántico Austral funcionan como una red coordinada que combina ciencia, logística, economía y seguridad bajo la tutela del Reino Unido.

Uno de los ejes centrales de esta estrategia científica‑territorial es el proyecto “The South Atlantic/Southern Ocean Carbon Sink”, liderado por la University of East Anglia. Su objetivo declarado es cuantificar el CO₂ absorbido por el Atlántico Sur y el Océano Austral, para alimentar modelos globales del ciclo de carbono (UKRI, proyecto NE/F005733/1). Hasta aquí, todo correcto: la lucha contra el cambio climático es noble y encomiable. Pero la ubicación de sus mediciones –Islas Malvinas y otras islas del Atlántico Sur– revela que la ciencia no es neutral: cada boya, cada sensor, cada medición atmosférica legitima la presencia británica en territorios en disputa, transformando la investigación en una herramienta de afirmación territorial encubierta.

Simultáneamente, la University of Southampton desarrolla el proyecto “Paleogene Climate and Deep-water Evolution in the Falkland Plateau Region”, que utiliza prospección sísmica y perforaciones para reconstruir patrones de circulación oceánica profunda durante el Paleógeno (UKRI, Project Reference NE/M021254/1) . Más que ciencia antigua, esto constituye una excusa perfecta para desplegar infraestructura avanzada en el Atlántico Sur, incluida logística marítima y aérea, que no difiere mucho de la empleada por unidades militares. Por supuesto, los británicos argumentan que todo se hace en nombre del conocimiento y del clima; nadie parece notar que cada perforación y cada equipo de medición también afirma presencia, dominio y legitimidad de facto sobre el espacio marítimo circundante.

Los proyectos medioambientales en el Atlántico Sur, examinados con detenimiento, no se limitan a la física oceánica ni a la química del agua, sino que incorporan de manera central el estudio de la biodiversidad como parte de una arquitectura de producción de conocimiento con implicancias geopolíticas. En este marco se inscribe la investigación Seabirds and Wind: Consequences of Extreme Prey Variability, desarrollada por el South Atlantic Environmental Research Institute (SAERI) en articulación con las autoridades locales de las Islas Malvinas, cuyo objetivo declarado es analizar cómo las variaciones extremas en la disponibilidad de presas influyen sobre aves marinas del Atlántico Sur, como el petrel oscuro, en el contexto de cambios ambientales y climáticos (UK Research and Innovation [UKRI], s.f., Project Reference NE/M017990/1). Desde una perspectiva institucional, este tipo de estudios es presentado como un insumo para la formulación de políticas de conservación de la biodiversidad y el manejo de áreas protegidas en el archipiélago (South Atlantic Environmental Research Institute [SAERI], s.f.; SAERI, 2024). No obstante, más allá de esta retórica ecológica, tales investigaciones implican una supervisión sistemática y continua de la fauna, la geografía y los ecosistemas locales, reforzando formas de control administrativo indirecto sobre un territorio cuya soberanía es reclamada por la República Argentina. En este sentido, cada informe científico sobre petreles, pingüinos u otras especies marinas contribuye, de hecho, a consolidar un régimen de decisión en el que Londres determina qué se investiga, bajo qué metodologías y a través de qué instituciones se produce el conocimiento sobre el Atlántico Sur.

Cabe destacar que el SAERI es un instituto de investigación ambiental establecido en 2012, con sede principal en la denominada por los británicos Port Stanley, capital de las Islas Malvinas, y creado originalmente como un área dependiente del Falkland Islands Government. Desde su formulación institucional, SAERI declara como objetivo estratégico aspirar a convertirse en “un instituto de investigación reconocido internacionalmente que entregue investigación ambiental de clase mundial desde las Falkland Islands” (South Atlantic Environmental Research Institute [SAERI], s.f.). En 2017, la institución fue formalmente constituida como una Charitable Incorporated Organisation (CIO), registrada ante la Charity Commission for England and Wales, lo que le otorgó personalidad jurídica independiente y le permitió acceder a distintas líneas de financiamiento internacional y articular redes de cooperación científica en el Atlántico Sur (UK Charity Commission, s.f.; SAERI, s.f.). En términos organizativos, la estructura estratégica de SAERI se articula en grandes áreas focales –entre ellas Ecosistemas, Ciencias de la Tierra, Sensores Remotos y Ciencia de Datos– integrando disciplinas como cartografía, biología de hábitats, paleoecología y observación oceánica, con el propósito declarado de producir conocimiento científico orientado a la formulación de políticas de gestión ambiental basadas en evidencia en el archipiélago (SAERI, s.f.; SAERI, 2022).

En ese marco de producción de conocimiento ambiental “de clase mundial”, conviene detenerse en uno de los objetos de estudio más reiteradamente documentados en el archipiélago: el deterioro de las poblaciones de pingüinos. Lejos de tratarse de una impresión subjetiva o de una exageración retórica, se trata de uno de los procesos ecológicos mejor registrados de degradación ambiental asociados a la explotación intensiva de los recursos marinos bajo administración colonial. Los datos empíricos –generalmente poco proclives a la épica imperial– muestran que varias especies, entre ellas Eudyptes chrysocome (pingüino penacho amarillo) y Spheniscus magellanicus (pingüino de Magallanes), experimentaron descensos poblacionales de hasta un 84 % desde mediados del siglo XX, una coincidencia cronológica que resulta notablemente precisa respecto de la expansión de la pesca comercial a gran escala en las aguas circundantes a las islas (Bingham, 2002). La reducción sostenida de peces y calamares, ejes tróficos de estas especies, generó una competencia directa entre aves marinas y flotas industriales que, previsiblemente, no se resolvió en favor de los pingüinos: se redujo el éxito reproductivo, aumentó la mortalidad adulta y se desestabilizaron colonias completas. La literatura científica es consistente en este punto y descarta explicaciones climáticas complacientes o fluctuaciones naturales azarosas, atribuyendo el colapso a un régimen extractivo persistente que alteró de manera estructural el sistema marino malvinense (Bingham, 2002; Clausen & Huin, 2003).

Por supuesto, los pingüinos no fueron los primeros en experimentar las virtudes “civilizatorias” de la intervención anglosajona sobre los ecosistemas de las islas. Ya en el siglo XIX, lobos marinos y elefantes marinos fueron explotados de manera sistemática para la producción de aceite y cueros hasta llevar a sus poblaciones al colapso regional, bastante antes de que la conservación se volviera un valor exportable en informes y conferencias internacionales (Hamilton, 1939; Bonner, 1982). A este prontuario ambiental se suma el caso del warrah o guará malvinense (Dusicyon australis), único mamífero terrestre nativo del archipiélago, eliminado con eficiencia burocrática por colonos británicos hacia fines del siglo XIX por el imperdonable delito de incomodar al ganado ovino importado, hasta su extinción total hacia 1876 (Hamilton, 1939). En conjunto, la evidencia histórica y biológica muestra que la administración anglosajona de Malvinas ha operado reiteradamente bajo una lógica coherente –extracción, erradicación y posterior gestión del remanente–, dejando como legado un empobrecimiento ecológico que desentona con los actuales discursos de conservación “basada en evidencia”. Porque, a juzgar por la historia natural de las islas, la ocupación colonial no solo reorganiza el territorio político: también transforma –y no pocas veces destruye– los sistemas naturales que toca, antes de proceder a estudiarlos con esmero.

En paralelo, el British Antarctic Survey (BAS) lidera programas de investigación oceanográfica de gran escala que articulan producción científica avanzada con una infraestructura logística permanente en el Atlántico Sur y el sistema subantártico. Entre ellos se destaca el proyecto ORCHESTRA (Ocean Regulation of Climate by Heat and Carbon Sequestration and Transports), financiado por el Natural Environment Research Council (NERC) del Reino Unido bajo el número de subvención NE/N018095/1, cuyo objetivo declarado es mejorar la medición, comprensión y modelización de la circulación del Océano Austral y su rol en la redistribución global de calor y carbono mediante el uso combinado de buques polares, vehículos autónomos, sensores oceanográficos de última generación y simulaciones climáticas complejas (British Antarctic Survey, 2023; UK Research and Innovation, s.f.). La narrativa institucional enfatiza la cooperación internacional y la contribución a los modelos climáticos globales; sin embargo, la ejecución material del proyecto requiere una infraestructura de proyección territorial que incluye el uso de buques de investigación como el RRS Sir David Attenborough y el RRS James Clark Ross, aeronaves científicas, estaciones de observación y nodos logísticos permanentes. En este marco, el BAS mantiene una oficina operativa en el bendito Port Stanley que funciona como centro de tránsito y apoyo para más de doscientos científicos y técnicos por temporada antártica, así como estaciones científicas permanentes en Georgia del Sur, en King Edward Point y Bird Island, dentro de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur (British Antarctic Survey, 2024a, 2024b, 2024c). Desde una lectura crítica, esta imbricación entre ciencia climática e infraestructura material revela cómo la investigación se traduce en presencia física sostenida, donde cada sensor desplegado, cada campaña oceanográfica y cada instalación logística refuerzan una jurisdicción ejercida de facto, en un Atlántico Sur donde la administración británica se manifiesta menos como principio jurídico abstracto que como práctica territorial cotidiana.

Otros estudios ayudan a entender cómo se construye y se sostiene esta red de presencia británica en el Atlántico Sur y en las zonas cercanas a la Antártida. Uno de ellos es el proyecto “Evolution of the Drake Passage/Scotia Sea Deep Ocean Current and Mantle Gateway”, financiado por el Estado británico a través del Natural Environment Research Council (NERC) (referencia NE/F004974/1). Este estudio se dedica a analizar cómo se formaron el Pasaje de Drake y el Mar de Scotia –dos zonas clave entre América del Sur y la Antártida– y de qué manera esas transformaciones permitieron el desarrollo de la Corriente Circumpolar Antártica, una gran corriente oceánica que rodea el continente antártico y cumple un papel central en el clima global y en los procesos de glaciación de la Antártida (UK Research and Innovation, s.f.). A su vez, el proyecto “Surface Mixed Layer Evolution at Submesoscales” (SMILES) (referencia NE/J010367/1) estudia qué ocurre en las capas más superficiales del océano, allí donde el agua intercambia calor con la atmósfera. En particular, analiza estos procesos en el área del Mar de Scotia y en las aguas al sur de las Islas Malvinas, con el objetivo de mejorar los modelos que intentan predecir el comportamiento del clima a escala global (UK Research and Innovation, s.f.). Observados sobre un mapa, estos proyectos no se distribuyen al azar: se concentran en corredores marítimos estratégicos, coincidentes con rutas de navegación y zonas de alto interés económico, lo que muestra cómo la producción de conocimiento científico se superpone con el control efectivo de espacios marítimos clave.

En relación con el cuidado y seguimiento de la fauna, el BAS desarrolla desde hace décadas programas permanentes de observación y estudio de ecosistemas en Georgia del Sur, especialmente a través de la King Edward Point Research Station y la Bird Island Research Station. Allí se monitorean de forma continua poblaciones de pingüinos, focas y otras especies características del ambiente subantártico, generando información fundamental para comprender los cambios ambientales y diseñar políticas de conservación (British Antarctic Survey, s.f.-a; British Antarctic Survey, s.f.-b). Sin embargo, estos programas científicos también implican una presencia humana estable, con instalaciones, personal y logística permanente, en un territorio que el Reino Unido administra como Territorio Británico de Ultramar. De este modo, la ciencia cumple una doble función: produce datos ambientales valiosos, pero al mismo tiempo consolida una presencia institucional constante que refuerza el ejercicio de una jurisdicción de hecho sobre esas islas.

La dimensión económica completa este panorama. Las Islas Malvinas y su plataforma continental han sido señaladas por el propio gobierno británico como áreas con importantes recursos hidrocarburíferos, destacándose el yacimiento Sea Lion como el principal proyecto de exploración y posible explotación petrolera en la región (Foreign, Commonwealth & Development Office, 2021). Aunque el discurso oficial suele poner el acento en la investigación científica y la protección del ambiente, las autoridades locales continúan otorgando licencias para la exploración de petróleo y gas, muchas de ellas vinculadas a empresas británicas. Así, se configura una ecuación clara: la presencia científica facilita la infraestructura y la logística necesarias para sostener el control territorial, mientras que la explotación económica asegura ingresos y fortalece el valor estratégico del área. Cada campaña de exploración y cada permiso otorgado contribuyen a consolidar una situación de hecho que el Reino Unido no reconoce como ocupación, pero que la Argentina considera una prolongación de la usurpación de su territorio.

Si algo gusta en Londres –más allá del té a las cinco y las competencias de lanzamiento de paraguas– es informarle al mundo cómo funciona su sofisticada geopolítica. Según Chatham House²⁰, ese venerable club de sabios señala que la política exterior británica es un ejercicio impecable de estrategia que, claro, se ocupa de todo el planeta y de paso hace malabares con pequeños rincones como el Atlántico Sur. Como declara su misión institucional con la misma modestia con que un lord habla de su humilde residencia: “ayudar a gobiernos y sociedades a construir un mundo sostenible, seguro y justo” (Chatham House, 2025). Según su reporte “Transatlantic Relations: Converging or Diverging?”²¹, la relación transatlántica –ese romance interminable entre Estados Unidos y las potencias europeas, incluida Gran Bretaña– “no necesariamente lleva a una ruptura estructural” y requiere cooperación continua en seguridad, energía e instituciones internacionales (Wickett, 2018). O sea: no hay crisis que no pueda arreglarse con un un par de declaraciones conjuntas y la promesa de que todo marcha razonablemente bien. Desde esta perspectiva, la “interdependencia estratégica” no solo es elegante, sino la excusa perfecta para imaginar un imperio que nunca terminó, solo se volvió más amable –y más consultivo– en sus territorios lejanos.

En paralelo, el Royal United Services Institute (RUSI)²², que presume ser el think tank de defensa y seguridad más antiguo del Reino Unido, fundado en 1831, dedica algo de su vasta producción intelectual a contemplar el futuro de las Islas Malvinas. En su nota “After the Vote: The Future of the Falklands”²³, RUSI observa que el resultado del referéndum de 2013 –en el cual los isleños votaron masivamente por seguir bajo estatus de British Overseas Territory– “destaca la creciente agencia del gobierno local en la disputa territorial” (RUSI, 2013, p. 4). Cabe aclarar que, si uno quiere leer el informe completo, hay que solicitar una membresía, pues gran parte del texto es tan accesible como la receta del Budín de Yorkshire; sin embargo, el sumario oficial resalta que esta “agencia local” y la consabida narrativa de autodeterminación no hacen más que reforzar, de hecho, la presencia británica. No es poca cosa: el referéndum –con una participación del 92 % y un 99,8 % a favor de permanecer bajo administración británica– fue descrito por observadores internacionales como un proceso “de acuerdo con estándares internacionales”, lo que, para algunos, suena más a un certificado de buena conducta que a una evaluación crítica.

Tomados en conjunto, los análisis de Chatham House y RUSI –aunque curiosamente no se ocupen de ecología, pesca o derechos humanos en el Atlántico Sur– componen un cuadro bastante cierto de cómo se construye “legitimidad” desde los cuarteles del poder intelectual británico. Es como ver una obra de teatro donde la ciencia, la diplomacia y la retórica estratégica comparten escenario para minimizar las confrontaciones directas mientras maximizan control, prestigio y presencia simbólica. En la lógica de estos think tanks, la presencia británica se proyecta desde los centros del poder hacia sus territorios remotos –como las Falklands, como ellos la denominan– incorporando la noción de agencia local no tanto como reconocimiento genuino de autodeterminación, sino como una coartada política perfectamente vestida para cualquier conferencia internacional.

La irónica maestría británica radica en el hecho de que este complejo de ciencia, economía y defensa se presenta públicamente como cooperación internacional y conservación ambiental. Los informes, revisiones y publicaciones destacan el compromiso con la biodiversidad, la investigación climática y el desarrollo sostenible. Sin embargo, el efecto real es la consolidación de una red de presencia estratégica en un espacio disputado, articulando conocimiento, logística y capacidad militar de manera que convierte cada proyecto científico en una pieza de geopolítica activa, y cada pingüino estudiado, en un testigo silente del control británico.

En conclusión, el despliegue británico en el Atlántico Sur es un ejemplo paradigmático de proyección de poder moderno, donde la ciencia sirve de coartada para la infraestructura de soberanía de facto, la economía refuerza la autonomía territorial, y la defensa asegura la continuidad de un dominio estratégico en un área clave del hemisferio sur. La institucionalidad británica –desde BAS y SAERI hasta BFSAI– funciona como un sistema interdependiente, donde cada proyecto, cada expedición y cada estudio científico contribuyen a la legitimación de un control que combina efectividad y retórica internacional. La ironía de la narrativa es evidente: mientras Londres promueve el discurso de colaboración y sostenibilidad, construye silenciosa y sistemáticamente un enclave de poder proyectado a través de ciencia, logística y presencia militar, recordando al mundo que, en el Atlántico Sur, la realidad de facto puede ser más influyente que cualquier argumento jurídico.

Notas al pie

1 El cargo de Comisionado de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur constituye la máxima autoridad administrativa, ejecutiva y legislativa del territorio, posición que es ejercida ex officio por quien ocupe la Gobernación de las Islas Malvinas (actualmente Colin Martin-Reynolds). Su fundamento jurídico primario reside en el South Georgia and South Sandwich Islands Order 1985, un decreto en consejo que establece la arquitectura constitucional del archipiélago tras su separación administrativa de las Malvinas. Bajo esta normativa, el Comisionado posee la facultad discrecional de dictar leyes para la “paz, orden y buen gobierno” de las islas (South Georgia and South Sandwich Islands Order, 1985, ss. 4-9), una prerrogativa que continúa vigente y que ha permitido la reciente actualización de su marco regulatorio mediante instrumentos como el South Georgia and South Sandwich Islands (Territorial Sea) (Amendment) Order 2024, consolidando así el ejercicio de la jurisdicción británica sobre dichos espacios marítimos.

2 Las Cartas Patentes o letters patent son actos normativos unilaterales de la Corona, dictados en ejercicio del Royal Prerogative, con capacidad constitutiva directa: crean territorios, autoridades y regímenes jurídicos sin pasar por el Parlamento.

3 La Falkland Islands Gazette –conocida en español como la Gaceta de las Islas Malvinas– es el boletín oficial del Gobierno del Territorio Británico de Ultramar de las Islas Malvinas, publicado desde su capital como el instrumento formal de publicación de leyes, ordenanzas, nombramientos, avisos oficiales y legislación secundaria desde el 1° de enero de 1891, sustituyendo al anterior tablón de anuncios oficial que funcionaba en la colonia británica antes de esa fecha. La Gazette contiene tanto avisos administrativos regulares mensuales como ediciones extraordinarias y suplementos legislativos que incorporan proyectos de ley, ordenanzas y reglamentos, y desde 2024 se encuentra disponible en formato PDF online con índices y archivos históricos que datan de 1891 en adelante; antes de la creación del Territorio Británico de Ultramar de South Georgia and the South Sandwich Islands en 1985, toda la legislación aplicable a esas dependencias se publicaba en la Falkland Islands Gazette como antecedente legal directo. (Falkland Islands Government, s. f.)

4 El South Georgia and the South Sandwich Islands Order 1985 es un instrumento jurídico británico emitido como Statutory Instrument (S.I. 1985 N° 449) por el Privy Council (Consejo Privado de Su Majestad) que constituyó formalmente el archipiélago de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur como un Territorio Británico de Ultramar (British Overseas Territory) separado de las antiguas Dependencias de las Islas Malvinas a partir del 3 de octubre de 1985. Este Order in Council establece la estructura constitucional del territorio, crea la figura del Commissioner (Comisionado) como representante de la Corona con facultades ejecutivas y legislativas para dictar “ordinances” (ordenanzas) en nombre de Su Majestad, y preserva la aplicación del common law y de las prerrogativas reales mientras delega la administración interna al comisionado designado por el gobierno del Reino Unido, sin órgano legislativo representativo ni población civil permanente, consolidando así la soberanía británica mediante una forma legal directamente emanada del poder ejecutivo monárquico en Consejo. El texto integral del South Georgia and the South Sandwich Islands Order 1985 puede descargarse en PDF desde el sitio oficial de la legislación del Reino Unido, por ejemplo en legislation.gov.uk (como S.I. 1985 N° 449, que incluye todas las secciones constitutivas y las disposiciones sobre poderes del comisionado y continuación de leyes previas).(The South Georgia and the South Sandwich Islands Order 1985, S.I. 1985/449, 1985)

5 Robert Fitz Roy no realizó una expedición directa a la Antártida continental, pero su papel fue estructural para la proyección británica hacia el extremo austral. Como comandante del HMS Beagle (1831-1836), desarrolló una labor hidrográfica exhaustiva en el Atlántico Sur, Tierra del Fuego y los mares subantárticos, produciendo cartografía, mediciones meteorológicas y conocimiento náutico sin los cuales la exploración antártica posterior habría sido impracticable. Su aporte fue el de la infraestructura cognitiva del imperio, más que el del descubrimiento heroico. El libro que condensa esa experiencia es Narrative of the Surveying Voyages of His Majesty’s Ships Adventure and Beagle (1839), obra fundamental donde la ciencia, la navegación y la administración imperial se combinan en un mismo dispositivo de poder.

6 James Weddell fue uno de los primeros navegantes en penetrar sistemáticamente el océano Austral con objetivos tanto económicos como exploratorios. Entre 1822 y 1824, al mando de los buques Jane y Beaufoy, alcanzó en febrero de 1823 la latitud 74°15′S, un récord para su época, internándose en el mar que posteriormente llevaría su nombre. Su viaje demostró la navegabilidad estacional de sectores del borde antártico y amplió de forma decisiva el conocimiento geográfico del sur profundo, sentando precedentes para futuras expediciones científicas y estatales. Su obra A Voyage Towards the South Pole, Performed in the Years 1822-1824 (1825) constituye el relato clásico de esa exploración temprana, con descripciones precisas de hielos, corrientes y condiciones marítimas.

7 Ernest Shackleton representa la culminación de la llamada “edad heroica” de la exploración antártica y la transición hacia una Antártida concebida como espacio estratégico de resistencia humana y logística extrema. Su Imperial Trans-Antarctic Expedition (1914-1917) fracasó en su objetivo de cruzar el continente cuando el Endurance quedó atrapado y fue destruido por el hielo del mar de Weddell, pero el éxito radicó en la supervivencia total de la tripulación. La travesía del James Caird desde la isla Elefante hasta Georgia del Sur se convirtió en un hito absoluto de la historia polar. Shackleton dejó testimonio directo de esta experiencia en South: The Story of Shackleton’s Last Expedition (1919), obra que consolidó el imaginario británico de la Antártida como escenario de prueba imperial y humana.

8 Las British Forces South Atlantic Islands (BFSAI) constituyen el comando militar del Reino Unido encargado de la defensa y la presencia de sus fuerzas armadas en el Atlántico Sur, con un foco principal en las Islas Malvinas y extendiéndose a los demás territorios británicos del Atlántico Sur. Su misión explícita es proporcionar una demostración visible de la soberanía del Reino Unido sobre estos territorios y disuadir cualquier acción militar en su contra (Ministry of Defence, 2011). La BFSAI opera bajo la supervisión del Ministry of Defence y tiene su base principal en el Mount Pleasant Complex, donde se despliegan fuerzas combinadas del British Army, Royal Air Force y Royal Navy, incluyendo infantería rotativa, patrulleros oceánicos, sistemas de radar de control aéreo y cazas Eurofighter Typhoon, organizados en un esquema defensivo permanente que reafirma el compromiso británico con la seguridad de los territorios y su soberanía reconocida por Londres. Para más información oficial, puede consultarse la página del gobierno británico: https://www.gov.uk/government/news/falklands-garrison-still-going-strong.

9 La Defence Infrastructure Organisation (DIO) es la agencia ejecutiva del Ministry of Defence del Reino Unido encargada de la gestión de toda la infraestructura de defensa, tanto en el Reino Unido como en territorios de ultramar, incluyendo bases estratégicas como el Mount Pleasant Complex en las Islas Malvinas. Su función principal es garantizar que las fuerzas armadas puedan vivir, entrenar, trabajar y desplegarse eficientemente, mediante el mantenimiento de aeródromos, edificios, viviendas y terrenos de entrenamiento, así como la ejecución de proyectos de infraestructura crítica y servicios esenciales (Defence Infrastructure Organisation, s.f.).

10 El Eurofighter Typhoon es un caza bimotor europeo de configuración canard‑delta y multirrol, diseñado para superioridad aérea y ataques aire‑superficie de alta intensidad, con sistemas avanzados de control de vuelo fly‑by‑wire que le confieren maniobrabilidad excepcional y flexibilidad operacional, pudiendo montar el cañón automático Mauser BK‑27 de 27 mm, misiles aire‑aire como AIM‑120 AMRAAM, IRIS‑T o MBDA Meteor, así como misiles aire‑superficie y bombas guiadas en hasta 13 puntos de anclaje externos (Eurofighter Typhoon, 2025; Eurofighter Typhoon armament details, 2025). En contraste, los F‑16 Fighting Falcon adquiridos por Argentina –monomotores de cuarta generación, bloques 10/15 modernizados– cumplen funciones básicas de defensa aérea e intercepción con radar AN/APG‑66 y misiles AIM‑120C8 AMRAAM, pero carecen de los sensores y arquitecturas avanzadas que caracterizan al Typhoon, siendo más bien una “recomposición digna” de capacidades perdidas que un salto estratégico, lo que evidencia la asimetría tecnológica y doctrinaria entre ambas plataformas y consolida la superioridad aérea del Typhoon en escenarios de combate moderno (Argentina receives US approval for acquisition of 24 F‑16 fighters, 2024; General Dynamics F‑16 Fighting Falcon, 2025; AN/APG‑66, 2025).

11 El consorcio Eurofighter GmbH es una empresa conjunta europea creada en 1986 para coordinar el diseño, la producción en serie, la logística y la modernización del caza de combate Eurofighter Typhoon, actuando como el principal integrador industrial del programa en nombre de sus naciones socias. Está registrada en Hallbergmoos (Alemania) y es propiedad de las principales compañías aeroespaciales europeas: Airbus Defence and Space (46 %), BAE Systems (33 %) y Leonardo (21 %), que representan los intereses de Alemania, España, Reino Unido e Italia en la gestión del proyecto (Eurofighter GmbH, 2025; Airbus SE, 2025). El consorcio coordina una vasta cadena de suministro industrial que involucra a más de 400 empresas y emplea a más de 100.000 trabajadores calificados en Europa, y opera de manera conjunta con la NATO Eurofighter & Tornado Management Agency (NETMA) para cumplir con los requisitos militares de las fuerzas aéreas aliadas y gestionar contratos de exportación y soporte a cliente (Eurofighter GmbH, 2025; The Programme | Eurofighter Typhoon, 2025). Para más detalles oficiales sobre el consorcio, su estructura accionarial y el programa Eurofighter, podés consultar directamente la web oficial del proyecto: https://www.eurofighter.com (Eurofighter GmbH, 2025).

12 El Sky Sabre es el sistema de defensa aérea terrestre de medio alcance que ha reemplazado al veterano Rapier dentro de las capacidades antiaéreas del Ejército británico, concebido para detectar, rastrear e interceptar simultáneamente múltiples amenazas aéreas modernas, incluidas aeronaves, drones y municiones guiadas (Ministry of Defence, 2021; Army.mod.uk, 2025). Técnicamente, el sistema se compone de tres elementos principales: un radar de vigilancia Giraffe Agile Multi Beam 3D capaz de escanear 360° y detectar objetivos a distancias del orden de 120 km; un centro de mando y control que integra el radar con los misiles y los datos de enlace táctico Link 16 para compartir información con la Royal Air Force, la Royal Navy y aliados; y los lanzadores Land Ceptor con los misiles Common Anti-Air Modular Missile (CAMM), que pesan alrededor de 99 kg, pueden alcanzar velocidades de hasta 2.300 mph y tienen un alcance significativamente mayor que el Rapier, permitiendo interceptar amenazas múltiples de forma casi simultánea (controlando hasta 24 misiles en vuelo a la vez) (Ministry of Defence, 2021; Army.mod.uk, 2025; Janes, 2025). Este diseño modular y conectado no solo mejora la capacidad de respuesta frente a ataques saturados, sino que también permite integración operativa con fuerzas aéreas y navales, convirtiéndolo en una pieza clave de la defensa aérea británica desplegada (Ministry of Defence, 2021; Research Briefings, 2025). El Sky Sabre representa un salto tecnológico frente a sistemas anteriores, al combinar sensores avanzados, misiles de largo alcance y redes de comunicación táctica, lo que refuerza de manera significativa la postura defensiva británica en teatros remotos o aliados (Ministry of Defence, 2021; Army.mod.uk, 2025).

13 Rafael Advanced Defense Systems Ltd. es una empresa estatal israelí de defensa, propiedad del Estado de Israel, creada originalmente como brazo de investigación y desarrollo del Ministerio de Defensa y hoy consolidada como uno de los principales proveedores mundiales de tecnología militar avanzada. Según su información institucional, Rafael desarrolla y produce sistemas de defensa aérea, misiles, protección activa, sensores y soluciones de comando y control, destinados tanto a las Fuerzas de Defensa de Israel como a clientes extranjeros, actuando como un actor central del complejo militar‑industrial israelí y de los programas estratégicos de defensa del país (Campaign Against Arms Trade, 2025).

14 La arquitectura C4I –sigla de Command, Control, Communications, Computers and Intelligenc– es el “cerebro” que conecta todo. En términos llanos, es el sistema que recibe la información de los radares, la procesa en tiempo real, la comparte entre distintas unidades (defensa aérea, aviación, fuerzas terrestres o navales) y ayuda a decidir qué hacer y cómo hacerlo. No dispara armas por sí mismo, pero decide qué sensor ve mejor la amenaza, qué unidad debe intervenir, qué arma es la más adecuada y en qué orden, reduciendo errores humanos y tiempos de reacción. En conjunto, la vigilancia 3D y el C4I convierten datos dispersos en una imagen única y coherente del campo de batalla, permitiendo que un sistema defensivo funcione como una red inteligente y no como piezas aisladas.

15 Babcock International Group plc es una empresa multinacional británica de ingeniería y defensa especializada en la gestión de activos críticos, infraestructura y servicios de apoyo para sectores militares, aeroespaciales, navales, terrestres y nucleares, con sede en Londres y presencia global en África, Norteamérica, Europa y Australasia, y cotizada en la Bolsa de Londres como componente del FTSE 100 (Babcock International Group plc, 2025). Según su información institucional, Babcock provee soporte técnico integral, mantenimiento, operación y modernización de sistemas complejos –incluyendo buques de guerra, submarinos, sistemas de comunicaciones, vehículos terrestres y plataformas de defensa– para clientes gubernamentales como el Ministry of Defence del Reino Unido, y participa en programas de ingeniería avanzada, gestión de activos y soluciones tecnológicas que sostienen capacidades operativas de defensa y seguridad (Babcock International Group PLC, 2025). Para ver información oficial directamente de la empresa, podés consultar su sitio web en: https://www.babcockinternational.com/.

16 Exercise Cape Sword es un ejercicio militar regular organizado por las British Forces South Atlantic Islands (BFSAI) como parte de la preparación continua de las fuerzas británicas desplegadas allí. Entre el 6 y el 14 de octubre de 2025, el 2nd Battalion del Regimiento “The Rifles” –desplegado como Roulement Infantry Company– ejecutó Cape Sword, que incluyó inserciones marítimas y terrestres, patrullas urbanas, simulaciones de combate con munición de fogueo y uso de pirotecnia para recrear condiciones operativas realistas, con ciclos de actividades diurnas y nocturnas en zonas como Puerto Argentino y Wireless Ridge, con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta del batallón ante distintos escenarios operativos y su familiaridad con el terreno (British Forces South Atlantic Islands, citado en UK Defence Journal, 2025; Zona-Militar, 2025). La oficialidad británica describe estos ejercicios como parte de la doctrina de entrenamiento permanente para mantener la preparación de la guarnición en un entorno remoto y desafiante, integrando tácticas combinadas de fuerzas terrestres, navales y aéreas.

17 Global Britain es la estrategia oficial de política exterior, defensa y seguridad del Reino Unido formulada tras el Brexit y plasmada en la Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy, cuyo objetivo declarado es proyectar al país como un actor global con capacidad de influencia política, militar y económica en un entorno internacional competitivo. En ese marco, el gobierno británico afirma explícitamente su responsabilidad de defender y sostener militarmente sus Territorios de Ultramar, lo que incluye a las Islas Malvinas, consideradas un punto estratégico para la presencia británica en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida, integrando la base de Mount Pleasant y la BFSAI dentro de una lógica de disuasión permanente coherente con la doctrina de Global Britain (UK Government, 2021; House of Lords Library, 2023).

18 El Government Communications Headquarters (GCHQ) es la agencia británica de inteligencia, seguridad y ciberdefensa encargada de proporcionar inteligencia de señales (SIGINT) y aseguramiento de la información al gobierno y a las Fuerzas Armadas del Reino Unido, con el objetivo de proteger la seguridad nacional, apoyar operaciones militares y asesorar en políticas públicas en un entorno digital complejo (GCHQ, s. f.; Government Communications Headquarters, s. f.). Su sede principal, The Doughnut, se encuentra en Cheltenham, y opera a través de unidades especializadas como el National Cyber Security Centre (NCSC), que protege la infraestructura crítica del país y mejora la resiliencia de comunicaciones y redes clave (National Cyber Security Centre, s. f.). Las funciones de GCHQ, que incluyen interceptar, analizar y asegurar comunicaciones, así como asesorar sobre la protección de sistemas gubernamentales, están reguladas por el Intelligence Services Act 1994 y supervisadas parlamentariamente (Intelligence Services Act 1994, 1994; GCHQ, 2025).

19 En las Islas Malvinas, los kelpers celebran cada 14 de junio el Liberation Day, con desfiles, coronas en el Liberation Monument y servicios religiosos en la Christ Church Cathedral, todo según el impecable guion del Falkland Islands Government (FIG). Celebran, como si Argentina alguna vez hubiera aceptado rendirse, el “fin” de la ocupación argentina en 1982, cuando en realidad nuestro país sigue reclamando su soberanía y peleando diplomática y jurídicamente por las islas. Pero para los organizadores locales, poco importa: la ceremonia refuerza el relato de una liberación “heroica”, convenientemente alineado con una ideología colonial que necesita memorias épicas para legitimarse, mientras ignora que la lucha argentina por sus derechos nunca cesó.

20 Chatham House –o, para quienes gustan de los nombres pomposos, The Royal Institute of International Affairs– se presenta como el think tank británico independiente por excelencia, instalado en Londres desde 1920, año en que todavía se creía que la Primera Guerra Mundial había terminado para siempre (Chatham House, s.f.; Chatham House, 2025). Con aire de consejo de sabios que sabe todo y todo lo analiza, su misión declarada es “ayudar a gobiernos y sociedades a construir un mundo seguro, sostenible, próspero y justo” (Chatham House, 2025, p. 2), lo cual, traducido a lenguaje cotidiano, significa organizar conferencias con expertos, publicar informes y dar consejos que nadie se atrevería a ignorar, aunque nadie los vote ni los nombre formalmente. Afirman mantener una independencia a toda prueba frente a gobiernos y partidos, aunque basta mirar la influencia que tienen en la política internacional para sospechar que la neutralidad es más un ideal literario que una realidad práctica. En otras palabras, Chatham House combina con elegancia la diplomacia del té con el poder de la agenda global: mucho análisis académico, mucha moral declarada y, al final, un efecto muy concreto sobre cómo los poderosos creen que deberían manejarse los asuntos del mundo. Referencia web oficial: https://www.chathamhouse.org/about-us/our-mission-and-values

21 El reporte Transatlantic Relations: Converging or Diverging? de Chatham House (Wickett, 2018) se presenta como un estudio profundo sobre la relación entre Estados Unidos y Europa, aunque uno podría preguntarse si no se trata más de un manual de cortesía diplomática con toques de análisis geopolítico. Según el informe, pese a los “altibajos cíclicos” –léase, desacuerdos comerciales, populismos y caprichos de líderes– los fundamentos transatlánticos permanecen sólidos, siempre que las élites se reúnan con frecuencia suficiente y recuerden que la cooperación “no es opcional” (Wickett, 2018, p. 5). En otras palabras, un elegante recordatorio de que las grandes alianzas funcionan mejor cuando todos fingen que nada cambia y los problemas se resuelven con reuniones, informes y declaraciones conjuntas que generan la ilusión de control sobre un mundo impredecible.

22 El Royal United Services Institute (RUSI) es, según su propia descripción institucional, el think tank de defensa y seguridad más antiguo del mundo, fundado en 1831 por el Duque de Wellington y con sede en Whitehall, Londres, donde se jacta de “informar, influir y enriquecer el debate público para ayudar a construir un mundo más seguro, equitativo y estable” a través de investigaciones y eventos sobre seguridad internacional (Royal United Services Institute, 2023-24). Desde su fundación hace casi dos siglos ha sostenido que su independencia intelectual permite un análisis riguroso de temas que van desde doctrina militar hasta amenazas contemporáneas como ciberseguridad, aunque el hecho de que su reputación, su acceso privilegiado y su cercanía a redes gubernamentales lo posicionen como voz autorizada también sugiere que “neutralidad” muchas veces es sinónimo de ser el comentarista oficial del statu quo (Royal United Services Institute, 2023-24).

23 El newsbrief de RUSI titulado After the Vote: The Future of the Falklands (2013) se presenta como un análisis profundo del referéndum de 2013 en el que los isleños votaron casi unánimemente por permanecer bajo administración británica, aunque uno podría sospechar que “profundo” aquí significa revisar los resultados que confirman la narrativa que a Londres le gusta repetir. Según RUSI, el referéndum “destaca la creciente agencia del gobierno local en la disputa territorial” (Royal United Services Institute, 2013), una manera elegante de decir que el control británico se viste de legitimidad democrática mientras todo el mundo finge que la historia colonial no pesa. En otras palabras, el informe combina diplomacia académica, estadísticas impecables y un toque de moralidad institucional para legitimar lo que, en la práctica, sigue siendo un enclave estratégico cuidadosamente administrado desde Londres.

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