Malvinas en la dictadura

¿Malvinas fue sólo una locura de la dictadura genocida? En este artículo, una respuesta posible

Por Juan Facundo Besson

La guerra de Malvinas no fue un relámpago extraviado en el cielo negro de la dictadura ni la extravagancia súbita de un puñado de generales borrachos de destino y trascendencia. Pero tampoco fue, como quiso fijar cierta pedagogía escrupulosa de la transición, un objeto tan contaminado por el barro del régimen que sólo podía tocarse con pinzas, desinfectarse con distancia moral y guardarse en una vitrina para que la democracia recién nacida no se manchara con su contacto. Allí comenzó una de las operaciones más eficaces de la posguerra argentina: condenar con justicia el terrorismo de Estado y, al mismo tiempo, desprender a Malvinas de su espesor histórico, de la larga duración del reclamo soberano, de la disputa geopolítica por el Atlántico Sur y de la experiencia concreta de quienes combatieron. A ese procedimiento se lo llamó desmalvinización, y no fue una simple deriva cultural ni un capricho del comentario público, sino una auténtica tecnología política de la memoria: una forma de volver administrable un conflicto que desbordaba los marcos apacibles del “nuevo consenso democrático”. La democracia necesitaba distinguirse de los uniformes; el problema fue que, en demasiados pasajes, terminó distinguiéndose también de Malvinas.

La primera verdad no admite regateos: la decisión del 2 de abril de 1982 fue adoptada por una dictadura cívico-militar responsable de desapariciones, torturas, fusilamientos clandestinos, persecución política y destrucción sistemática del tejido sindical, universitario y social argentino.

Hay una segunda verdad que también debe permanecer intacta: el reclamo argentino sobre las islas no nació con Galtieri, no fue inventado por Anaya, no fue redactado por Costa Méndez y no murió con el cese al fuego del 14 de junio. La usurpación británica de 1833 había sido objeto de protesta constante, y la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció en 1965 la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, exhortando a ambas partes a negociar atendiendo a los intereses de los habitantes de las islas, no a una autodeterminación abstracta convertida después en coartada colonial (Erlich, 2015). Ese dato arruina dos relatos cómodos: el británico, que pretende clausurar la cuestión bajo una pátina jurídica impropia, y el de cierta intelligentsia local que prefiere fingir que en 1982 sólo hubo un desvarío de cuartel sin raíces históricas ni densidad internacional.

Para entender por qué Malvinas ocurrió como ocurrió hay que volver a la Argentina que la dictadura construyó desde 1976: una Argentina disciplinada a sangre y fuego para hacer posible una transformación económica de gran calado. El programa de José Alfredo Martínez de Hoz desarmó núcleos centrales de la estructura productiva, desplazó el eje de acumulación hacia la valorización financiera, liberalizó el sistema bancario, abrió indiscriminadamente la economía y disparó un endeudamiento externo feroz (Basualdo, 2006; Ferrer, 2004). La deuda pública, que rondaba los 7.000 millones de dólares a mediados de los setenta, superaba los 40.000 millones hacia 1982, en un proceso ligado a fuga de capitales, bicicleta financiera y estatización de pérdidas privadas, coronado por mecanismos como los seguros de cambio y la posterior socialización de pasivos desde el Banco Central (Rapoport, 2020). La dictadura que prometía orden fabricó, en realidad, una mezcla bastante más prosaica y brutal: terror para abajo, renta para arriba y deuda para todos. Mientras secuestraba a delegados, obreros y estudiantes, extendía una alfombra para que grandes grupos económicos hicieran negocios extraordinarios. El Proceso no fue, por tanto, una mera respuesta autoritaria al caos, sino la condición política de una refundación económica favorable al gran capital y a su inserción subordinada en la economía mundial.

Esa mutación estructural no fue ajena a la lógica de la Guerra Fría ni a la Doctrina de la Seguridad Nacional. El anticomunismo funcionó como lenguaje legitimador de proyectos de disciplinamiento interno y subordinación externa, ofreciendo una coartada ideológica para desmantelar capacidades nacionales y reorientar la vida estatal hacia prioridades funcionales al orden occidental. La Argentina de la Junta no fue sólo una dictadura represiva: fue también un laboratorio de dependencia modernizada, un país empujado a abandonar densidad industrial y márgenes de autonomía internacional para convertirse en una pieza más dócil dentro de la arquitectura financiera occidental. Pero ese proceso no comenzó en el vacío ni sin resistencias: durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón persistieron tensiones concretas con el Reino Unido en torno a Malvinas, en un contexto en el que la política exterior argentina todavía conservaba márgenes de afirmación soberana. No es casual que el propio Informe Franks –elaborado por el gobierno británico tras la guerra– identificara ese período como un obstáculo en la consolidación de los intereses británicos en el Atlántico Sur, señalando implícitamente que la Argentina previa al colapso institucional no era un actor plenamente alineado ni previsible para Londres. La ruptura del orden constitucional en 1976 no sólo inauguró el terrorismo de Estado: también desarticuló una política exterior con mayores niveles de autonomía. El resultado fue un Estado menos apto para articular desarrollo, defensa y proyección internacional, precisamente cuando el Atlántico Sur empezaba a adquirir mayor relevancia por su dimensión estratégica, sus rutas marítimas, su riqueza pesquera y las expectativas hidrocarburíferas señaladas por estudios técnicos británicos (Blinder, 2018).

Cuando 1981 llegaba a su fin, el régimen exhibía costuras reventadas. La crisis financiera, la escasez de divisas, la recesión, la caída de los salarios y las disputas internas entre las Fuerzas Armadas erosionaban su capacidad de conducción estratégica. El movimiento obrero, pese a la represión, había retomado la iniciativa en las calles, con acciones cada vez más visibles y masivas, recordando que la dictadura no había logrado extirpar del todo la centralidad sindical en la vida nacional. La protesta del 30 de marzo de 1982 dejó al desnudo a un régimen que empezaba a resquebrajarse y a una sociedad que, después de años de terror, volvía a ocupar la calle. Apenas dos días más tarde, la recuperación de Malvinas alteró de manera brusca ese escenario: no disipó la crisis, pero la cubrió con un signo que venía de mucho más atrás que la dictadura. El clamor popular que se expresó entonces no fue adhesión al régimen, ni puede leerse como un respaldo político a sus responsables, sino como la irrupción de una causa histórica profundamente arraigada en la conciencia nacional. Malvinas no era una consigna coyuntural: era –y sigue siendo– la punta de lanza de una disputa más amplia, persistente, contra una presencia colonial y semicolonial que la Argentina nunca dejó de impugnar. La Junta no creó ese sentimiento; lo capturó en un momento de debilidad propia. Y esa diferencia es decisiva: permite comprender que lo ocurrido no fue pura manipulación ni tampoco una espontaneidad ingenua, sino la convergencia entre una demanda histórica legítima y su utilización por un poder en retirada.

En el interior del régimen, la salida militar no fue una ocurrencia improvisada del fin de semana. La transición de Viola a Galtieri estuvo atravesada por enfrentamientos internos y por la consolidación de una tendencia guerrerista que, tras haber ejercido violencia sistemática contra el “enemigo interno”, volvió la mirada hacia una hipótesis de conflicto externo (Canelo, 2004). Jorge Isaac Anaya, desde la Armada, fue uno de los principales impulsores de esa orientación. No se trató apenas de una pulsión romántica, sino de una apuesta estratégica y corporativa: Malvinas ocupaba un lugar central dentro de la agenda naval y era percibida como un bien político de gran valor dentro de la interna castrense. La incorporación del Reino Unido como hipótesis de conflicto dentro del sistema productor de inteligencia estratégica fue tardía y deficiente, y la creación de ámbitos de trabajo para planificar la recuperación de las islas no alcanzó a compensar la falta de maduración prospectiva ni la escasa articulación entre inteligencia, diplomacia y planeamiento militar (Bartolomé, 2020). El Informe Rattenbach fue terminante: hubo errores graves de apreciación sobre la voluntad británica de responder militarmente, sobre la capacidad argentina para disuadir diplomáticamente y sobre la coordinación inter-fuerzas necesaria para sostener el conflicto (Rattenbach, 1983).

La figura de Galtieri fue importante, pero no suficiente para explicar el cuadro. El retrato del general fanfarrón y borracho sirve para la caricatura, no para la historia. Galtieri fue el rostro político de la aventura, el hombre que creyó –o quiso creer– que la afinidad anticomunista con Estados Unidos le abriría un margen de maniobra. Pero junto a él estuvo Nicanor Costa Méndez, cuya lectura del sistema internacional reveló hasta qué punto la ideología puede deformar el cálculo estratégico. La cooperación argentina en Centroamérica, la retórica occidentalista y la pertenencia imaginada al bloque atlántico alimentaron la expectativa de una neutralidad norteamericana o, al menos, de una mediación favorable (Bartolomé, 1992). Fue un error de proporciones históricas: la OTAN pesó más que el TIAR, la alianza anglo-estadounidense resultó más sólida que cualquier sentimentalismo hemisférico, y Washington terminó brindando apoyo logístico e inteligencia decisivos al Reino Unido. La Junta confundió afinidad ideológica con convergencia estructural de intereses. La Guerra Fría, que creía tener de su lado, terminó mostrándole la puerta de salida.

En el plano internacional, el conflicto no puede desligarse de la reconfiguración estratégica del Atlántico Sur. El Informe Shackleton recomendaba un desarrollo económico intensivo de las islas, mientras antecedentes técnicos como el informe Griffiths señalaban el potencial hidrocarburífero de la zona. Malvinas no era apenas una roca sentimental en medio del océano: era un enclave con valor militar, económico y geopolítico. Desde allí se proyectan intereses hacia la Antártida, se controlan rutas y se afianzan capacidades sobre recursos pesqueros e hidrocarburíferos. El Reino Unido leía ese tablero con frialdad imperial. La Argentina, en cambio, llegaba al conflicto con un aparato estatal debilitado, con su densidad industrial erosionada y con menor autonomía tecnológica y estratégica, precisamente por el rediseño económico impulsado por la propia dictadura. El gesto soberanista se desplegó, así, desde un suelo material cada vez más precario.

La respuesta británica fue un prodigio de eficacia militar y teatralidad moral. Thatcher envolvió la operación en el lenguaje de la legalidad internacional y de la defensa de la democracia, como si la Task Force que zarpaba hacia el Atlántico Sur no estuviera destinada a conservar un enclave colonial sino a reeditar, en miniatura y con pretensión épica, la lucha contra los totalitarismos del siglo XX. Esa ficción funcionó con notable eficacia en el Parlamento, en la prensa y en el orgullo británico herido. Londres aparecía del lado luminoso de la historia; Buenos Aires, del de la agresión irracional. La ironía es que ese discurso civilizatorio convivía sin mayores problemas con las relaciones británicas con otras dictaduras del Cono Sur y con la colaboración chilena durante el conflicto (Livingston, 2018). Thatcher no estaba defendiendo una abstracción democrática: estaba salvando una posición imperial, reanimando su liderazgo interno y recordándole al mundo que el Reino Unido seguía sabiendo moverse, cuando se trataba de intereses estratégicos, con la vieja determinación de las potencias coloniales.

La guerra en sí misma tampoco soporta la lectura binaria entre gesta pura y fracaso grotesco. Como subrayó el historiador oficial británico Freedman, los ataques argentinos representaron uno de los desafíos más severos enfrentados por la Royal Navy desde la Segunda Guerra Mundial (Freedman, 2005). Las operaciones aéreas argentinas, el daño infligido a buques británicos y el compromiso de amplios sectores combatientes impiden reducir la campaña a una mera sucesión de ineptitudes (Bartolomé, 2020). Pero ese desempeño táctico no alcanzó para revertir una asimetría tecnológica, logística y de inteligencia que la Argentina no estaba en condiciones de compensar, ni con la ayuda del Perú. La superioridad británica en reabastecimiento, guerra electrónica, capacidades satelitales de los EEUU y apoyo externo de la Chile de Pinochet terminó inclinando el resultado. El heroísmo individual no redime a la Junta; la criminalidad de la Junta no borra el heroísmo individual. Parece una obviedad, pero en la Argentina esa obviedad todavía cuesta: la guerra sigue demasiado a menudo aprisionada entre la épica de yeso y la vergüenza ilustrada.

El cese del fuego, no la derrota, del 14 de junio precipitó la caída final del régimen, pero abrió una batalla más larga y más sutil: la del sentido. La guerra quedó asociada rápidamente en el discurso público al “último acto” de la dictadura, y ese desplazamiento simbólico produjo efectos duraderos (Carbone, 2005). La desmalvinización se convirtió entonces en una forma de administración del pasado: separó la legitimidad histórica del reclamo de la guerra concreta y rebajó la cuestión Malvinas a expediente diplomático, a asunto protocolar, a liturgia periódica de cancillería sin densidad popular ni proyección estratégica (Oliva, 2006; Ramos, 1982). Guber lo formuló con precisión: Malvinas es en la Argentina una guerra hipermoralizada, una guerra sobre la que no queremos saber demasiado porque complejizarla implica mezclar signos, revisar responsabilidades y salir del cómodo esquema del más y el menos (Guber, 2023). La desmalvinización penetró como la bruma isleña: no a los gritos, sino filtrándose por todos los intersticios de una comunidad disociada, una sociedad que todavía lucha por no olvidar del todo aquello que alguna vez fue capaz de pensar como destino colectivo.

Los veteranos llevaron en sus cuerpos y en sus vidas el peso más silencioso de aquella operación: el reconocimiento estatal llegó tarde, fragmentario y burocrático, incapaz de estar a la altura de lo vivido, pero sería injusto reducir su historia a esa demora, porque antes de que el Estado se dignara a verlos existió otro reconocimiento, más humilde y más verdadero, el del pueblo llano, que comenzó en la intimidad de la familia y los amigos y se fue expandiendo en los barrios, en las escuelas, en las peñas, en las plazas y en las canchas, donde muchos ex soldados combatientes encontraron su primer abrazo sincero; una parte importante de la sociedad supo reconocer, con más honestidad que no pocos gestores de un orden semicolonial, que habían vuelto de las islas como héroes, aunque ese reconocimiento no llegó a tiempo para todos y algunos quedaron atrapados en el silencio y la intemperie hasta un desenlace irreversible; ese reconocimiento popular –imperfecto pero genuino– fue muchas veces más real que las ceremonias oficiales posteriores, aunque convivió con otra forma de reducción simbólica, la de los “chicos de la guerra”, que al mismo tiempo que preservaba una inocencia moral terminaba fijando a muchos veteranos en una minoridad persistente, dificultando su pleno reconocimiento como sujetos históricos y políticos de una experiencia que la Argentina aún no termina de asumir en toda su complejidad (Guber, 2023).

La transición democrática enfrentó desafíos reales y enormes, pero eso no obliga a canonizar cada una de sus respuestas. Durante el alfonsinismo la cuestión Malvinas fue desplazada hacia un casillero diplomático cada vez más estrecho, mientras la nueva democracia lidiaba con la deuda, con una economía devastada y con unas Fuerzas Armadas todavía capaces de condicionar la escena. La prioridad de la consolidación democrática formal tendió a relegar la dimensión geopolítica y disuasiva del Atlántico Sur. Y cuando la prudencia se volvió arquitectura, aparecieron compuertas jurídicas bajadas con la esperanza de que el pasado dejara de circular. No fue olvido pleno; fue algo quizá más eficaz y más triste: un olvido administrado.

Por eso conviene desconfiar de la frase tranquilizadora según la cual “Malvinas fue sólo una locura de la dictadura”. No porque la dictadura no haya sido una maquinaria criminal –lo fue–, sino porque esa fórmula sirve demasiado bien a demasiados intereses. Le sirve al colonialismo británico, que se desprende así de la historicidad de la disputa. Le sirve a ciertos sectores de la cultura política local, que prefieren una democracia sin preguntas incómodas sobre soberanía, pueblo, defensa, industria y dependencia. Y le sirve también a una comunidad herida que, frente a un nudo complejo, prefiere la moraleja fácil antes que la verdad; por eso es necesario asumir que aún queda mucho por malvinizar, porque la causa no está cerrada y empieza a revivir, con nueva fuerza, en las generaciones más jóvenes. Malvinas exige otra clase de lectura: una que reconozca al mismo tiempo la ilegitimidad de la Junta, la legitimidad de la causa, la densidad estratégica del Atlántico Sur y la necesidad de pensar la guerra con rigor histórico, jurídico, geopolítico y cultural. Porque, en el fondo, Malvinas sigue siendo una prueba de madurez nacional, en tanto punta de lanza de la que puede armarse la Patria. Allí se cruzan colonialismo, soberanía, dependencia financiera, memoria, pueblo, guerra, Estado y democracia. Reducir ese nudo a una moraleja escolar es una forma elegante de no entender nada. Y la Argentina, que ha pagado demasiado caro las simplificaciones, no debería seguir dándose ese lujo.

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Bibliografía

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