Milei y la soberanía prestada

Sobre la reciente cadena nacional referida a Malvinas

Por Juan Facundo Besson

La democracia colonial

Durante demasiado tiempo los argentinos fuimos educados para ponderar las palabras por encima de los hechos. En la cuestión Malvinas esa costumbre resulta especialmente peligrosa, porque permite confundir una declaración presidencial con una política de soberanía, una coincidencia diplomática con una modificación de las relaciones de poder y una adquisición militar con la construcción de autonomía estratégica. La cadena nacional pronunciada por Javier Milei el 3 de septiembre de 2026 obliga precisamente a invertir ese razonamiento. El presidente sostuvo que las Malvinas son argentinas “por historia y por derecho”, caracterizó la usurpación británica iniciada en 1833 como “colonial”, rechazó que el referéndum realizado entre los habitantes de las islas pueda resolver la controversia y anunció medidas contra las empresas involucradas en el desarrollo petrolero de Sea Lion. El problema comienza, sin embargo, donde termina el discurso: determinar si esas palabras expresan una transformación estratégica o solamente una modificación retórica con olor a aprovechamiento político.

Las definiciones no son irrelevantes. En distintos aspectos recuperan elementos centrales de la posición histórica argentina y contrastan con expresiones anteriores del propio Milei, particularmente sus elogios a Margaret Thatcher y ciertas formulaciones sobre los habitantes de las islas. Ningún presidente está obligado a permanecer cautivo de declaraciones previas y toda administración puede revisar sus posiciones. Pero en materia de soberanía la coherencia no puede medirse únicamente por la intensidad de una frase. Debe observarse en la articulación existente entre política exterior, Defensa, industria, ciencia, tecnología, energía, infraestructura y capacidad financiera. Malvinas constituye precisamente el escenario donde la Argentina comprueba, desde hace casi dos siglos, que disponer de razones históricas y jurídicas no equivale a poseer los instrumentos materiales necesarios para transformar esas razones en una relación de fuerzas favorable.

Dentro de esa contradicción puede hablarse de “democracia colonial”, siempre que la categoría sea delimitada con precisión. La Argentina no es jurídicamente una colonia: es un Estado soberano, con personalidad internacional e instituciones constitucionales. Sin embargo, en su realidad histórica se superponen dos dimensiones diferentes de la cuestión colonial. La primera es territorial y directa: desde 1833, el Reino Unido mantiene el control de las Islas Malvinas, cuya soberanía es objeto de una disputa reconocida por las Naciones Unidas. La segunda remite a la noción de semicolonia desarrollada por Jorge Abelardo Ramos: un Estado formalmente independiente cuya capacidad de autodeterminación se encuentra condicionada por estructuras económicas, financieras, tecnológicas y estratégicas externas. La singularidad argentina reside precisamente en esa convergencia: una parte del territorio nacional permanece bajo ocupación colonial mientras la soberanía del conjunto se encuentra condicionada por relaciones de dependencia.

Desde 1983, esa contradicción atravesó gobiernos de orientaciones profundamente diferentes. Alfonsín no fue Menem, Menem no fue Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner no fue Macri, Alberto Fernández no fue Milei; existieron políticas exteriores, económicas e industriales distintas, así como períodos de recuperación y otros de pérdida de capacidades estatales. La continuidad estructural radica, más bien, en la dificultad para sostener una gran estrategia nacional de largo plazo que articule Defensa, industria, energía, marina mercante, infraestructura patagónica, pesca, tecnología satelital, investigación científica, política antártica y proyección sobre el Atlántico Sur. La democracia recuperó en 1983 la legitimidad constitucional del poder, pero esa conquista no produjo por sí misma los instrumentos materiales necesarios para ejercerlo. Allí adquiere sentido la categoría de democracia colonial: no como negación de la democracia, sino como descripción de la distancia persistente entre soberanía jurídica y capacidad efectiva de autodeterminación nacional.

Milei representa una expresión particularmente intensa de esa contradicción. Por una parte, comienza a reconocer que una Nación económicamente frágil y militarmente debilitada posee pocos instrumentos para defender intereses soberanos. Por otra, su gobierno ha construido una política exterior basada en un alineamiento pronunciado con Estados Unidos e Israel y una política económica que deposita fuertes expectativas en el capital privado y extranjero. Allí aparece el nervio de la cuestión: si la soberanía depende de capacidades, no alcanza con conseguir inversiones, comprar sistemas de armas o cultivar relaciones privilegiadas con potencias. Es necesario preguntarse quién controla la infraestructura, quién posee la tecnología, quién administra los datos, quién provee los repuestos y qué capacidad conserva la Argentina cuando los intereses del aliado dejan de coincidir con los propios. La soberanía comienza exactamente donde termina la coincidencia con el aliado.

Malvinas como sistema de poder

Reducir la Cuestión Malvinas a la superficie terrestre del archipiélago constituye uno de los errores más persistentes del pensamiento argentino. Las islas forman parte de un sistema geopolítico que comprende espacios marítimos, recursos pesqueros, potenciales reservas de hidrocarburos, rutas de navegación, infraestructura logística, comunicaciones, capacidades militares y proyección hacia la Antártida. Desde esa perspectiva, la controversia no puede comprenderse únicamente a través del mapa escolar ni mediante la evocación del conflicto de 1982. Lo que está en juego es también la configuración del poder en el Atlántico Sur, la relación entre el continente sudamericano y los pasos interoceánicos, la posición de las islas subantárticas y el acceso al continente antártico.

La posición jurídica argentina continúa siendo sustancial. La Primera Disposición Transitoria de la Constitución Nacional ratifica la “legítima e imprescriptible soberanía” sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, y establece su recuperación como objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Naciones Unidas mantiene a las Islas Malvinas en la lista de Territorios No Autónomos y reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. La Resolución 2065 (XX), aprobada por la Asamblea General en 1965, encuadró expresamente la cuestión dentro del proceso de descolonización e invitó a ambos gobiernos a negociar teniendo en cuenta los intereses de los habitantes. Esa referencia a los intereses, y no a una autodeterminación territorial automática, constituye un elemento central de la posición argentina.

Pero esa fortaleza jurídica convive con una profunda asimetría material. El Reino Unido administra las islas, mantiene allí una presencia militar, controla efectivamente los espacios marítimos circundantes y correspondientes y sostiene una economía apoyada fundamentalmente en pesca, servicios y crecientes expectativas hidrocarburíferas. Esa realidad no elimina los títulos argentinos, pero demuestra que el derecho internacional opera dentro de relaciones concretas de poder. La conclusión no debería ser abandonar el derecho en nombre del realismo, sino comprender que derecho y poder deben articularse. Un Estado necesita fundamentos jurídicos para legitimar sus pretensiones, pero también capacidades económicas, tecnológicas, diplomáticas y estratégicas que aumenten el costo de ignorarlas indefinidamente.

Gran Bretaña entendió históricamente el mar como circulación, comercio y poder. La Argentina, en cambio, suele contemplarlo como una extensión azulada sobre un mapa. La primera concepción produce marina mercante, astilleros, puertos, seguros, arbitraje marítimo, oceanografía, cables submarinos y fuerzas navales. La segunda corre el riesgo de producir únicamente cartografía. El mapa es importante porque también construye representación territorial, pero ninguna representación sustituye las capacidades necesarias para habitar, conocer, conectar y defender el espacio representado. Malvinas expone precisamente esa diferencia entre imaginar un territorio nacional y disponer del poder necesario para sostenerlo.

Trump y la tentación de confiar

El discurso de Milei apareció, además, en un contexto particularmente sensible. Donald Trump declaró que revisaba permanentemente las posiciones de Estados Unidos y mencionó Malvinas entre muchas cuestiones susceptibles de revisión. Algunos sectores interpretaron inmediatamente esa expresión como un posible giro histórico de Washington. Sin embargo, Trump no reconoció la soberanía argentina ni anunció formalmente una modificación de la política estadounidense. Entre revisar una posición y modificarla existe una distancia enorme. Convertir una frase abierta en una conquista diplomática consumada significaría repetir uno de los errores clásicos de la política exterior argentina: tomar una señal emitida por una potencia como si fuera un compromiso estratégico irrevocable.

El problema adquiere mayor relevancia porque Estados Unidos atraviesa una etapa de creciente preocupación por China, los minerales críticos, las infraestructuras portuarias, los corredores bioceánicos y la proyección antártica. En ese marco puede hablarse, con las precauciones correspondientes, de una actualización de la lógica monroísta: no una repetición literal de la Doctrina Monroe de 1823, sino una persistente pretensión de impedir que potencias extrarregionales consoliden posiciones consideradas sensibles dentro del hemisferio occidental. Patagonia, Tierra del Fuego, el Atlántico Sur y las rutas antárticas adquieren entonces una importancia que excede largamente a la Argentina.

Estados Unidos quiere limitar la expansión china porque responde a su propia competencia global con Beijing. La Argentina debe definir su relación con China según sus intereses nacionales. Ambos objetivos pueden coincidir en determinados momentos, pero no son equivalentes. Una potencia puede servir para equilibrar a otra sin transformarse por ello en garante de la autonomía argentina. El desafío consiste precisamente en evitar que Washington redacte el diagnóstico estratégico argentino y, posteriormente, ofrezca también todos los instrumentos para resolverlo. La dependencia puede cambiar de proveedor y seguir siendo dependencia.

La verdadera medida de la relación Milei-Trump aparecerá, por lo tanto, cuando los intereses de ambos países dejen de coincidir. La autonomía no se demuestra acompañando al aliado allí donde ambos desean lo mismo. Se demuestra cuando existe capacidad para contrariarlo cuando un interés argentino sustancial así lo exige. La política exterior madura comienza donde termina la política de las afinidades personales.

Lexington: una advertencia desde 1831

La historia de Malvinas ofrece un antecedente extraordinariamente ilustrativo. En 1831, dos años antes de la invasión británica, la corbeta estadounidense USS Lexington atacó Puerto Soledad después del conflicto originado por las medidas adoptadas por Luis Vernet contra embarcaciones estadounidenses que operaban sin autorización. La incursión destruyó instalaciones, detuvo personas y debilitó considerablemente la presencia argentina. No existen pruebas suficientes para afirmar que aquella operación haya formado parte de una conspiración previamente coordinada con Gran Bretaña, pero no existen dudas que el escenario quedó destinado para preparar la ocupación que se llevaría a cabo desde 1833.

El episodio contiene una enseñanza importante. Cuando los intereses estadounidenses entraron en conflicto con decisiones adoptadas por autoridades argentinas, Washington actuó conforme a su propia jerarquía de intereses y utilizó poder naval para respaldarlos. La Argentina podía considerar amigo a Estados Unidos; la Lexington, sin embargo, llevaba cañones. Dos siglos después, la enseñanza mantiene una notable actualidad: las grandes potencias no organizan su política exterior mediante gratitud o simpatía, sino según intereses, capacidades y oportunidades.

La secuencia 1831-1833 demuestra también cómo se acumula la vulnerabilidad. La Lexington no produjo automáticamente la ocupación británica, pero debilitó el establecimiento argentino. En enero de 1833, el Reino Unido utilizó su superioridad naval para desplazar a las autoridades nacionales. La soberanía, por tanto, no se pierde necesariamente en un único acto. También puede erosionarse mediante una sucesión de incapacidades que distintos actores aprenden a explotar.

1982: ser útil no es ser indispensable

El conflicto de 1982 volvió a mostrar, un siglo y medio después, los riesgos de confundir utilidad con alianza. La dictadura argentina había desarrollado una activa cooperación anticomunista con Estados Unidos, especialmente en Centroamérica. Sectores militares interpretaron esa colaboración como un activo capaz de condicionar la respuesta de Washington frente a una eventual crisis con Gran Bretaña. Esa percepción no era enteramente imaginaria: existían contactos, cooperación y afinidades ideológicas. El error consistió en transformar una utilidad regional en la expectativa de neutralidad estadounidense frente a un conflicto que involucraba a uno de sus principales aliados globales.

Los documentos norteamericanos muestran con claridad esa jerarquía. Durante las primeras semanas Alexander Haig intentó mediar entre Buenos Aires y Londres, pero la administración Reagan evaluaba simultáneamente el costo global que implicaría abandonar al Reino Unido. Cuando la mediación fracasó, Washington hizo público su apoyo a Gran Bretaña, suspendió asistencia a la Argentina y profundizó la cooperación material. Allí terminó cualquier expectativa de neutralidad.

Galtieri y otros integrantes de la conducción militar argentina actuaban dentro de una cosmovisión occidental y profundamente anticomunista. Los contactos con el Pentágono podían alimentar la sensación de pertenecer al mismo dispositivo estratégico. Pero ninguna afinidad podía borrar la OTAN, la cooperación nuclear, la inteligencia compartida y décadas de relación privilegiada entre Estados Unidos y Gran Bretaña. La Argentina confundió ser útil para determinadas operaciones regionales con ser indispensable para la estrategia mundial estadounidense.

La documentación desclasificada muestra además el alcance concreto del respaldo norteamericano. Estados Unidos facilitó logística en Ascensión, proporcionó inteligencia y suministró armamento, entre ello misiles AIM-9L Sidewinder. Caspar Weinberger asumió una posición particularmente favorable a las necesidades británicas. Rubén Oscar Moro describió posteriormente aquella experiencia como una “sorpresa brutal”. La expresión resulta precisa porque el problema no fue solamente aquello que hizo Washington, sino que la Argentina se sorprendiera de que lo hiciera.

Milei no es Galtieri y la Argentina de 2026 no es la dictadura de 1982. Equiparar ambos escenarios sería históricamente inexacto, aun respondiendo a los mismos intereses. Pero el mecanismo intelectual sí puede repetirse: confundir afinidad ideológica con garantía estratégica. La lección de 1982 no es el antiamericanismo. Es algo mucho más elemental: las grandes potencias poseen intereses permanentes y las simpatías presidenciales no modifican automáticamente sus jerarquías.

El Imperio británico cambió de forma

El Reino Unido tampoco puede analizarse únicamente mediante imágenes del Imperio victoriano. El Imperio formal se desintegró en buena medida durante el siglo XX, pero Londres conservó territorios de ultramar, capacidad naval, armas nucleares, poder financiero, servicios de inteligencia de alcance global y una estrecha asociación estratégica con Estados Unidos. Gibraltar, Malvinas, Ascensión y Diego García poseen situaciones jurídicas diferentes y no conforman una cadena administrativa homogénea. Sin embargo, observados desde la geografía estratégica muestran una misma tradición marítima: el valor de posiciones insulares capaces de sostener vigilancia, logística, comunicaciones y proyección.

Ascensión fue fundamental para el despliegue británico durante el conflicto de 1982. Gibraltar ocupa una posición extraordinaria entre el Mediterráneo y el Atlántico. Diego García constituye un nodo central de la cooperación militar angloestadounidense. Malvinas se inserta en esa cultura estratégica de posiciones avanzadas, rutas marítimas y control de espacios oceánicos. El reciente retorno de la importancia de los chokepoints —desde Ormuz hasta el mar Rojo— recuerda que una economía aparentemente digital continúa dependiendo de buques, puertos, estrechos y rutas físicas.

La arquitectura británica tampoco depende exclusivamente de la Royal Navy. Londres conserva una posición central en seguros, finanzas, arbitraje y derecho marítimo. Instituciones como la London Maritime Arbitrators Association forman parte de una estructura donde herramientas estatales y privadas se complementan. No hace falta imaginar una conspiración centralizada para comprender que siglos de acumulación institucional producen influencia. El poder contemporáneo puede operar mediante un buque de guerra, pero también mediante una póliza, un tribunal arbitral, una aseguradora, una empresa energética o un centro financiero.

La Argentina, por contraste, posee una geografía marítima formidable pero una política marítima históricamente discontinua. La decadencia de la marina mercante, las dificultades de la industria naval, la insuficiencia de determinadas infraestructuras patagónicas y las limitaciones presupuestarias de la Armada expresan esa contradicción. Gran Bretaña piensa el mar como poder. La Argentina todavía lo piensa demasiado como mapa, si lo piensa.

Sea Lion: petróleo, infraestructura y tiempo

El proyecto Sea Lion introduce una dimensión cualitativamente nueva. Desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration al norte de las islas, alcanzó su decisión final de inversión en diciembre de 2025. Se proyectan decenas de pozos, inversiones multimillonarias y una vida productiva de varias décadas, con primer petróleo previsto para 2028. Ya no se discute únicamente una expectativa geológica: se está construyendo infraestructura económica duradera bajo administración británica.

La infraestructura genera contratos, proveedores, empleo, rentas fiscales y actores interesados en la continuidad del statu quo. Una plataforma petrolera no es solamente una instalación industrial. También constituye una institución geopolítica porque articula capital, tecnología, transporte, seguros y mercados. El tiempo, en consecuencia, deja de ser neutral. Cada año de desarrollo puede consolidar nuevas realidades materiales alrededor de la administración británica.

Las sanciones anunciadas por Milei son, por ello, relevantes. La Argentina considera ilegítimas las actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización nacional en áreas sujetas a controversia y dispone de instrumentos jurídicos para actuar contra las empresas involucradas. Pero una sanción debe medirse por sus efectos, no por la solemnidad del anuncio. La cuestión central es si puede condicionar financiamiento, seguros, proveedores, reputación corporativa o acceso futuro al mercado argentino.

Navitas introduce además una prueba particularmente incómoda para Milei, porque se trata de una compañía israelí y el Presidente mantiene una relación política especialmente estrecha con Israel. Allí aparece un verdadero examen de autonomía. Si una empresa vinculada a un aliado desarrolla una actividad que Buenos Aires considera contraria a derechos soberanos argentinos, ¿prevalece el interés nacional o la afinidad ideológica? La soberanía se demuestra más frente al amigo que frente al adversario.

Menem, privatizaciones y Cóndor II

La reivindicación de Carlos Menem por parte de Milei plantea otra contradicción. Durante los años noventa se produjo una extensa reorganización del aparato productivo vinculado con Defensa. El Decreto 1398/1990 y la Ley 24.045 comprendieron históricamente veintisiete entidades, entre ellas AFNE, HIPASAM, Domecq García, SIDINOX, SATECNA, Petroquímica General Mosconi, SOMISA, Petroquímica Bahía Blanca, TAMSE, el Área Material Córdoba y distintas fábricas militares.

Sería incorrecto idealizar todas esas empresas. Muchas tenían problemas financieros, productivos o tecnológicos. Pero sería igualmente simplista afirmar que la pérdida de capacidades siderúrgicas, navales, aeronáuticas y militares careció de consecuencias estratégicas. Una fábrica puede cerrarse rápidamente; reconstruir conocimiento, proveedores y personal calificado puede requerir décadas. Determinados activos industriales poseen un valor que no puede medirse solamente mediante balances de corto plazo.

El Cóndor II constituye el caso más significativo. El Decreto 995/1991 dispuso que los elementos vinculados con el programa fueran desactivados, desmantelados, reconvertidos o inutilizados para asegurar su cancelación “completa e irreversible”. La decisión estuvo condicionada por fuertes presiones internacionales, especialmente estadounidenses, vinculadas con la proliferación misilística. El punto no consiste en afirmar que el proyecto debía continuar sin modificaciones, sino en observar que la Argentina abandonó una capacidad tecnológica sensible mientras reestructuraba simultáneamente buena parte de su complejo industrial de Defensa.

Milei reivindica a Menem y, al mismo tiempo, afirma que la Argentina necesita recuperar poder económico y militar. Ambas afirmaciones exigen una conciliación intelectual. La apertura económica puede mejorar eficiencia y la inversión privada puede aportar capital, pero ninguna de esas herramientas sustituye una estrategia nacional. El mercado puede asignar recursos, pero no redacta una gran estrategia.

El veto británico y la dependencia tecnológica

La historia reciente de la aviación militar argentina muestra con claridad cómo funciona la dependencia tecnológica. Gran Bretaña mantiene una política restrictiva respecto de determinadas exportaciones militares hacia la Argentina. No existe un embargo absoluto, pero Londres conserva la posibilidad de negar licencias sobre bienes que considere capaces de incrementar capacidades militares argentinas de manera contraria a sus intereses.

El frustrado intento de adquirir el KAI FA-50 surcoreano lo demostró en 2020: componentes de origen británico impedían avanzar con la operación. La enseñanza excede ese modelo de avión. Un sistema de armas contemporáneo constituye una red de motores, radares, aviónica, software, armamento, mantenimiento y repuestos. Comprar la plataforma no significa controlar el sistema. Quien controla un componente indispensable posee capacidad de influencia sobre su disponibilidad futura.

La adquisición de F-16 constituye, sin embargo, una recuperación real de capacidad argentina y no debería ser minimizada. Después de años de degradación, recuperar una plataforma supersónica moderna representa un avance. Pero su valor dependerá del armamento, los repuestos, el mantenimiento, la infraestructura, el entrenamiento y la continuidad presupuestaria. Un avión sin repuestos es una escultura cara. La autonomía militar no se limita a comprar equipamiento: consiste en sostenerlo y, siempre que resulte posible, integrar una parte creciente de su ecosistema tecnológico dentro del país en un marco estratégico.

Madrid, inversiones y la normalización

Los acuerdos de Madrid I y Madrid II deben ser analizados con precisión. La Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989 estableció una fórmula de salvaguardia que permitió desarrollar conversaciones sin que ninguna parte abandonara su posición sobre soberanía. Madrid II, del 15 de febrero de 1990, profundizó la normalización, restableció relaciones diplomáticas e incorporó medidas de confianza en materia militar. Jurídicamente no puede sostenerse que esos acuerdos constituyeran una renuncia argentina. La fórmula buscaba precisamente evitar ese resultado.

El análisis estratégico, sin embargo, es más complejo. Julio C. González utilizó posteriormente la expresión “Versalles argentino” para caracterizar críticamente el entramado posterior a la derrota. La metáfora debe atribuirse correctamente: Madrid no fue jurídicamente una capitulación. La crítica apuntaba a otra cuestión, esto es, si la normalización institucionalizó una relación materialmente asimétrica en la cual Gran Bretaña podía acumular hechos mientras la Argentina preservaba fundamentalmente su reserva jurídica.

El problema conserva vigencia. Quien administra el territorio puede desarrollar infraestructura, pesca, actividad económica e hidrocarburos mientras el reclamante conserva el derecho a protestar. El derecho mantiene intacta la posición argentina; el tiempo puede fortalecer materialmente la posición británica. Por eso los mecanismos provisionales necesitan ser evaluados por sus resultados acumulados y no solamente por su corrección jurídica.

A ese entramado se agregó el Tratado Bilateral de Inversiones firmado en 1990 y aprobado por la Ley 24.184. El acuerdo estableció garantías para las inversiones, reglas sobre expropiación, transferencias y mecanismos internacionales de solución de controversias. Empresas británicas o vinculadas al Reino Unido participarían posteriormente en arbitrajes contra la Argentina, entre ellas National Grid, Anglian Water y British Gas. Nada de ello convierte automáticamente a la inversión extranjera en colonial. El problema aparece cuando el capital ingresa sin una estrategia capaz de orientar tecnología, proveedores y capacidades nacionales.

Thatcher y la mitad olvidada

La admiración de Milei por Margaret Thatcher suele concentrarse en sus privatizaciones y liberalizaciones, pero omite una diferencia fundamental. Thatcher gobernaba una potencia nuclear, miembro permanente del Consejo de Seguridad, con industria militar, Fuerzas Armadas capaces de proyectarse globalmente, inteligencia, universidades de primer nivel y capacidad para restringir transferencias tecnológicas sensibles.

El Reino Unido privatizó, pero no renunció a pensar estratégicamente. Esa es la mitad de Thatcher que suele desaparecer en su recepción argentina. La discusión no es simplemente Estado contra mercado. Es quién establece los objetivos nacionales dentro de los cuales actúan Estado y mercado.

Mondino-Lammy y el paraguas de soberanía

El comunicado Mondino-Lammy del 24 de septiembre de 2024 recuperó explícitamente la fórmula de salvaguardia de soberanía utilizada desde 1989. El entendimiento abordó cuestiones relativas al Plan Proyecto Humanitario, conservación pesquera y conectividad, incluyendo la posibilidad de reactivar un vuelo semanal entre São Paulo y las islas con una escala mensual en Córdoba. Jurídicamente, la fórmula preservaba la posición argentina y, por lo tanto, no corresponde describir el acuerdo como una renuncia de soberanía.

El interrogante es estratégico. Toda conexión aérea, mecanismo pesquero o instrumento de cooperación debe evaluarse preguntando qué obtiene la Argentina y qué efectos produce sobre la economía isleña. Una conexión puede favorecer contactos humanos y simultáneamente facilitar el funcionamiento económico del territorio administrado por Londres. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.

Después de más de tres décadas de paraguas de soberanía corresponde realizar balances materiales. ¿Qué capacidades acumuló cada parte desde 1989? ¿Cómo evolucionaron pesca, infraestructura, exploración hidrocarburífera y presencia militar? Una diplomacia madura no puede evaluar exclusivamente la corrección jurídica de sus documentos. Debe observar también sus consecuencias.

Ushuaia, Richardson y la puerta antártica

La Base Naval Integrada de Ushuaia constituye uno de los puntos más sensibles. No existe evidencia que permita afirmar que haya sido cedida a Estados Unidos o convertida en una base norteamericana. Continúa siendo una instalación argentina. Pero la visita de la general Laura Richardson en abril de 2024 y las expresiones pronunciadas por Milei justifican un análisis estratégico.

El Presidente sostuvo entonces que el proyecto contribuiría a convertir a “nuestros países” en una puerta de entrada a la Antártida. La expresión resulta significativa porque Ushuaia ocupa una posición extraordinaria sobre el canal Beagle, próxima al pasaje de Drake y frente a una de las principales rutas de acceso al continente antártico. La Base Naval Integrada puede fortalecer logística, reparaciones, abastecimiento y presencia estatal. Precisamente por eso resulta esencial saber quién controla infraestructura, tecnología, información y decisiones.

La cooperación con Estados Unidos no implica por sí misma una pérdida de soberanía. Puede aportar entrenamiento, recursos y conocimientos. El problema aparece cuando la cooperación sustituye capacidades nacionales o genera dependencias de largo plazo. Washington observa además con creciente preocupación la presencia china en América Latina. La Argentina no debería responder reemplazando una dependencia potencial por otra. Una política madura debe utilizar la competencia entre potencias para ampliar autonomía, no para cambiar de tutor.

Tolhuin y la soberanía informacional

El radar instalado por LeoLabs Argentina SRL en Tolhuin fue autorizado antes del gobierno de Milei. La autorización precaria fue cancelada en 2023 y la documentación posterior mostró que otras medidas destinadas a consolidar el cese involucraban también competencias provinciales. Por ello, atribuir su instalación original a la administración actual sería incorrecto.

Pero el caso plantea una cuestión más profunda: la soberanía informacional. Un radar capaz de observar objetos espaciales produce datos con valor científico, comercial y estratégico. Las preguntas fundamentales son quién obtiene esos datos, dónde se procesan, quién accede a ellos y bajo qué legislación circulan. En el siglo XXI radares, estaciones satelitales, centros de datos y cables submarinos deben ser pensados como infraestructura crítica.

Tolhuin y Ushuaia pertenecen, además, a una misma geografía estratégica. Uno remite al control de información; la otra, a logística marítima y antártica. Tierra del Fuego proporciona a la Argentina una ventaja geográfica extraordinaria, pero la geografía solamente se transforma en poder mediante tecnología, infraestructura y conocimiento.

Holsey y el Comando Sur

En abril de 2025 el almirante Alvin Holsey, entonces jefe del Comando Sur estadounidense, visitó el Área Naval Austral y recibió información sobre las actividades de la Armada, operaciones antárticas, búsqueda y rescate y rutas marítimas regionales. Las visitas militares entre países con relaciones diplomáticas son habituales y no constituyen por sí mismas evidencia de subordinación.

El análisis cambia cuando se observa la secuencia completa: Richardson, Holsey, F-16, creciente interés estadounidense por Tierra del Fuego, competencia con China y relevancia antártica. La pregunta correcta no es si cooperar con Estados Unidos es bueno o malo en abstracto. Es cuánto fortalece las capacidades argentinas y cuánto aumenta la dependencia.

El mismo criterio debe aplicarse a China. Ni toda inversión china constituye colonización ni toda cooperación estadounidense garantiza autonomía. La nacionalidad del socio nunca sustituye el análisis de la estructura concreta de la relación.

RIGI y el problema del capital sin dirección

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones creado por la Ley 27.742 constituye otra pieza fundamental. El RIGI concede estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por treinta años y beneficios importantes a grandes proyectos. Entre sus objetivos normativos se encuentra también el desarrollo de cadenas productivas locales, aspecto que debe reconocerse. Pero su arquitectura concede una amplia libertad operativa a los inversores y no constituye por sí misma una política industrial.

Una inversión minera o energética puede generar exportaciones, empleo, infraestructura y divisas. Todo ello resulta valioso. Pero extracción no equivale automáticamente a industrialización. Si los equipos principales se importan, la tecnología permanece en el exterior, el procesamiento de mayor complejidad se realiza fuera del país y los proveedores locales quedan concentrados en actividades secundarias, la Argentina puede exportar mucho más sin aumentar proporcionalmente su autonomía.

La pregunta estratégica, entonces, no es solamente cuánto capital entra. Es qué queda en el país cuando ese capital deja de entrar: tecnología, conocimiento, personal especializado, proveedores, infraestructura y capacidad de innovación. Los recursos naturales son una oportunidad de desarrollo únicamente cuando se integran a una política que transforma renta en capacidad.

Nación en armas

La reconstrucción de soberanía exige recuperar una concepción amplia de la Defensa. La idea de nación en armas, entendida lejos de cualquier militarismo o autoritarismo, permite comprender que la defensa nacional involucra población, educación, industria, energía, universidades, ciencia, tecnología, infraestructura y Fuerzas Armadas profesionales. Ningún sistema militar contemporáneo funciona aislado de la sociedad que lo sostiene.

La tradición argentina ofrece referencias importantes. Manuel Savio comprendió la relación entre siderurgia y soberanía; Enrique Mosconi vinculó energía y autonomía; Hernán Pujato concibió la presencia antártica como combinación de ciencia, logística y decisión estatal. Sus experiencias fueron distintas, pero compartieron una idea: el poder nacional necesita bases materiales.

Fabricaciones Militares, los astilleros, INVAP, CITEDEF, CONAE, las universidades, el sistema nuclear, la marina mercante y las Fuerzas Armadas deberían ser concebidos como componentes de un mismo ecosistema de poder nacional. Su fragmentación y discontinuidad son también una consecuencia de la desmalvinización posterior a 1982, entendida no sólo como desplazamiento de Malvinas del debate público, sino como progresiva separación entre soberanía, Defensa, industria, ciencia y desarrollo. Capacidades estratégicas que requieren veinte o treinta años para consolidarse quedaron sometidas a los vaivenes de cada ciclo político, cuando la construcción de soberanía exige precisamente lo contrario: continuidad estatal, planificación estratégica y horizontes necesariamente más largos que un mandato presidencial.

Antártida, pesca y Atlántico Sur

Malvinas tampoco puede separarse de la Antártida. La Argentina posee una presencia histórica extraordinariamente relevante, mantiene bases, campañas científicas y logística permanente. El Tratado Antártico congela las reclamaciones territoriales y establece usos pacíficos, pero no elimina la geopolítica. Los Estados continúan acumulando conocimiento, infraestructura, ciencia y experiencia.

Ushuaia puede convertirse en un gran polo logístico antártico, pero para ello necesita puertos, reparaciones navales, aviación, combustible, almacenamiento, servicios científicos y conectividad. La ventaja geográfica no produce automáticamente poder. Debe transformarse mediante inversiones y continuidad política.

La pesca constituye otro elemento central. Las licencias concedidas por la administración isleña representan una fuente fundamental de ingresos. Para la Argentina, proteger sus recursos marítimos exige satélites, patrulleros, aviación, investigación oceanográfica, puertos y capacidad de fiscalización. El mar no puede defenderse sólo mediante declaraciones.

La pesca debería ser también una plataforma industrial. Astilleros, frigoríficos, biotecnología, procesamiento alimentario y servicios navales pueden transformar recursos marítimos en cadenas productivas nacionales. Reclamar soberanía sobre el mar sin desarrollar una economía marítima robusta significa sostener jurídicamente un espacio que materialmente continúa subutilizado.

Milei como expresión extrema de la contradicción

Milei no creó la dependencia argentina. La degradación industrial, el endeudamiento, la debilidad militar, la discontinuidad tecnológica y la ausencia de una estrategia sostenida atraviesan varias décadas. La democracia colonial no comenzó en diciembre de 2023. Diferentes gobiernos reprodujeron, limitaron o intentaron revertir esas estructuras con resultados desiguales.

Lo singular de Milei es la explicitud de su formulación ideológica. Su gobierno combina un fuerte alineamiento occidental con una confianza extraordinaria en el mercado como organizador del desarrollo. Por eso Malvinas expone con tanta claridad las contradicciones de su programa. Si la soberanía requiere poder, entonces necesita industria, tecnología, infraestructura y Defensa; y si esas capacidades no aparecen espontáneamente por mecanismos de mercado, el Estado debe establecer prioridades estratégicas.

Sus defensores pueden señalar correctamente la compra de F-16, el impulso a la Base Naval Integrada y las medidas contra Sea Lion. Esos hechos existen y deben incorporarse al análisis. Pero sólo adquirirán verdadero sentido si forman parte de una estrategia coherente. Comprar aviones sin construir sostenimiento, levantar infraestructura sin desarrollar industria naval o sancionar empresas mientras se carece de capacidad para afectar su financiamiento puede producir gestos relevantes pero insuficientes.

Milei deberá ser juzgado en materia de Malvinas no por la cantidad de veces que pronuncie la palabra soberanía, sino por las capacidades que deje instaladas. Si dentro de una década la Argentina posee mejores Fuerzas Armadas, industria de Defensa fortalecida, mayor autonomía tecnológica, infraestructura austral robusta y un sistema científico estable, podrá hablarse de transformación. Si sólo quedan discursos, inversiones extractivas y una relación cada vez más dependiente respecto de aliados poderosos, la nueva retórica habrá terminado integrada a la vieja estructura.

Conclusión. La soberanía no se recibe prestada

La recuperación democrática de 1983 constituye una conquista histórica irrenunciable. Pero democracia y soberanía material no son conceptos idénticos. La democracia responde a la pregunta acerca de quién gobierna y mediante qué legitimidad. La soberanía material pregunta cuánto puede decidir ese gobierno sin depender de autorizaciones, recursos o capacidades controladas desde el exterior.

Durante más de cuatro décadas la Argentina atravesó políticas profundamente diferentes, pero no logró sostener una gran estrategia continua. Hubo importantes avances científicos, tecnológicos e industriales, junto con privatizaciones, endeudamiento, degradación militar y pérdida de capacidades. La constante fue la discontinuidad. Los Estados que piensan estratégicamente planifican durante generaciones; la Argentina suele reiniciarse cada pocos años.

Malvinas funciona, por eso, como una radiografía del Estado argentino. Allí aparecen simultáneamente la fortaleza de nuestros argumentos jurídicos y la debilidad de nuestras capacidades materiales; la continuidad del reclamo y la discontinuidad de las políticas; la memoria territorial y la insuficiencia de la presencia marítima. Cada vez que la cuestión se examina seriamente terminan apareciendo los mismos elementos: astilleros, puertos, siderurgia, energía, radares, satélites, investigación científica, marina mercante, Fuerzas Armadas y logística antártica.

Construir poder no significa preparar una guerra. La Constitución argentina y el derecho internacional establecen una solución pacífica. Precisamente por eso resulta indispensable disponer de capacidades económicas, diplomáticas, tecnológicas y militares. Un Estado fuerte posee más herramientas pacíficas para negociar. Una Nación débil depende en mayor medida de la voluntad de otros.

Milei acierta al señalar que “un país pobre y sin Fuerzas Armadas, difícilmente puede avanzar de forma efectiva en sus reclamos soberanos”. Pero llevar esa premisa hasta sus últimas consecuencias obliga a ampliar su propia concepción del desarrollo: si la soberanía requiere poder nacional, la prosperidad no puede medirse únicamente por el equilibrio fiscal, el crecimiento o la captación de inversiones. Debe expresarse también en capacidad industrial, tecnológica, científica, energética, logística y militar, porque son esos instrumentos los que transforman la soberanía jurídica en capacidad efectiva de decisión.

La Argentina necesita relacionarse simultáneamente con Estados Unidos, China y Europa, pero debe encontrar principalmente en América del Sur su espacio inmediato de articulación estratégica, sin convertir a ninguna potencia en garante o protector de sus intereses. La autonomía supone capacidad de decisión y diversificación de vínculos. Una gran estrategia nacional no consiste en escoger de quién depender, sino en ampliar los márgenes de maniobra hasta impedir que un solo actor externo disponga de capacidad suficiente para condicionar decisiones esenciales de la Nación.

La soberanía empieza mucho antes del discurso presidencial. Comienza en el astillero, en la fábrica, en la universidad, en el laboratorio, en el radar y en el puerto patagónico. Continúa en el satélite, en la base antártica, en la marina mercante y en la capacidad financiera necesaria para sostener políticas durante décadas. Solamente después aparece en una cadena nacional.

Las lecciones de la Lexington, de 1833 y de 1982 mantienen una incómoda continuidad: ninguna potencia organizará espontáneamente su política exterior para satisfacer los intereses argentinos. Puede acompañarlos mientras coincidan con los propios y abandonarlos cuando dejen de hacerlo. Esperar algo diferente constituye irresponsabilidad estratégica.

Una Argentina soberana no debe preguntarse quién será su protector. Debe preguntarse qué obtiene estructuralmente de cada relación y qué conserva bajo control propio. El verdadero indicador de autonomía será la capacidad para mantener abiertas distintas opciones y negar a cualquier potencia extranjera la posibilidad de convertirse en indispensable.

La democracia colonial se supera precisamente allí: cuando la legitimidad política se transforma también en capacidad material. No requiere menos democracia, sino una democracia respaldada por industria, ciencia, tecnología, Defensa, energía e infraestructura. Después de casi dos siglos de controversia, la Argentina no necesita demostrar una vez más que posee razones históricas y jurídicas sobre Malvinas. Esas razones existen y están documentadas. El desafío consiste en construir capacidades capaces de acompañarlas. Porque la soberanía no se recibe prestada.